Euskalherria es un territorio salpicado de cuarteles, garitas y, por si fuera poco, alambrado con cientos de controles policiales que enlatan sus carreteras en una red de vasos comunicantes que demuestran el Principio de Pascal. Por si fuera poco, las viejas figuras de virreyes, gobernadores, corregidores y prebostes, esos que se quedaban con el mayor bocado de la ballena que pescaban los vascos en Terranova, para el monarca castellano, siguen vigentes, reeditadas en nombres eufemísticos acordes con la levedad del lenguaje.
Tengo la impresión de que los españoles encuentran normal esta atmósfera militar en un entorno civil, a los desfiles legionarios por los montes vascos como si se trataran de la selva Lacandona o las junglas colombianas, a los pinchos en una curva de la autopista o a la querella semanal del delegado del Gobierno que aún no ha descubierto el efecto de los ansiolíticos.
Euskalherria vive en un estado de excepción permanente al que la longevidad del mismo nos ha hecho creer que es habitual. Algo así como el «Show de Truman», una vida, la de los vascos, en directo, para regocijo de quienes se alimentan, fundamentalmente en España, de asaltos, robos, presiones y ocupaciones manu militari de este territorio.
Ya tuve esta primera impresión hace unas pocas décadas, en la de 1980, cuando el Cedri (Comité de Encuesta sobre las Violaciones de los Derechos Humanos en Europa), realizó un informe sobre Euskalherria. El Cedri abordó cuestiones generales y entre sus componentes se encontraban abogados y togados para nada sospechosos de veleidades revolucionarias. Entre ellos recuerdo a Juan Alberto Belloch, hoy alcalde de Zaragoza y en 1994 ministro de Justicia e Interior del Reino de España.
Entonces, uno de los informes del Cedri decía textualmente: «Las operaciones de las UAR someten a la población a un estado de control permanente. En Eibar, Goizueta, Etxarri-Aranaz, Renteria, etc. estas operaciones han tomado la dimensión de una verdadera guerra colonial». Hoy, las UAR (Unidad de Acción Rural) de la Guardia Civil tienen a las GAR (Grupos de Acción Rápida) como equipo de intervención. Ubicadas, no es casualidad, en Logroño.
Varios años después de la guerra civil, el INE (Instituto Nacional de Estadística español) dio a conocer el censo de 1940, siguiendo las pautas iniciadas a principios del siglo XX de realizar un registro al comienzo de cada década. Fue un censo, según el gobernador civil de Gipuzkoa que pidió la colaboración ciudadana, «exclusivamente policial». Entre las cifras que se ofrecían, existía un apartado dedicado a las profesiones. En total se contabilizaban hasta 128 profesiones, de las que una de ellas correspondía al apelativo «preso». Sin conocer todos los criterios utilizados para la encuesta, se puede decir que, al menos oficialmente, 8.695 ciudadanos se encontraban encarcelados en prisiones de Euskal Herria en la época en la que se realizó la encuesta.
En las 128 profesiones que se citan en el estudio del INE hay dos apartados para policías y guardia civiles el uno, y militares, el otro. Las cifras son significativas. Tremendamente significativas. De estas cifras destacan varios datos. El primero, la fuerte presencia policial y militar: el 1,63% de la población de 1940 en territorio vasco eran militares o fuerzas policiales militarizadas. Una cifra sin comparación posible incluso entre otras profesiones: sólo los campesinos eran, en números absolutos, más que los miembros del Ejército.
El segundo dato es de la concentración. En términos absolutos, la mayor concentración militar se dio en Navarra, y en relativos en Álava, provincias que estuvieron, por otro lado, junto a los sublevados. En términos tanto absolutos como relativos, era Bizkaia el territorio menos copado por la autoridad militar, como si los refuerzos para su control estuvieran (de hecho lo estaban) acantonados en sus límites. Tanto Logroño como Burgos tenían sus cuarteles repletos de militares y guardia civiles (como en el siglo XIX), dispuestos a intervenir en territorio vasco.
Saltamos a 2015 y la situación no ha variado mucho. Leía hace unos días a Robert Fisk, a cuenta de los atentados yihadistas en París, señalando que para comprender el presente hay que repasar el pasado cercano («Argelia agrega contexto al ataque contra Charlie Hebdo»). «Nada en absoluto ocurre sin un pasado», decía Fisk. Y en el caso de la ocupación de Euskalherria, la rotunda afirmación del periodista británico me parece de lo más acertada.
Estos días hemos conocido, a cuenta del revuelo parisino, que la Unión Europea tiene una media de 388 policías por cada 100.000 habitantes. Una cifra elevada a pesar de que deja fuera a un sector pujante, el de la seguridad privada y a los agentes municipales. Sin querer frivolizar, según los padres de Schengen una cantidad correcta, adecuada.
Inglaterra, país metropolitano, a medias entre el proyecto común europeo, no tanto en el monetario, tiene una cifra menor de policías: 260 por cada 100.000 habitantes. Francia, en cambio, entre PAF, Gendarmería, CRS... se acerca a la media europea, de hecho es el paradigma de la misma: 390 policías.
Grecia, a punto de un cambio histórico en su Gobierno, tiene 453 policías, Portugal 462 y Turquía, en guerra contra kurdos y con un sistema que habitualmente se utiliza como referencia para citar a corruptos, militares y demás, 484. España tiene 505 policías por cada 100.000 habitantes, Kosovo 566 y Chipre 671, el más alto de Europa entre los estados admitidos por Naciones Unidas. Como recordamos, la isla está ocupada en parte por Turquía e Inglaterra tiene dos enclaves estratégicos. Siria, en guerra, se encuentra apenas a 120 kilómetros de Chipre. No sé si hay razones objetivas para que Chipre tenga semejante proporción policial, pero sí al menos encuentro una lógica en el número.
Fuera de todo contexto bélico, sin embargo, se encuentra Euskalherria, con una marca que rompe todas las barreras: 703 policías por cada 100.000 habitantes, el mayor número de Europa. ¿El contexto histórico del que hablaba Robert Fisk, en esta ocasión avalado por los datos vascos de 1940? ¿Ocupación colonial, siguiendo aquel informe del Cedri de 1985? No tengo respuestas contundentes, simplemente una constatación que cada día que pasa inquieta como una losa enorme, gigante.
Si vivimos, como dicen, en un país normalizado, si el repertorio democrático español es envidiado por Europa, como señalan desde Madrid, si el terrorismo yihadista es ajeno a nuestra tierra, si los índices de delitos comunes son los más bajos del sur de Europa... ¿por qué tenemos el número de policías per capita más alto del Continente? ¿A qué se debe semejante ocupación?
«Nada en absoluto ocurre sin un pasado», recupero la frase de Fisk que me ha impactado. Y ese pasado cercano y lejano es el que nos marca las claves de la ocupación. Porque, sin eufemismos, los datos nos indican que se trata de una ocupación en toda regla. Lo que nos lleva a varias preguntas universales de las que dejo caer algunas: ¿Hay una diferencia de nacionalidad y de intereses entre el pueblo vasco y las fuerzas que intervienen y ejercen poder en su territorio? ¿Hay lealtad de unos con otros? ¿Cuentan estas fuerzas ocupantes con normas de emergencia para ejercer su dominio? ¿Quién impone la base jurídica de la ocupación?...
