Hacienda investigará a 705 contribuyentes de la amnistía fiscal por blanqueo de capital

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Hacienda investigará a 705 contribuyentes de la amnistía fiscal por blanqueo de capital
Hacienda investigará a 705 contribuyentes de la amnistía fiscal por blanqueo de capital
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Hacienda investigará a 705 contribuyentes de la amnistía fiscal por blanqueo de capital

Hasta ahora, otros 300 ciudadanos han sido inspeccionados por fraude tributario.

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, anunció el martes 17/02/15 en el Congreso que se investigaría a 705 contribuyentes “acogidos a la amnistía fiscal y que presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales” . Con la antigua ley, el blanqueo de capitales se consideraba básicamente aflorar dinero procedente de la venta de drogas, venta de armas o trata de blancas. Con los últimos cambios normativos, cualquier delito económico es susceptible de ser catalogado como blanqueo.

En concreto, se enviará la lista de esos ciudadanos al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) para que emprenda las acciones necesarias. Una vez efectuada la primera revisión por el Sepblac, se comunicará a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) qué contribuyentes están siendo o han sido ya investigados y qué expendientes se han trasladado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil o al Ministerio Fiscal.

Además, la Agencia Tributaria ha inspeccionado ya a otros 300 contribuyentes por temas tributarios que se acogieron a la Amnistía Fiscal. En este sentido, se han detectado 51 actuaciones irregulares, lo que ha permitido recaudar 12 millones de euros.

Con esos 705 casos, la Agencia Tributaria está llevando a cabo un análisis para detectar conductas ilícitas conexas al fraude fiscal, pero de carácter no tributario. En el curso de estas actuaciones, la Agencia detectó, en algunos casos, la presencia de indicios de blanqueo de capitales, por lo que de conformidad con el artículo 95 de la ley general Tributaria, optó por enviar al Sepblac la lista de esos contribuyentes para su análisis y valoración. Esta misma pauta de actuación se mantiene en el año 2015 siempre que se detecten indicios de conductas ilícitas.

Esta investigación arrancó en febrero de 2013. Lo anunció la anterior directora de laAgencia Tributaria, Beatriz Viana, en una polémica rueda de prensa, que tras hablar de Luis Bárcenas tuvo que dimitir. Pero por aquel entonces, dejó constancia de que se iban a abrir expedientes y se realizarían inspecciones paralelas con la información obtenida de la regularización y la declaración 750 que hubo que presentar.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la amnistía fiscal el 31 de marzo del año 2012, pocos meses después de llegar a Moncloa. La medida pretendía recaudar 2.500 millones y aflorar 25.000 millones de dinero negro escondido en paraísos fiscales. Para ello, inicialmente se creó un impuesto del 10% sobre lo aflorado para aquellos que querían regularizar su dinero oculto. Posteriormente, se fijó que ese porcentaje se pagaba sólo sobre las plusvalías generadas de 2008 a 2010, con lo que los evasores regularizaron su dinero B con un coste alrededor del 3%. Además, se permitió regularizar dinero en metálico, con lo que se abrió la puerta a blanquear dinero procedente del fraude fiscal. Estos últimos sí que pagaron el 10% y posiblemente ahí es donde la Agencia Tributaria ha puesto ahora el foco, puesto que resulta más fácil de seguir la pista de cómo obtuvieron ese dinero negro.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió que se habían aflorado unos 40.000 millones. En total, se presentaron 31.529 declaraciones, de 29.638 contribuyentes. Con las cifras conocidas hasta ahora, se ha investigado a 1.005 contribuyentes (705 por temas extrafiscales y a 300 por motivos tributarios), con lo que suponen sólo un 3,39% de los particulares que se acogieron al citado procedimiento. También se acogieron a la regularización 618 empresas.

Menéndez recordó que entre las prioridades de la Agencia Tributaria para 2015 se encuentra comprobar a los contribuyentes que presentaron el modelo 720, que perseguía declarar los bienes y derechos situados en el extranjero, sobre todo viviendas. En total, se han declarado en dos años bienes fuera de España por importe de 108.615 euros.

Menéndez desgranó los datos de la lucha contra el fraude: 12.318 millones, un 12,5% más que el año anterior. En total, se ha realizado 99.580 actuaciones nominales de comprobación e investigación, un 6,8% más.

http://www.lavanguardia.com/economia/20150217/54427338120/hacienda-investiga-300-contribuyentes-acogidos-amnistia-

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Re: Hacienda investigará a 705 contribuyentes de la amnistía fiscal por blanqueo de capital

La amnistía fiscal desvela sospechas de cohecho de 705 políticos y funcionarios

- La lista de Hacienda incluye exclusivamente responsables públicos o sus familiares.
- La posibilidad de que se divulgue la lista levanta inquietud en sectores del Gobierno.
- El blanqueo de capitales puede esconder délitos de cohecho y soborno.
- En el 2012 se acogieron más de 32.000 contribuyentes a la amnistía fiscal.

