FERNANDO ESTEVE MORA
Me imagino que habrá una bien establecida lógica jurídica por debajo un principio del derecho como es el de la presunción de inocencia de los reos. No la conozco: no es de mi oficio. Lo que sí que puedo aducir es una lógica económica que lo sustenta de igual manera.
Es muy simple. Reza así: dada la pequeñez del individuo frente a los poderes policiales y fiscales del Estado, cabe presumir que su capacidad económica para alterar pruebas, comprar testimonios o sobornar a policías y a jueces es muy escasa por no decir enteramente irrelevante. De igual manera, también es mínima su capacidad para buscar pruebas que le exoneren y demuestren su inocencia. Por todo ello es racional económicamente que, en un entorno de incertidumbre, o sea, en situaciones donde la culpabilidad del individuo NO es evidente y NO está fuera de toda duda, que sea a la parte más fuerte en todo sentido, o sea, el Estado, a la que se le exija demostrar fehacientemente la culpabilidad del individuo acusado. Es decir, que el acusado -en caso de duda acerca de su real culpabilidad ha de beneficiarse de esa incertidumbre, de esa duda acerca de su culpabilidad, por lo que ha de presumirse de salida su inocencia, quedando para el Estado la obligación de demostrar su culpabilidad.
Pero, claro está, el anterior argumento sólo vale para los individuos, y de entre ellos, sólo para los individuos relativamente débiles económicamente, ya sean estos personas físicas o jurídicas (pequeñas y medianas empresas) . Obviamente, y por poner un caso extremo nada de la argumentación económica precedente tendría la menor validez, sentido y relevancia en el caso de que fuera un Elon Musk o cualquier otro de su especie económica ( esos monstruosos seres económicos sobrehumanos) quien fuese acusado. Y no es necesario remontarse tan arriba en la cadena trófica de la explotación, A partir de un determinado nivel a decidir (¿diez veces la riqueza individual media?) tampoco debería valer la argumentación económica en favor de la presunción de inocencia por lo que no debería tampoco ser de aplicación para grandes ejecutivos y directores de empresas.
De igual manera, nada de la argumentación económica que sustenta el beneficio de la duda y la presunción económica tiene la menor aplicación en el caso de las personas jurídicas ricas, o sea, grandes empresas oligopolísticas de los sectores financiero, farmacéutico, militar, energético, agroalimentario, automovilístico, inmobiliario, etc., etc.
Y es que todos estos actores (millonarios, directivos de las empresas, grandes corporaciones...) tienen sobrada capacidad económica para alterar pruebas, comprar testigos, sobornar policías y jueces, e incluso, comprar parlamentarios y legisladores para que redacten y aprueben leyes que jueguen a su favor. Es por ello raro, muy raro, que alguna vez los ricos, ya sean personas físicas o jurídicas pasen por los jugados, y aún más raro que si lo hacen sean condenadas por sus obvios desmanes, y ya lo que nunca se ha visto es que la condena en el improbable caso de que alguna vez hayan sido condenados les suponga un castigo superior al beneficio que les supuso la infracción que cometieron: obsérvese que siempre, siempre, las multas a las empresas por delitos ecológicos o contra la salud pública que son los únicos casos que a veces saltan a los medios de comunicación por ser condenadas son siempre, siempre, muy inferiores a los beneficios que esas empresas o sus dirigentes obtuvieron por sus delitos.
El resultado de todo ello está ahí a la vista de cualquiera que quiera verlo: el delito en el mundo de los ricos y en el mundo empresarial de medio y alto nivel siempre rinde, y en consecuencia cabe concluir que esos mundos son criminógenos, fomentan el delito, producen delincuentes. El sistema judicial colabora en ello no proporcionando los incentivos negativos en forma de penas y castigos adecuados, pues, de salida, la presunción de inocencia NO debería de ser de aplicación para este tipo de actores. ¿Hay que extrañarse, entonces,. de la increíble sucesión de engaños, agresiones y violencia contra los individuos y pequeñas empresas, estafas, destrozos ecológicos, fraude fiscal, explotación laboral, etc. que definen el capitalismo de los grandes ricos y las grandes empresas de hoy?
