El nacimiento de un monstruo
Adelantamos nuestra tesis: el terror fiscal en España es tan profundo y generalizado que nadie se atreve a criticar al Fisco: el ciudadano sólo aspira a eludirlo o, si llega el caso, a corromperlo. Pero a su vez, es tan grande la corrupción en el Fisco que sólo puede mantenerse mediante el terror. Como las empresas de comunicación, los partidos políticos, los propios políticos y los periodistas participan en ese pánico, lo han interiorizado hasta el punto de dimitir de su función de vigilar y denunciar a cualquier poder incontrolado y despótico que atropelle los derechos constitucionales. O que utilice el sistema fiscal, por lo demás injusto y confiscatorio, para eventual beneficio de sus inspectores, convertidos en nuevos inquisidores.
Si la tesis parece exagerada, vamos a los argumentos. O mejor: a los hechos. En la década de los 80, en pleno apogeo del poder socialista, Josep Borrell, Secretario de Estado de Hacienda, crea la Agencia Tributaria como un órgano recaudatorio autónomo, es decir ajeno al organigrama del Ministerio. Conviene recordar que la llegada de Borrell al cargo se produce por la dimisión de su antecesor, José Víctor Sevilla, que se negaba a autorizar la creación de unos Pagarés del Tesoro que permitían conservar cualquier suma de dinero negro bajo absoluta opacidad fiscal. El propio Estado amparaba el delito que debía perseguir.
La persecución del fraude fiscal como manifestación típica del execrable sistema capitalista era aspiración y designio de un grupo de jóvenes doctrinarios socialistas convencidos de que el Fisco es la herramienta precisa para la nivelación social, la justicia redistributiva y, en ausencia de Palacio de Invierno, la aproximación posible al socialismo en las sociedades occidentales. El choque de la constatación de grandes bolsas de dinero negro que eluden la presión fiscal y pueden descapitalizar de hecho la actividad económica de un país (peligro verosímil durante esos años ochenta bajo el Gobierno del PSOE) con la subida de impuestos para redistribuir la renta a través del Gobierno, contradicción en la que ha navegado la izquierda durante las últimas décadas, se saldó con una fórmula que permitía la evasión a muchos ahorradores y también a fortunas y a negocios turbios -mediante Pagarés, afros, etc., que pagaban retenciones finalistas, no incluidas en la base imponible-. En contrapartida, se aumentaba ferozmente la presión fiscal sobre las clases medias, las profesiones liberales, los funcionarios y los trabajadores sujetos a nómina y retención, otra forma de atraco fiscal.
Para que este cambio fuera advertido por todos pero no denunciado por nadie se creó la Agencia un poco al margen del Ministerio, con la excusa de que los funcionarios cualificados no emigraran a la empresa privada como asesores fiscales, haciendo que el Estado cobrara lo mínimo y no lo máximo. Los inspectores mantendrían así la seguridad funcionarial pero sus retribuciones serían mucho más altas al depender de un organismo autónomo. Pero esta situación privilegiada requería, en la práctica, de un poder indiscutido que blindase al grupo de inspectores, lo consolidase como guardia de corps del titular de Hacienda y extendiese su temible prestigio al Gobierno. El mecanismo fue una feroz campaña de terror fiscal, dirigida por Borrell, Huguet, Aguiar y otros radicales de la Agencia con el respaldo abrumador de los medios oficiales de comunicación y de los medios privados asociados al felipismo.
El símbolo del terror fiscal fue Lola Flores. Como representante de la España eterna, es decir, de la España anterior al PSOE, no sólo fue condenada con una multa de sesenta millones debida a su contumaz incomparecencia tributaria, sino que se convirtió en la prueba fehaciente de que todos, del más alto al más bajo, del más rico al más pobre, del más humilde al más célebre, están bajo el ojo implacable del Fisco Progresista. El hecho de pagar impuestos pasó de molesta obligación ciudada
