FMI: rescatar a las CCAA implica un sobreprecio de 70 pb en prima de riesgo
Utilizando los datos de los mercados financieros de España y sus comunidades autónomas entre enero de 2010 y junio de 2013 encontramos respaldo a nuestra hipótesis sobre transferencia del riesgo", sostienen Eva Jenkner y Zhongjin Lu, autores del informe Riesgo de crédito regional y rescates soberanos. ¿Quién paga la prima?, donde analizan el caso español.
En este sentido, el documento de trabajo, que no recoge la postura oficial del FMI, sino la de sus autores, considera que el diferencial asumido por la deuda soberana española "puede haberse incrementado en unos 70 puntos básicos como resultado del apoyo del Gobierno central a las comunidades autónomas en dificultades fiscales".
Así, según los autores, un incremento de 70 puntos básicos podría traducirse en un sobrecoste de unos 600 millones anuales para la deuda a corto plazo y de casi 2.000 millones de euros una vez que los bonos a medio plazo sean refinanciados y asumidos a tasas de interés más elevadas.
Los costes de financiación de la deuda española registraron una fuerte escalada entre 2010 y 2011, recuerdan los expertos del FMI, quienes apuntan que, a pesar del compromiso del Gobierno con su plan de reformas y un ambicioso programa de ajustes, "las presiones sobre la deuda pública española sólo se aliviaron tras la fuerte señal enviada por el presidente del BCE, Mario Draghi, en 26 de julio de 2012".
Ante el riesgo adicional para la solvencia soberana derivado de la asistencia a las regiones en apuros, los autores contemplan dos posibilidades para evitar cualquier contagio: fijar una norma antirrescates creíble o garantizar la disciplina fiscal a todos los niveles de gobierno local.
"En la práctica, pocas cláusulas antirrescate resultan plenamente creíbles", sostienen Jenkner y Lu, que consideran así "inevitable" llevar a cabo un estrecho control sobre las cuentas públicas regionales.
Asimismo, los analistas defienden que una tercera opción, como sería realizar emisiones conjuntas tal y como llegó a considerarse en España con los denominados hispanobonos podría servir para rebajar los costes de financiación de las entidades más débiles, pero conlleva escasas mejoras en la percepción del riesgo en los mercados al respecto.
"El principal resultado sería una transferencia financiera desde el más fuerte al más débil y daría origen a un riesgo moral que podría agravar incluso aún más las debilidades fiscales", advierten.