Lo económicamente racional aquí sería que rigiese para todos ellos el principio opuesto al de la presunción de inocencia, o sea, el de presunción de culpabilidad . Es decir, que para este tipo de "gentes" no se aplicase el "beneficio de la duda" sino que, en caso de duda, fuesen considerados -de salida- culpables de modo que debiesen dedicar algunos de sus muchos recursos a tratar de demostrar su inocencia. No corregiría enteramente esta propuesta el sesgo judicial a favor de los muy ricos. No sería enteramente eficaz ni mucho menos pues con sus recursos podrían seguir comprando testimonios y falsificando pruebas para apuntalar su inocencia, pero algo atenuaría ese sesgo. Pero, claro está, ni aún tan moderada como es esta propuesta tendría la menor opción de prosperar: es obviamente utópica, Nunca "ellos" dejarían que pudiese ir adelante. Lo máximo que podemos hacer es aplicarla en nuestro fuero interno, para nosotros mismos. Es lo que yo (me) hago: cada vez que me entero de un caso en que está implicado un "poderoso", para mí de salida es culpable. Y más que clara deberá ser su consiguiente y habitual exoneración por parte del sistema judicial oficial, para que yo también le absuelva.
Pero dado que así son las cosas, la implicación de lo dicho es que no nos debemos echar las manos a la cabeza la próxima vez que nos enteremos que, de nuevo, una vez más sucede otra vez lo mismo que ya pasó con la crisis de los opiodes, la burbuja de las subprime, la estafa de las punto.com, el rescate de los bancos, y demás escándalos que sucedieron sin que nadie pagara adecuadamente por los daños que cometieron quienes se beneficiaron por ellos. No son casos puntuales o anecdóticos. su repetición responde a un patrón, a una lógica: la lógica del sistema.
Me imagino que habrá una bien establecida lógica jurídica por debajo un principio del derecho como es el de la presunción de inocencia de los reos. No la conozco: no es de mi oficio. Lo que sí que puedo aducir es una lógica económica que lo sustenta de igual manera.
Es muy simple. Reza así: dada la pequeñez del individuo frente a los poderes policiales y fiscales del Estado, cabe presumir que su capacidad económica para alterar pruebas, comprar testimonios o sobornar a policías y a jueces es muy escasa por no decir enteramente irrelevante. De igual manera, también es mínima su capacidad para buscar pruebas que le exoneren y demuestren su inocencia. Por todo ello es racional económicamente que, en un entorno de incertidumbre, o sea, en situaciones donde la culpabilidad del individuo NO es evidente y NO está fuera de toda duda, que sea a la parte más fuerte en todo sentido, o sea, el Estado, a la que se le exija demostrar fehacientemente la culpabilidad del individuo acusado. Es decir, que el acusado -en caso de duda acerca de su real culpabilidad ha de beneficiarse de esa incertidumbre, de esa duda acerca de su culpabilidad, por lo que ha de presumirse de salida su inocencia, quedando para el Estado la obligación de demostrar su culpabilidad.
Pero, claro está, el anterior argumento sólo vale para los individuos, y de entre ellos, sólo para los individuos relativamente débiles económicamente, ya sean estos personas físicas o jurídicas (pequeñas y medianas empresas) . Obviamente, y por poner un caso extremo nada de la argumentación económica precedente tendría la menor validez, sentido y relevancia en el caso de que fuera un Elon Musk o cualquier otro de su especie económica ( esos monstruosos seres económicos sobrehumanos) quien fuese acusado. Y no es necesario remontarse tan arriba en la cadena trófica de la explotación, A partir de un determinado nivel a decidir (¿diez veces la riqueza individual media?) tampoco debería valer la argumentación económica en favor de la presunción de inocencia por lo que no debería tampoco ser de aplicación para grandes ejecutivos y directores de empresas.
