Además, según el artículo, si esto es verdad, poco se le puede reprochar:
"... según las alegaciones presentadas, la Universidad tampoco asignó a Errejón un lugar de trabajo ni un ordenador de la universidad para trabajar in situ en el proyecto, por lo que no se daban las circunstancias para ese trabajo presencial."
Efectivamente, automáticamente dimitió, sin empecinarse en posturas indefendibles. Y su partido no se ha posicionado detrás de él como una piña para defenderle contra viento y marea. Lo mismo que hizo Cristina Cifuentes. A, no, que la Cifu no hizo eso, que lo que hizo fue poner una querella a los periodistas que sacaron a la luz la noticia y su partido en bloque la dedicó un aplauso de varios minutos que apareció en todos los medios de coumnicació de este país.
el tema era que habian falseado los curriculums, la actitud de cifuentes ya he comentado varias veces que fue arrogante, pero tambien no es lo mismo decir que tienes una licenciatura sin tenerla, que un master que teniendolo se lo hayan medio regalado...seamos serios en eso.
la politica española esta podrida eso no hay ninguna duda pero la de TODOS LOS PARTIDOS, es logico que aquellos que tienenmas poder tengan mas corruptos y por eso el PSOE y el PP son los que mas tienen ....es normal....lo raro es que ciudadanos que no tienen ningun alcalde fuera el que mas casos de corrupcion (que los tiene ya) tuviera en la actualidad.
lo mismo pasa con la financiacion ilegal de los partidos....
saludos
Sigues diciendo memeces, fíjate cuántas tienes en tan pocas palabras:
1.- Nadie puede sancionar disciplinariamente a quien ya no trabaja allí.
2.- Nadie puede ser sancionado mediante un expediente que no ha finalizado.
3.- Nadie puede ser inhabilitado de por vida. Sería inconstitucional.
4.- La sanción de inhabiliación no existe en el ámbito de los empleados públicos. Consulta su Estaturo básico.
(Continuará).
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Te empeñas en asimilar casos radicalmente diferentes. El problema de Cifuentes no es que haya falseado su curriculum sino que ha cometido delitos para obtener ilícitamente un título que no le corresponde, lo hizo aprovechándode indebidamente de su poder como autoridad política y lo hizo en grave complicidad con personajes de la universidad, afectando gravemente su imagen ¿Te parece poco?
Los otros casos pueden ser despistes o faltas de ética como sucede con muchos ingenieros técnicos y arquitectos técnicos que, en su curriculum y tarjetas, suprimen la palalbra técnico.
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
El contrato con la agencia del PSPV salpica al equipo de la exministra Beatriz Corredor
La juez de Madrid ve prevaricación y malversación por parte del ministerio
Rosana B. Crespo
@rosanabcrespoSeguir
VALENCIAActualizado:12/05/2018 16:59h
Las posibles irregularidades del Ministerio de Vivienda en la adjudicación de un contrato en 2009 de 126.208 euros han acabado salpicando al equipo de la que fuera responsable del departamento, Beatriz Corredor. La juez Mercedes Pérez Barrios, de Instrucción 24 de Madrid, ha decidido ampliar la investigación sobre el procedimiento para contratar a Crespo Gomar, la sociedad que trabajó para el PSPV-PSOE de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y que se coloca en el centro de toda la red de supuesta financiación irregular.
La agencia de comunicación realizó servicios para los socialistas -y también para el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís)- de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas, según la investigación policial y judicial que se ha llevado a cabo durante año y medio en Valencia. A cambio, habría sido adjudicataria de contratos públicos en administraciones gobernadas por el PSOE -tres Ministerios y dos Ayuntamientos- con un «posible trato de favor», en opinión de la magistrada, «como pago» de la financiación.
Al encontrarse prescrito el delito electoral, pero no los de malversación, prevaricación y falsedad documental, la juez de Valencia decidió trocear la causa en cuatro juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm.
