Actualmente nos encontramos en una situación de modificación del marco fiscal español. Con estos cambios, puede generarse un cierto vacío que permita a algunos individuos actuar al margen de la legalidad. La Agencia Tributaria está poniendo cada vez más empeño en perseguir estas actuaciones fraudulentas.
Según la Memoria anual de la Agencia Tributaria de 2012, que publicó a finales de 2013, el organismo contaba con cerca de 27.000 empleados. El control presupuestario llevado a cabo por estos trabajadores tuvo un resultado directo para las arcas de la Agencia Tributaria de 11.517 millones de euros, mientras que el coste de dichos trabajadores fue de 1.291 millones de euros.
Observando los datos anteriores, es evidente, que la actuación de los inspectores de Hacienda es más que satisfactoria, ya que el rendimiento neto es de aproximadamente 10.226 millones de euros. No obstante, desde la Agencia Tributaria se piensa que aún existe margen para continuar persiguiendo el fraude fiscal.
El reto que se marca Hacienda es el de conseguir disminuir el fraude fiscal sin incrementar los costes. Para ello deben llevarse a cabo una serie de reformas en la Administración y en la manera de actuar de la Agencia Tributaria.
Centro informático del Estado
Es necesario que exista un Centro Informático del Estado que esté desarrollado de tal forma que cubra las necesidades de la Administración, para liberar a la Agencia Tributaria de tareas que no tienen que ver con los impuestos.
Uso de los medios telemáticos
Desde la Agencia Tributaria se le está dando mucha importancia al uso de los medios telemáticos, ya que, la relación de los contribuyentes con Hacienda es básicamente a través de Internet, con lo que la Agencia Tributaria debe contar con un soporte suficiente para que los medios no se colapsen y poder atender todas las actividades que realiza a través de Internet.
Nuevas empresas
El 17,7% de las empresas españolas tienen menos de 2 años de vida, la Agencia Tributaria debería llevar a cabo actuaciones preventivas en la lucha contra el fraude en las empresas desde el momento de su creación. El sistema tributario español es muy complejo, a veces es complicado de entender, otras veces puede favorecer, de algún modo, la existencia de sombras en las que se escondan ciertas empresas.
Es importante la reestructuración del sistema tributario para convertirlo en más sencillo, estable y fácil de entender. Unos impuestos más simples y neutrales ayudan a reforzar la seguridad jurídica y a disminuir los costes administrativos. Ya se han dado algunos pasos en este sentido con la creación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI).
A pesar de los intentos por mejorar la situación, el gran problema sigue siendo la dificultad para conciliar las actuaciones de los distintos órganos funcionales de la Administración.
Diferenciar distintos tipos de fraude
Dentro del concepto de fraude fiscal podemos encontrar entre pequeños errores, paraísos fiscales, fraudes organizados, etc. Debido a la gran variedad de posibilidades de actuaciones fraudulentas, cada una de estas modalidades de fraude debe tener un tratamiento diferente.
Actualmente, en España, el control del fraude es selectivo y está orientado a las modalidades de fraude más graves y con mayor riesgo. Este hecho no esta correctamente relacionado con la cultura empresarial española, sustentada en millones de autónomos y pymes.
Uniendo este epígrafe con el anterior, si desde hace unos años se hubiera actuado sobre las nuevas empresas, podría llevarse un control de la mayoría de las empresas españolas, ya que hay que tener en cuenta que las empresas con menos de 8 años de vida suponen el 50,6% de las empresas españolas y el 65,6% no supera los 12 años de vida.
Conseguir ofrecer seguridad jurídica
Deben establecerse una serie de reglas que favorezcan la valoración homogénea o de tributación de elementos intangibles. En el contexto internacional se está luchando contra problemas que han surgido con la globalización, como el de las empresas que se establecen, no donde producen o venden, sino en las jurisdicciones más favorables fiscalmente.
Es necesario crear un cauce para analizar las dudas que surgen en el diseño de algunas operaciones, con esto se conseguirá eliminar conflictos que puedan sembrar la duda en los inversores sobre la seguridad jurídica española. En este sentido, el procedimiento actual de consultas vinculantes es insuficiente, ya que la Agencia Tributaria se limita a dar una respuesta normativa sin implicarse en el estudio de cada caso.
