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La indemnización de Amusátegui puede condenar a Botín
A la jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios le llaman "La Garzona". Suena mal, pero es un homenaje de admiración a una magistrada que trabaja tanto como Baltasar Garzón, ese ídolo de los desheredados de la fortuna. Palacios trabaja mucho, habla poco, no tiene cola que le pisen y está dispuesta a juzgar tanto al villano como al señor. Contra el parecer del fiscal, Palacios decidió el lunes 20 que las indemnizaciones de Corcóstegui y Amusátegui sí eran delito y que, por tanto, cabía abrir juicio oral contra el ex presidente, el ex consejero delegado y el actual presidente del SCH, Emilio Botín, en calidad de imputados. Recuerden que Botín también ha sido imputado por la misma jueza como máximo responsable de las famosas cesiones de crédito.
Ahora bien, aunque el sumario continúa adelante (el SCH, en una nueva muestra de torpeza, quizás asesorado por el ínclito Matías Cortés, ha decidido recurrir el auto), lo cierto es que no puede compararse el caso de Corcóstegui con el de Amusátegui, a pesar de que el primero cobrara 110 millones de euros, mientras que el segundo sólo 44.
Y es que Corcóstegui cobró una pensión, sólo que de una sola tacada. Se le hizo un estudio actuarial y como el consejero delegado sólo tenía 50 años la cifra de la pensión vitalicia produce ese resultado... electrizante. Ahora bien, Corcóstegui ya no cobra nada de SCH. Lo único que puede discutirse es por qué se modificó su pensión tras la marcha de Amusátegui y cuando todo parecía llamarle al relevo. Es decir, por qué se cambio la frase "en caso de que me echen" por la de "en caso de que me marche voluntariamente". Porque esto es lo que ocurrió.
Ahora bien, lo Amusátegui es pecuniariamente menos llamativo, pero jurídicamente más peligroso para Botín. En otras palabras, Amusátegui cobró 44 millones de indemnización por marcharse cinco meses antes de lo previsto, dado que Botín se obsesionó con echarle. Amusatégui, además de esos 44 millones de euros, percibe del SCH una pensión vitalicia de más de cuatro millones de euros anuales, además de una segunda pensión, que supera el medio millón de euros anuales, en calidad de ex presidente de Unión Fenosa. Ahora preside la Fundación del banco, lo que representa un plus y unas cuantas ventajas más.
La pensión es vitalicia, y puede ser heredada por su esposa. Pero es legal, la cobran los antiguos consejeros del banco, y equivale (no siempre, sólo casi siempre) a su sueldo en activo, sólo que de por vida. Ahora bien, donde los abogados de la acusación, con Rafael Pérez Escolar al fondo, golpean es en la indemnización. El argumento es muy sencillo: Usted, señor Botín, no supo esperar seis meses a que Amusátegui se jubilara sin derecho a indemnización alguna (aunque sí a pensión). Es decir, a usted le entraron las prisas por ser el presidente único, y su ambición le ha costado a los accionistas del banco la bonita cantidad de 44 millones de euros. Usted, pues, ha cometido delito societario.
En cualquier caso, algún día habrá que empezar a considerar, de forma muy hegeliana, que las diferencias de grado acaban por ser diferencias de naturaleza. En otras palabras, que por muy legales que sean las indemnizaciones de altos cargos (especialmente la de Corcóstegui) existe un sentido de la proporción, especialmente en un banco que ha prejubilado a 10.000 trabajadores en diez años y que, ahora mismo, tiene paralizado el convenio del sector porque se niega a subir salarios y a que los trabajadores libren en sábado. Parece excesivo, ¿no?