La reforma laboral facilitará los ERE en las administraciones públicas
La entrada en vigor de la reforma laboral supondrá que se puedan generalizar los despidos en el sector público ya que no será necesario en la práctica llegar a acuerdos con los representantes sindicales en una relación de puestos de trabajo (rpt).
El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, incorpora una Disposición adicional segunda que admite la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público.
"Concurren causas económicas cuando se produzca en aquellos entes, organismos y entidades una situación de insuficiencia presupuestaria («sobrevenida y persistente», exige el Decreto-Ley) para la financiación de los servicios públicos correspondientes, explica en su blog el síndico de Cuentas Antonio Arias.
¿Cuándo es persistente la insuficiencia presupuestaria? "La propia disposición contiene también la respuesta: cuando se produce durante tres trimestres consecutivos, en una definición similar al despido privado: reducción de ventas tres trimestres seguidos. Ciertamente, esto es algo más concreto que las otras dos causas de justificación mencionadas".
Además, se entiende que concurren causas técnicas "cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas y en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público". "Está claro que la redacción alcanza, como mínimo, a la transformación de la gestión de la prestación del servicio precedida de despidos para evitar la obligada subrogación del personal", prosigue Arias.
Para la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), "el Gobierno ha vuelto a lanzar un ataque frontal al sector público y a sus empleados con una reforma laboral impuesta por decreto ley. Esta reforma (...) consagra legalmente los EREs en el sector público.
La FSP-UGT considera, tras un estudio del texto, que la reforma roza la inconstitucionalidad, ya que colisiona frontalmente con los principios constitucionales y es contrario a las estipulaciones legales recogidas en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de aplicación no sólo a los funcionarios públicos, sino también al personal laboral.
El sindicato denuncia en un comunicado que "el Gobierno debería haber convocado la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, pues supone un cambio radical en la situación profesional del personal laboral del conjunto del sector público. Está claro que el actual Gobierno va a sustituir el Diálogo Social por unas políticas de hechos consumados".
Proliferación de despidos
La proliferación de despidos colectivos durante las próximas fechas aumentará, explica el sindicato. "Los despidos que se lleven a cabo deberán ser, prácticamente en todo caso, extintivos, no siendo posibles los suspensivos o de reducción de jornada".
"La destrucción de empleo público, la amortización de plazas y el despido de interinos y temporales se va a ver incrementada con esta medida, lo que incidirá muy directamente en la calidad y cantidad de los servicios que se prestan".