La casta del PPSOE quiere seguir viviendo por encima de sus posibilidades.
La reforma del sector público que el Gobierno contabiliza como uno de sus logros no ha conseguido los efectos deseados. En realidad ha habido más fuegos de artificio que maniobras de calado. Aunque se han tomado algunas medidas, no se aborda el problema con la profundidad que sería deseable.
Más bien se ha empezado la casa por el tejado sin tener un sistema homogéneo para medir el coste de los servicios y sin tener diseñado un nuevo modelo de función pública. Hay realizaciones como la reforma local que, sin embargo, mantienen una excesiva atomización de municipios y dejan intactas las diputaciones. Estas últimas, muy del agrado de Mariano Rajoy, son eficaces como instrumentos clientelares de las formaciones políticas.
La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) presentó hace casi un año sus recomendaciones para, en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, dar instrumentos útiles para tener una administración "más eficaz y cercana a los ciudadanos. Son remedios para el Estado sin efecto sobre las CCAA.
Un modelo del siglo pasado
La Ley de la función Pública data de 1984 y la única innovación desde entonces fue el Estatuto del Empleado Público de 2007, en el que sobre la misma organización administrativa se reconocen las diferencias competenciales de Estado, CCAA y municipios. Como muestra el cuadro comparativo, elaborado antes de la crisis, en casi todos los Estados europeos el grueso de empleados públicos se concentra en administraciones autonómicas y municipales. La crisis ha reducido el número de empleados públicos en los países periféricos, pero no ha variado los porcentajes de distribución por niveles de administración.
Los cambios en la función pública son más aparentes que reales. Los sucesivos Gobiernos, con alguna rara excepción, mantienen la condena al ostracismo de los funcionarios de alto nivel que desempeñaron puestos de responsabilidad con un ejecutivo de distinto signo. Así se produce una alternancia de los funcionarios de élite, con el consecuente desaprovechamiento de recursos humanos, al tiempo que se recurre a asesores externos que incrementan el gasto en personal. El Gobierno habla de una administración profesional en la que no cree, a pesar de que el nivel de formación y cualificación de los funcionarios españoles de los niveles superiores es muy elevado. Las administraciones son un semillero de directivos para el sector privado, que cuando abandonan la Administración mantienen la reserva de su plaza.
El principio de partida para la reforma de la función pública debería ser una administración con funcionarios mejor pagados, aunque en número inferior. También habría que revisar -como ya sucede en el Ejército- que la formación adicional que se recibe debería de tener un compromiso de permanencia. Por otro lado, conviene replantear que la oposición de acceso -dura, exigente y con una importante inversión de tiempo y dinero- no debe ser una patente de por vida. Un tabú del que nadie habla y que ampara legalmente el Estatuto del Empleado Público, que entiende que "la inamovilidad en la condición de funcionario es la garantía de su imparcialidad".
Se ignora el coste de los servicios
¿Es posible que se puedan evitar duplicidades de servicios y llevar a cabo una gestión más eficientemente si no se dispone de datos homogéneos para evaluar lo que cuesta prestar esos servicios en las distintas administraciones? Obviamente no. Este es el otro aspecto básico sin el que es imposible realizar una reforma creíble. Los presupuestos del Estado y del resto de administraciones se rigen por criterios de caja no de contabilidad. Ello impide una comparación homogénea y transparente de los costes de los servicios. Un cambio técnico que para los expertos podría aclarar muchas diferencias ahora inexplicables. Como colofón a estos cambios, algunos expertos sugieren la auditoría externa del gasto público, al estilo de las administraciones anglosajonas. Ahora la Intervención General efectúa el control previo del gasto y audita las empresas públicas, pero las administraciones no pasan este tamiz. Un nuevo modelo de función pública y una mayor homogeneidad y transparencia presupuestaria en las Administraciones Públicas para evaluar la eficiencia de los servicios son piedras angulares de la reforma del sector público, que el Gobierno ha ignorado para que nada cambie.
Leer más: ¿Por qué no avanza la reforma del sector público en España? - elEconomista.es http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aegonmay/economia/noticias/5804548/05/14/Por-que-no-avanza-la-reforma-del-sector-publico-en-Espana.html#Kku8iBfqX0keyB59