La amnistía fiscal del 2012 ha hecho aflorar información extraordinariamente sensible en un contexto de desconfianza social a las élites políticas y gestoras del país. Y los últimos hallazgos de la Agencia Tributaria pueden tener enormes consecuencias en un año políticamente complejo. Concretamente, las 705 personas de entre los 32.000 evasores fiscales que se acogieron a la amnistía y que presentan indicios de posible blanqueo de capitales, como sin dar más detalles explicó hace unos días en el Parlamento el responsable de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, son exclusivamente políticos y altos funcionarios del Estado o familiares directos de estos cuyos activos hasta ahora ocultos y recién declarados no se justifican con sus ingresos ordinarios, según han asegurado a este diario varias fuentes informadas de las pesquisas.

Se trata de personas que han ocupado en el pasado cargos públicos electos en los diferentes niveles, local, autonómico y estatal, también de altos representantes del Estado, como en el aparato judicial que agrupa a magistrados y fiscales. La lista de los 705 ha sido remitida hace pocos días al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, para que "se contraste con la información que ellos tengan y se decida qué actuaciones realizar", según explicó Menéndez.

Estos contribuyentes se encuadran en lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) define como personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), "personas que son o han sido titulares de una función pública importante. Debido a su posición e influencia, muchos PEP están en situaciones que potencialmente son objeto de abuso para cometer delitos de blanqueo de dinero y otros relacionados como corrupción y soborno".

¿Quiénes son concretamente los cargos incluidos en esta definición? De acuerdo con el organismo internacional, jefes de Estado y de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; parlamentarios; miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso; miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos centrales; embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas; miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas estatales. Y sus cónyuges, los hijos y sus cónyuges o personas asimilables a cónyuges; y sus padres.

Luis Bárcenas el extesorero del PP encausado por el caso Gürtel, fue definido como PEP por el banco suizo donde tenía cuentas con dinero de origen oscuro y por ello la información se remitió a las autoridades españolas.

¿Y Jordi Pujol el expresidente de la Generalitat? Pese a no haber sido formalmente titular de ninguna cuenta en el exterior, formalmente lo eran su esposa, Marta, y sus hijos. Dos de ellos, Josep y Oleguer, sí que acudieron a la amnistía, por lo que podrían figurar en la lista en manos del Sepblac por ser hijos del expresident.

Un caso conocido en manos de la justicia de un contribuyente acogido a la amnistía es el del líder del sindicato minero SOMA-UGT de Asturias José Ángel Fernández Villa que hizo aflorar 1,4 millones de euros sin poder justificar su origen.

La existencia misma de la lista elaborada por la Agencia Tributaria ya ha generado notable inquietud en varios ámbitos gubernamentales. Por un lado, se teme que se produzcan filtraciones en casos en los que finalmente no se aprecie delito. Hay que recordar que la amnistía fiscal aprobada por Cristóbal Montoro en el 2012 sólo afectaba a los delitos fiscales, pero no al blanqueo de capitales, actividad que consiste en introducir en el circuito legal dinero procedente de actividades ilícitas. En el caso de los personajes con responsabilidades públicas se trata de delitos de cohecho o soborno.

Pero más allá del debate técnico, la divulgación de centenares de personas relevantes en el ámbito de la política, la administración o la justicia como evasores fiscales tendría un efecto social demoledor. En algunos ámbitos se critica incluso el paso de la Agencia Tributaria, por una supuesta sobrerreacción tras las acusaciones de falta de solvencia en la persecución de los integrantes de la conocida como lista Falciani, evasores fiscales con cuentas en el banco HSBC, que en muchos casos eludieron sus responsabilidades penales gracias a un preaviso de la Agencia.

Hacienda defiende su amnistía fiscal, formalizada a través de una declaración tributaria especial (DTE), a lo largo del 2012. De esta manera afloraron unos 40.000 millones de euros, aunque sólo una tercera parte no había prescrito y debió pagar un impuesto mínimo, que generó 1.200 millones de euros de ingresos al fisco. Además de la DTE, el proceso se completó con una obligación de declaración obligatoria de bienes en el extranjero al que en el 2013 se acogieron 134.000 contribuyentes y otros 32.000 en el 2014. En este caso, fuera de plazo, como en el caso de la familia Pujol.

Además de remitir los casos al Sepblac o a la justicia, la Oficina de Investigación del Fraude también analiza los 705 expedientes y otros más para decidir si debe enviarlos ya a la Fiscalía.

http://www.lavanguardia.com/economia/20150308/54428822045/amnistia-fiscal-sospechas-cohecho-politicos-funcionarios.html

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