Repasando mi última entrada –no os quejéis, que no ha llovido tanto desde entonces-, compruebo con cierto pesimismo que los números que resumían la situación económica al final del 2011 han caducado bien rápido. El Gobierno ya no maneja datos de crecimiento pobre pero positivo sino previsiones de recesión sin paliativos y consecuencias inéditas para el empleo. Hemos pasado del goteo estadístico a los titulares sobre despidos masivos. Nadie abre la bocaza si no es para meter miedo, como si fuéramos a salir de la crisis apostando a lo peor. Medios, instituciones y lobbys varios aparecen perfectamente coordinados para boicotear cualquier conato de optimismo en el ambiente.

Tengo que reconocer que me gustó mucho el discurso de investidura de Rajoy. Entre toda aquella maraña de sinceridad y buenas intenciones el presidente se estrenaba pidiendo ayuda a la sociedad, como si fuera consciente de que el Gobierno no va a poder con la crisis y los ciudadanos tendrán que apañarse sus propias soluciones individuales sin contar ni con subsidios ni con créditos. Y no, no creo que haya que esperar nada ni de la Administración ni del sistema financiero, porque aquí el que paga (impuestos, comisiones, intereses) ni manda ni está en disposición de exigir nada. Me perdonáis el punto provocativo de esta afirmación pero es lo que hay: al sector público le toca reducir deuda pública y al sector financiero le corresponde hacer lo suyo con la deuda privada. Ni los unos pueden estimular nada ni los otros van a volver a dar un euro a crédito en años. Y los ciudadanos podemos y debemos aprender a vivir sin subvenciones y sin dinero prestado. En definitiva: aprender a ser libres.

Así que lo que ha pasado después del discurso de investidura, esto es, la subida del IRPF, el tema de las provisiones bancarias –reforma contable pero no financiera- y el refrito que previsiblemente nos van a cascar el viernes en materia laboral, me dejan un poco frío. No es que tuviera ninguna expectativa antes de las elecciones pero sí me da la impresión de que este Gobierno no se atreve ni a intervenir demasiado ni a desregular demasiado. Y esto que os puede parecer una simple valoración ideológica, tiene consecuencias para una sociedad que sí tiene ciertas esperanzas en que los grandes poderes vuelvan a tirar del carro. Empresarios que creen que algo les va a tocar en suerte y están retrasando contrataciones, acreedores cuya supervivencia depende de cobrar o no cobrar deudas, trabajadores que prefieren aplazar decisiones de gasto hasta la siguiente bajada de sueldo y/o racha de despidos, ahorradores que se dedican a mover el dinero de un lado para otro sin ideas para invertir a largo plazo. Hasta el momento, el Gobierno de Mariano Rajoy, el reformista, el amigo de la economía mixta y libre de ataduras ideológicas, está ejerciendo de perro del hortelano, porque ni come ni deja comer.

La última del Gobierno nos viene por las declaraciones de la Ministra de Empleo, dejando claro que lo del contrato único no va con ellos y desoyendo las propuestas bien fundamentadas de los expertos –me refiero a los académicos, no a los opinadores oficiales con máster-. Y encima apelando a la Constitución y a los convenios internacionales firmados al amparo de la OIT, tan sagrados para unas cosas y tan pisoteables para otras. Tengo que admitir que yo sí comprendo que haya alguna modalidad de contrato temporal para dar cobertura a necesidades que realmente son temporales pero una cosa es lo que yo opine y otra la cruda realidad: en España, los empresarios nunca utilizan las normas para el fin previsto. Emplean a eventuales para cubrir funciones permanentes, discriminan a trabajadores valiosos porque no pueden contratarles en prácticas, prefieren encadenar contratos temporales en lugar de aprovechar el período de prueba –que puede llegar hasta 6 meses y si el trabajador no lo supera, da lugar a un despido gratuito, sin más causa que la ineptitud- . Todo ello sin que los Juzgados de lo Social se colapsen con denuncias por fraude de ley. Así que me temo que la próxima reformita, en lugar de simplificar la telaraña normativa, va a tirar por generar nuevas reglas y, por supuesto, nuevas bonificaciones sujetas a nuevas trampas.

Reto al Gobierno a que me sorprenda el próximo viernes. A que apruebe unas reglas del juego sencillas, claras y fáciles de controlar. A que piense en las empresas y no en los que (mal)viven de ellas (me refiero tanto a trabajadores como a empresarios). A que empiece a apostar por el valor y por el mérito y se deje de falsos conceptos de igualdad y protección sectorial (esos que sólo funcionan a partir de cierto tamaño). A que explique a toda la sociedad que si un empresario no cuida de su empresa (incluidos sus trabajadores), no debe esperar que el crédito y el dinero público lo hagan por él.

En definitiva, reto al Gobierno a que me dé una sola razón para defender su nueva reformita en mi próxima entrada. Prometo no escatimar en elogios.

Hasta entonces, un saludo. 

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