En el caso del departamento de Vivienda, figuran desde ayer nueve imputados más, la mayor parte colaboradores de Beatriz Corredor. Entre ellos, quien fuera subsecretario del ministerio, Marcos Vaquer; el director del gabinete de la ministra, Nicolás Mateos; la responsable de comunicación Eva Cuesta; la subdirectora general Irene Domínguez, en ese momento abogada del Estado; o Pedro Plasencia Fernández, exsubdirector general de la Oficina Presupuestaria en Vivienda.
Todos participaron en el procedimiento. Según el auto, Vaquer fue quien firmó el contrato de adjudicación y el certificado de conformidad con la factura, mientras que Mateos «redactó o firmó» el pliego de prescripciones técnicas para la realización de la campaña de publicidad contratada y «la declaración de urgencia» del procedimiento. Ambos deberán comparecer el próximo día 21 de mayo.
Las nuevas citaciones llegan después de que ayer se produjeran las primeras declaraciones de tres funcionarios que formaban parte de la Mesa de Contratación. Según fuentes conocedoras de los interrogatorios, admitieron que la oferta de Crespo Gomar era técnicamente la peor, pero presentaba la mejor oferta económica -después de descartar a una empresa que iba por delante-.
Defendieron igualmente la legalidad de la adjudicación y que si existieron errores únicamente fueron de redacción o administrativos. Añadieron, además, que la Mesa se limitó a realizar un informe favorable y una propuesta de contratar a la empresa, pero quien lo firmó fue el órgano de contratación. Ninguno de ellos comentó que conociera a Crespo Gomar o que recibiera órdenes para favorecerla.
Delitos
La juez entiende que las posibles irregularidades en el procedimiento podrían ser -sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción de la causa- constitutivas de un delito de prevaricación y/o malversación. Un informe de la Intervención General del Estado incluido en el sumario así lo revela. Entre las conclusiones principales destaca que la cronología para la adjudicación del contrato que suscribió el ministerio con la empresa Crespo Gomar resulta «incoherente e imposible». El documento detalla los incumplimientos que se dieron, lo cual, en opinión de la magistrada de Valencia -tal como sostuvo en el auto de inhibición-, hace sospechar que ya estaba otorgado «antes de que formalmente se hubiesen seguido los trámites o pasos legales».
El máster (virtual) de Cifuentes parece que ha tenido mucho éxito entre cargos del PP. Ahí tenemos otro:
Alcalde de Galapagar hizo el mismo máster que Cifuentes pero tiene su TFM
https://www.eldiario.es/politica/Alcalde-Galapagar-master-Cifuentes-TFM_0_759424546.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Las facturas emitidas por la empresa de comunicación «Crespo Gomar», cuyo presidente es hijo del exteniente de alcalde socialista de Gandía, a terceras sociedades y que éstas facturaban a continuación al Partido Socialista del País Valenciano, entre los años 2005 a 2008, venían prácticamente a coincidir con los gastos electorales de los socialistas de esa comunidad para la campaña electoral de 2007. Así lo reflejó la UDEF en el informe que presentó en diciembre de 2016 ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, donde ponía de manifiesto la existencia de serios indicios de financiación irregular tanto de la formación socialista como de su actual socio de Gobierno en la Generalitat, Compromís. El total de la facturación del PSPV a las empresas a las que, a su vez, facturaba anteriormente «Crespo Gomar», ascendió a 578.718,20 euros, mientras que los gastos electorales de los socialistas entre 2005 y 2007 justificados documentalmente fue de 526.467 euros, es decir, se registró una práctica coincidencia. En muchos de esos casos, se han encontrado pruebas de esa doble facturación, lo que supone un clara evidencia de una presunta financiación irregular de los socialistas valencianos en esos años. En el caso de Compromís la cantidad superaría los 700.000 euros.
