Los excesos políticos en el mercado eléctrico los va a pagar, como era previsible, el consumidor.
Entonces, ¿por qué es cara? Simple, porque, hace ya muchos años, los políticos de todos los partidos decidieron que los vatios en España eran de su propiedad. Iban a generarse conforme a un plan predeterminado, algo muy soviético, muy de esta gente. Así, dejó de ser el mercado y empezó a ser el Estado quien se arrogó la provisión de un bien.
El político, y no el consumidor ni el accionista, han decidido qué tipo de centrales se instalaban, dónde lo hacían y de qué potencia. ¿Se imagina eso mismo en el mercado del automóvil? ¿Imagina tener que conducir un modelo de coche determinado porque el político de turno lo ha decidido después de haber pagado por él dos o tres veces su precio, y que ni con esas la fábrica de automóviles ganase dinero? Bien, pues eso es lo que sucede con la electricidad.
Menos mal que lo hicieron por el “bien común” que si llegan a hacerlo para fastidiarnos hoy estaríamos con apagones como en Cuba.
¿Cabría otra reforma distinta a la que han hecho? Sí, obviamente. Cabría limitar el papel de los políticos en este sector a la pura y simple regulación básica. Del resto se encargaría el mercado, es decir, nosotros mismos tomando decisiones de consumo no una, sino muchas veces al día. Tal vez desaparecería buena parte del parque eólico y la totalidad del solar; tal vez las eléctricas volverían sus ojos sobre la energía nuclear y el carbón de importación; tal vez el gas natural nacional, el obtenido mediante la técnica de fracturación hidráulica, tendría su oportunidad, la misma que la tiranía medioambiental le está negando. Habría que suprimir de un plumazo todas las primas a cualquier fuente de generación y que el precio mayorista fuese el del pool.