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PGE para 2024: ¿imprevisión, indolencia o sorna?
Con los decaimientos de la “cláusula general de salvaguardia” europea, que permite obviar la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo establecido en un déficit estructural del 0,4% del PIB, y de la “cláusula de escape” nacional que autoriza al Estado a infringir el principio de estabilidad presupuestaria entendido como el equilibrio o superávit estructural, nuestro país se verá obligado a realizar importantes esfuerzos fiscales a partir del año que viene.
La herramienta esencial de actuación en esta materia la constituyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para cuya elaboración el paso previo es fijar un límite máximo de gasto no financiero que ha de ser coherente con: a) el objetivo de estabilidad presupuestaria y b) con la regla de gasto -para aplicar la regla se requiere conocer la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo-
El objetivo de estabilidad presupuestaria debe proponerlo el Ministerio de Hacienda y Función Pública y la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo la debe calcular el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ambos asuntos, dentro del primer semestre del año (previo al que corresponden los PGE a elaborar).
Según las declaraciones a los medios (por ejemplo, https://www.deia.eus/politica/2023/08/25/gobierno-funciones-prepara-presupuestos-7182347.html), parece que el Gobierno, a pesar de estar en funciones, tiene la firma voluntad de conseguir unos nuevos PGE para el año que viene.
Las manifestaciones recogidas en la prensa entran en contradicción con la inacción del Gobierno antes de la disolución de las Cortes Generales el pasado 30 de Mayo, considerando: 1) la ardua tarea que el futuro presagia en el tema de las cuentas públicas, 2) el hecho de que la conclusión natural de la XIV Legislatura se habría producido el próximo 10 de Noviembre y 3) que contaba con mayoría en las dos Cámaras legislativas.
A mi entender, una explicación estaría en que, por la apreciación por el Congreso el 22 de Septiembre de 2022 de la concurrencia de una situación de emergencia extraordinaria que ampara el que el Estado incurra en 2023 en déficit estructural, surge la obligación de la elaboración de un “plan de reequilibrio”, en el plazo de un mes desde la fecha citada (ampliación en PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2024 – Gorgojo Rojo (wordpress.com))
Es decir, tocar el tema de los PGE hubiera supuesto sacar a relucir un flagrante incumplimiento de las normas sobre gobernanza fiscal al demorar trámites esenciales sin motivo razonable, lo que se compadece mal con el interés general que, a la postre, es la justificación última de las facultades que la ley otorga al Gobierno en aras de una diligente administración de las finanzas públicas.
La herramienta esencial de actuación en esta materia la constituyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para cuya elaboración el paso previo es fijar un límite máximo de gasto no financiero que ha de ser coherente con: a) el objetivo de estabilidad presupuestaria y b) con la regla de gasto -para aplicar la regla se requiere conocer la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo-
El objetivo de estabilidad presupuestaria debe proponerlo el Ministerio de Hacienda y Función Pública y la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo la debe calcular el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ambos asuntos, dentro del primer semestre del año (previo al que corresponden los PGE a elaborar).
Según las declaraciones a los medios (por ejemplo, https://www.deia.eus/politica/2023/08/25/gobierno-funciones-prepara-presupuestos-7182347.html), parece que el Gobierno, a pesar de estar en funciones, tiene la firma voluntad de conseguir unos nuevos PGE para el año que viene.
Las manifestaciones recogidas en la prensa entran en contradicción con la inacción del Gobierno antes de la disolución de las Cortes Generales el pasado 30 de Mayo, considerando: 1) la ardua tarea que el futuro presagia en el tema de las cuentas públicas, 2) el hecho de que la conclusión natural de la XIV Legislatura se habría producido el próximo 10 de Noviembre y 3) que contaba con mayoría en las dos Cámaras legislativas.
A mi entender, una explicación estaría en que, por la apreciación por el Congreso el 22 de Septiembre de 2022 de la concurrencia de una situación de emergencia extraordinaria que ampara el que el Estado incurra en 2023 en déficit estructural, surge la obligación de la elaboración de un “plan de reequilibrio”, en el plazo de un mes desde la fecha citada (ampliación en PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2024 – Gorgojo Rojo (wordpress.com))
Es decir, tocar el tema de los PGE hubiera supuesto sacar a relucir un flagrante incumplimiento de las normas sobre gobernanza fiscal al demorar trámites esenciales sin motivo razonable, lo que se compadece mal con el interés general que, a la postre, es la justificación última de las facultades que la ley otorga al Gobierno en aras de una diligente administración de las finanzas públicas.