Continuamente asistimos a la propuesta e implantación de toda clase de medidas supuestamente dirigidas a proteger a los trabajadores frente a los empresarios. Se suele pensar que de esta forma se reduce el beneficio del empresario en favor del trabajador, lo cual muchos consideran positivo.
Sin embargo esto no funciona. El gobierno no puede determinar los beneficios de los empresarios porque el mercado es muy tozudo. Pongamos un ejemplo. En un mercado ideal razonablemente equilibrado y estable pongamos que los beneficios de los empresarios para un determinado negocio son del 7% anual sobre el capital invertido. El mercado de capitales considera que ese beneficio no es ni alto ni bajo para el nivel de riesgo del negocio, por lo que ni entran ni salen competidores y la situación se mantiene estable.
Ahora supongamos que el gobierno introduce una medida que provoca una reducción de los beneficios del empresario hasta quedar en el 4%. ¿Qué ocurre a continuación? Pues que nadie invierte en ese negocio para sacar tan sólo un 4%. Como consecuencia de esa falta de inversión la competencia y la actividad se va reduciendo hasta que llega un momento en que se reactiva. ¿Cuándo? Pues cuando los beneficios vuelven a ser del 7%. O peor, cuando alcanzan el 8% porque el temor a que una nueva medida del gobierno vuelva a perjudicarles les hace exigir una mayor rentabilidad.
La situación final no es igual que la primera. Es mucho peor, pues para llegar a ella han tenido que salir competidores del mercado, con la consiguiente reducción de la actividad y pérdida de empleo y producción.
El gobierno no tiene capacidad para controlar los beneficios de los empresarios a largo plazo, a lo que debe limitarse es a garantizar un clima de estabilidad y confianza que lleve a los empresarios a aceptar menores rentabilidades antes de dejar de invertir, de modo que el nivel de actividad de equilibrio sea mayor.
Sin embargo esto no funciona. El gobierno no puede determinar los beneficios de los empresarios porque el mercado es muy tozudo. Pongamos un ejemplo. En un mercado ideal razonablemente equilibrado y estable pongamos que los beneficios de los empresarios para un determinado negocio son del 7% anual sobre el capital invertido. El mercado de capitales considera que ese beneficio no es ni alto ni bajo para el nivel de riesgo del negocio, por lo que ni entran ni salen competidores y la situación se mantiene estable.
Ahora supongamos que el gobierno introduce una medida que provoca una reducción de los beneficios del empresario hasta quedar en el 4%. ¿Qué ocurre a continuación? Pues que nadie invierte en ese negocio para sacar tan sólo un 4%. Como consecuencia de esa falta de inversión la competencia y la actividad se va reduciendo hasta que llega un momento en que se reactiva. ¿Cuándo? Pues cuando los beneficios vuelven a ser del 7%. O peor, cuando alcanzan el 8% porque el temor a que una nueva medida del gobierno vuelva a perjudicarles les hace exigir una mayor rentabilidad.
La situación final no es igual que la primera. Es mucho peor, pues para llegar a ella han tenido que salir competidores del mercado, con la consiguiente reducción de la actividad y pérdida de empleo y producción.
El gobierno no tiene capacidad para controlar los beneficios de los empresarios a largo plazo, a lo que debe limitarse es a garantizar un clima de estabilidad y confianza que lleve a los empresarios a aceptar menores rentabilidades antes de dejar de invertir, de modo que el nivel de actividad de equilibrio sea mayor.
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