Decisiones del Tribunal Supremo en relación al cártel de camiones

Entre el 12 y 14 de junio de 2023, se tomaron decisiones significativas por parte de la sala 1ª del tribunal Supremo (TS) en relación con el cártel de camiones. Se resolvieron 15 recursos de casación, estableciendo criterios claros sobre cuestiones tanto procesales como sustantivas. Estas decisiones tienen como objetivo proporcionar seguridad jurídica y armonizar la interpretación del derecho nacional.

Se emitieron varias sentencias durante esos días, y se destacó que las decisiones tomadas en relación con el cártel de camiones podrían ser aplicables, en ciertos aspectos, al cártel de coches. Algunas de las cuestiones clave abordadas en estas sentencias incluyen:

Legitimación pasiva: Se examinó la posición de la empresa CNHI, que formaba parte del grupo empresarial que comercializaba camiones Iveco en España. Se determinó que CNHI tenía legitimación pasiva como sucesora de Fiat SpA, basándose en decisiones previas del tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Acreditación del daño: Se discutió la influencia de las decisiones de la comisión sobre prácticas anticompetitivas. Se subrayó la importancia de revisar el contenido y alcance de estas decisiones para determinar el daño.

Valoración del daño: Se estableció que, para evaluar el daño causado por el cártel y calcular la indemnización adecuada, es crucial considerar un escenario hipotético sin la práctica anticompetitiva.

Inicio del devengo de intereses: Se determinó que los intereses comenzarían a acumularse desde la fecha de compra del vehículo.

Prescripción de la acción: Hubo un debate sobre si aplicar el artículo 1902 del código Civil o la directiva 2014/104/UE. Se concluyó que el plazo de prescripción sería de cinco años desde la fecha de publicación de la decisión en el diario Oficial de la Unión Europea.

En conclusión, las decisiones tomadas por el TS en relación con el cártel de camiones establecen precedentes significativos en áreas como legitimación, acreditación de daños, valoración de daños, intereses y prescripción de acciones. Estas decisiones son esenciales para garantizar una interpretación coherente y uniforme del derecho nacional en casos similares.