Déficit y deuda públicos en 2023

 Como en otros ámbitos, a escasos días de terminar el año es interesante reflexionar sobre lo conseguido respecto a algunas metas fiscales perseguidas antes de su comienzo. 

 

En el Proyecto de Plan Presupuestario para 2023, elaborado en el otoño de 2022, el Gobierno planteó cerrar este año con un déficit de las AAPP no superior al 3,9% del PIB y con un volumen de deuda pública por debajo del 112,4% del PIB (ampliación en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2023/12/12/objetivos-de-deficit-y-deuda-publica-en-2023/). 

 

Las estimaciones más recientes de distintos organismos nacionales e internacionales se inclinan por un incumplimiento, aunque de una magnitud moderada, de la referencia de déficit. Así, la AIReF, los panelistas de FUNCAS y la Comisión Europea consideran que quedará en un 4,1% del PIB. 

 

Por su parte, las diversas revisiones del PIB nominal llevadas a cabo durante el ejercicio han dado lugar a que la ratio perseguida para la deuda haya quedado desvirtuada, ya que su valor al finalizar 2022 se ha modificado hasta situarla en el 111,6% del PIB. En todo caso, la intención gubernamental era reducirla en 1,3 puntos porcentuales, lo que los distintos pronósticos dan por logrado con holgura, siendo la última previsión oficial que quede en el 108,1% del PIB. Eso sí, la mayor contribución a la consecución de este objetivo la realiza el deflactor del PIB, es decir, el incremento de los precios y, en términos absolutos, el endeudamiento público sigue aumentado. 

 

Antes de seguir, es preciso recalcar que, desde 2020, las normas fiscales comunitarias (por ejemplo, cumplir una trayectoria encaminada a alcanzar un déficit estructural inferior al 0,4% del PIB) y nacionales (por ejemplo, no incurrir en déficit estructural o mantener la deuda pública por debajo de 60% del PIB) están suspendidas en cuanto a su vigencia, por lo que el Gobierno ha gozado de discrecionalidad en su actuación y, además, ha omitido el deber establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (art. 23.2) de presentar para su aprobación por las Cortes Generales el pertinente plan de reequilibrio. 

 

Es importante resaltar que el componente “estructural” del déficit es el referente básico para valorar la envergadura del desequilibrio de las cuentas públicas. Sobre este agregado el Gobierno espera que este año su valor sea del 4,2% del PIB. 

 

Por lo que atañe a la deuda en relación al PIB nominal, a pesar de su favorable evolución, nuestro país quedará como uno de los más endeudados de la Unión Europea, superándole Grecia, Italia y, posiblemente, Francia. 

 

Tras lo comentado es difícil valorar los resultados anuales logrados en materia fiscal por lo que es útil compararlos con los existentes antes de la pandemia de Covid-19, es decir, al terminar 2019. En aquellas fechas, según datos de la Comisión Europea, el déficit estructural era del 3,8% del PIB y el volumen de deuda pública del 98,2% del PIB. 

 

Por tanto, aun siendo cierto que se han superado los efectos de la crisis sanitaria, por ejemplo, sobre la actividad económica, medida en términos de PIB real, o sobre la ocupación laboral, atendiendo al número de afiliados a la Seguridad Social, es igual de innegable que, en cuanto a la situación fiscal, queda trabajo por hacer para recuperar los niveles de 2019, que ya de por sí eran preocupantes.