El informe policial pone de relieve que sería una tercera empresa, a la que previamente habría facturado «Crespo Gomar», la que asumiría el importe de la factura (gasto electoral del partido) «y la abonaría a la que realmente realizó el trabajo, en este caso a Crespo Gomar, obteniendo esta tercera empresa que paga los gastos del tercero político beneficios futuros en las contrataciones y adjudicaciones concedidas por los ayuntamientos que gestionan estos partidos políticos – PSPV y Compromís–y las que compensan con creces el desembolso que realizaría esta tercera empresa».
Unas facturas que resultaron especialmente llamativas para la UDEF fueron un grupo de ocho correspondientes a la facturación entre la «beneficiada» agencia de comunicación «Crespo Gomar» con las empresas «Construcciones Blauverd S.L.», «Hospimar S.L.» y a «Quick Meals Ibérica S.L.». En este caso, llama la atención, «al igual que en el resto de facturas que habrían sido expedidas por “Crespo Gomar”, la falta de rigor en su confección, «máxime teniendo en cuenta los elevados importes de los mismos».
Así, se establecieron conceptos genéricos tales como «Servicios de asesoramiento de marketing y comunicación», por unos importes mensuales de 52.200 euros. «Parece desorbitado», afirma la UDEF al respecto, que se hubiese pagado por ese concepto cinco mensualidades seguidas por un importe global de 214.600 euros.
Una de esas facturas es especialmente llamativa porque en la misma aparece de forma manuscrita una anotación con los conceptos de «Estrategia (prov), mediciones de test y fotos». Esta circunstancia, destaca al respecto el mencionado informe, «infería claramente que están relacionando conceptos típicos de campañas electorales».
Esta misma estrategia habría servido para financiar a Compromís. En este sentido, la UDEF señala que de la documentación que pudo analizar se constató también que los gastos de «El Bloc» «habrían sido facturados presuntamente por “Crespo Gomar”» a tres empresas, «enmascarando un trabajo que con toda seguridad».
PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR
La Policía Nacional vio la «Gürtel» del PSPV-PSOE y el Bloc desde el inicio
El primer informe ya alertó al juez sobre facturas «desorbitadas» para la campaña
Rosana B. Crespo
@rosanabcrespoSeguir
VALENCIAActualizado:13/05/2018 08:54h
La investigación que en 2016 inició la Policía Nacional ante una presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís) para las elecciones de 2007 refleja las primeras sospechas de posibles delitos en un informe preliminar que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, al que ha tenido acceso ABC. Fechado en diciembre de ese año, se presentó después de que el PP interpusiera una denuncia ante la brigada de blanqueo de capitales. El diputado autonómico José Císcar aportó numerosa documentación a la Policía que demostraría un supuesto delito electoral de ambas formaciones.
En un primer análisis de los papeles, que este diario ha publicado semanas atrás, los agentes realizaron un deglose de la operativa: la sociedad Crespo Gomar prestaría servicios a los partidos y solicitaría las facturas por esos trabajos realizados a terceras empresas dándoles instrucciones sobre cómo confeccionarlas y a nombre de quién, es decir, falsificándolas. Luego se reenviarían a las formaciones. Esas empresas serían beneficiarias de adjudicaciones y/o reparto de comisiones. El formato de las facturas con «matriz» en Benidorm y en Gandía del PSPV y el Bloc sería el mismo.
Los supuestos donantes son, en el caso del PSPV, Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica y Construcciones Blauverd. De los nacionalistas, el Centro Comercial y de Ocio La Vital, Metrovacesa, Egevasa, Lubasa y Acuamed.
Financiación ilegal
Los agentes compararon este proceder con otros casos de financiación ilegal y valoraron las facturas: «Ofrecen un aspecto poco serio y están sin completar». Esta «falta de cuidado» podría deberse, en su opinión, a que «únicamente serviría para conocer a cuánto asciende el importe de los servicios prestados». «Posteriormente y según habría acordado el responsable político y la empleada de Crespo Gomar, se decidiría qué empresa va a ser la encargada de cubrir ese gasto. Se establecerían como concepto cosas genéricas y falta de detalle, que con mucha probabilidad no llegaron a efectuarse». La Policía menciona los correos electrónicos en los que se constataría la elaboración de esa supuesta facturación falsa. En uno de ellos, de mayo de 2007, se revela una conversación entre la exsecretaria local de Organización del PSPV-PSOE de Benidorm, Anabel Hallado, y una apoderada de Crespo Gomar que le remite las facturas de gastos de campaña electoral a nombre de Hospimar 2000 y Quick Meals Ibérica. Hallado indica que facturen trabajos por concepto de material publicitario como llaveros, folletos y fotografías con un coste de 2.778 euros.