De igual manera, nada de la argumentación económica que sustenta el beneficio de la duda y la presunción económica tiene la menor aplicación en el caso de las personas jurídicas ricas, o sea, grandes empresas oligopolísticas de los sectores financiero, farmacéutico, militar, energético, agroalimentario, automovilístico, inmobiliario, etc., etc.
Y es que todos estos actores (millonarios, directivos de las empresas, grandes corporaciones...) tienen sobrada capacidad económica para alterar pruebas, comprar testigos, sobornar policías y jueces, e incluso, comprar parlamentarios y legisladores para que redacten y aprueben leyes que jueguen a su favor. Es por ello raro, muy raro, que alguna vez los ricos, ya sean personas físicas o jurídicas pasen por los jugados, y aún más raro que si lo hacen sean condenadas por sus obvios desmanes, y ya lo que nunca se ha visto es que la condena en el improbable caso de que alguna vez hayan sido condenados les suponga un castigo superior al beneficio que les supuso la infracción que cometieron: obsérvese que siempre, siempre, las multas a las empresas por delitos ecológicos o contra la salud pública que son los únicos casos que a veces saltan a los medios de comunicación por ser condenadas son siempre, siempre, muy inferiores a los beneficios que esas empresas o sus dirigentes obtuvieron por sus delitos.
El resultado de todo ello está ahí a la vista de cualquiera que quiera verlo: el delito en el mundo de los ricos y en el mundo empresarial de medio y alto nivel siempre rinde, y en consecuencia cabe concluir que esos mundos son criminógenos, fomentan el delito, producen delincuentes. El sistema judicial colabora en ello no proporcionando los incentivos negativos en forma de penas y castigos adecuados, pues, de salida, la presunción de inocencia NO debería de ser de aplicación para este tipo de actores. ¿Hay que extrañarse, entonces,. de la increíble sucesión de engaños, agresiones y violencia contra los individuos y pequeñas empresas, estafas, destrozos ecológicos, fraude fiscal, explotación laboral, etc. que definen el capitalismo de los grandes ricos y las grandes empresas de hoy?
Lo económicamente racional aquí sería que rigiese para todos ellos el principio opuesto al de la presunción de inocencia, o sea, el de presunción de culpabilidad . Es decir, que para este tipo de "gentes" no se aplicase el "beneficio de la duda" sino que, en caso de duda, fuesen considerados -de salida- culpables de modo que debiesen dedicar algunos de sus muchos recursos a tratar de demostrar su inocencia. No corregiría enteramente esta propuesta el sesgo judicial a favor de los muy ricos. No sería enteramente eficaz ni mucho menos pues con sus recursos podrían seguir comprando testimonios y falsificando pruebas para apuntalar su inocencia, pero algo atenuaría ese sesgo. Pero, claro está, ni aún tan moderada como es esta propuesta tendría la menor opción de prosperar: es obviamente utópica, Nunca "ellos" dejarían que pudiese ir adelante. Lo máximo que podemos hacer es aplicarla en nuestro fuero interno, para nosotros mismos. Es lo que yo (me) hago: cada vez que me entero de un caso en que está implicado un "poderoso", para mí de salida es culpable. Y más que clara deberá ser su consiguiente y habitual exoneración por parte del sistema judicial oficial, para que yo también le absuelva.
Pero dado que así son las cosas, la implicación de lo dicho es que no nos debemos echar las manos a la cabeza la próxima vez que nos enteremos que, de nuevo, una vez más sucede otra vez lo mismo que ya pasó con la crisis de los opiodes, la burbuja de las subprime, la estafa de las punto.com, el rescate de los bancos, y demás escándalos que sucedieron sin que nadie pagara adecuadamente por los daños que cometieron quienes se beneficiaron por ellos. No son casos puntuales o anecdóticos. su repetición responde a un patrón, a una lógica: la lógica del sistema.