En otro correo se alude a una factura a la constructora Blauverd por un importe de 69.600 euros, que debe enviarse por mensajería a la sede del partido en la calle Blanquerías a la atención de Pepe Cataluña (exresponsable de finanzas de los socialistas valencianos). Inciden en que en el sobre únicamente conste esa información. Para la Policía, «la intención probablemente es que no fuera visible cualquier concepto o detalle que pudiera orientar que en su interior se remitiría la factura». El informe destaca los gastos que habrían sido asumidos Blauverd, Hospimar 2000 y Quick Meals. «Se establecen conceptos genéricos, tales como ‘Servicios de asesoramiento de marketing y comunicación’, con importes que a priori parecen bastante elevados con facturas mensuales de 52.200 euros, todas ellas por la misma cantidad», apunta. En Finestrat se pagaron cinco mensualidades seguidas por un total de 214.600 euros, según la Policía, «desorbitado». Los agentes concluyen que, aunque la documentación es de entre 2005 y 2007, «una vez desarrollada la investigación es de suponer que continuara el mismo procedimiento hasta el 2011, en el que el Ayuntamiento de Gandía pasó a ser dirigido por el popular Arturo Torró».
«Adeu PP» y 740.000 euros
La segunda parte del informe se dedica a la financiación irregular del Bloc. Incluye el estadillo de los gastos en servicios para varias campañas por toda la Comunidad Valenciana prestados por Crespo Gomar. La agencia no facturaba a la formación, sino que lo haría «desglosando diferentes facturas y cuantías a nombre de empresas con la presunta connivencia de ambos». El cuadro contable refleja gastos por 739.217 euros, y en él se incluyen campañas como «Adéu PP», iniciada, destaca la Policía, por el actual concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia Pere Fuset. En el caso de los nacionalistas también existen correos entre apoderadas de Crespo Gomar y de Metrovacesa y del centro comercial y de ocio La Vital (construido por esta promotora en Gandía) en abril de 2006. En ellas se explica que una de las facturas hay que remitirla a Lluis Miquel, identificado como Lluis Miquel Campos, jefe de Gabinete del presidente de las Cortes, Enric Morera, y encargado de la campaña en ese momento (ha decidido apartarse de su puesto temporalmente). Detallan el importe de 40.000 euros por la realización de manual de identidad corporativa que habría asumido Metrovacesa.
Dimite la asesora a la que Cifuentes envió a tapar el escándalo del máster
http://www.eldiario.es/politica/Dimite-asesora-Cifuentes-escandalo-master_0_770273767.html
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
Una «agencia de colocación» en la Junta andaluza al servicio del PSOE
Un informe de la Guardia Civil revela que el ente público contrató a más de 200 personas con vinculación política o sindical
Un exalcalde socialista cobraba por «dormir» y leer la prensa en el trabajo
Antonio Torres, exregidor de Lebrija (PSOE), tenía un puesto fantasma como «director de Asuntos Exteriores» de la Faffe
Escándalo en Podemos Aragón por el viaje a Nueva York de dos dirigentes
La pareja cargó la «excursión» al partido. Han dimitido de sus cargos, pero él sigue como asesor del alcalde Santisteve
Quisiera saber qué tiene de malo que el partido te pague un viaje. Ojalá fuera así siempre.
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
La jueza del caso Cifuentes abre una investigación sobre el máster de Pablo Casado:
https://www.eldiario.es/politica/jueza-investiga-promociones-master-Cifuentes_0_771323156.html