Sinceramente, esto sí que no me lo esperaba....
El ABC se está poniendo nervioso con la merma en la recaudación que están teniendo con la reducción en el impuesto de sucesiones y donaciones las CCAA gobernadas por el PP.
Ojo, que la merma en la recaudación va a suponer, tal como va la cosa, un "bujero" de 2200 millones de pavos, entre el año pasado y este, por exportar el experimento de las políticas neoliberales de Ayuso a las demás comunidades regentadas por el PP y sus socios ultras.
Que el ABC se alarme, a mí personalmente me pasa como afirman los gaditanos cuando tienen miedo: "se me está poniendo los vellos a metro".
Y todo por querer aplicar las políticas fiscales basadas en el pajillero de Laffer.
Os recuerdo que
Liz Truss, probablemente la primera ministra de UK más incompetente que haya gobernado jamás en su historia, duró en el cargo sólo 45 días. Se hacían apuestas sobre si tardaría en dimitir menos que en pudrirse una lechuga y
ganó la lechuga.
Aún en ese reducido periodo de tiempo le bastaron para quemar 80.000 millones de libras (unos 90.000 millones de "leuros") en los mercados bursátiles y, de paso, hundir la moneda, por aplicar las mismas gilipolleces que soltó Laffer después de haberse trasegado por el coleto un par de pelotazos del equivalante yanki al Machaco de 55% de graduación alcohólica.
Los británicos serán unos piratas pero gilipollas no son, y poco menos que le dijeron a través de los mercados, "te vas a quedar con tu puta madre, nena, pero no con mi pasta".
https://www.abc.es/economia/avalancha-rebajas-impuestos-ccaa-pp-minimiza-aportacion-20240524193129-nt.html
La avalancha de rebajas de impuestos de las CC.AA. del PP hunde la aportación fiscal de las herencias
Los derechos de cobro por Sucesiones y Donaciones caen un 20% entre enero y marzo, el doble de lo que habían estimado las autonomías
Las nuevas bonificaciones aprobadas para este año provocan desplomes de cerca del 40% en la recaudación de algunas regiones
Bruno Pérez, Madrid
24/05/2024 Actualizado a las 19:17h
«En el panorama autonómico actual se vislumbra una
tendencia a disminuir significativamente el gravamen aplicable a los parientes más próximos (cónyuge, ascendientes, descendientes, adoptados y adoptantes) hasta llegar, en algunos casos, a la práctica supresión del mismo». La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda volvió a advertir este año, en su informe anual sobre la fiscalidad autonómica, de la
acusada inclinación de los gobiernos autonómicos a eliminar las cargas fiscales en los impuestos de sucesiones y donaciones, los que gravan las herencias tanto en vida como con causa de muerte. Sin embargo, nunca antes se había avanzado en esa dirección como está sucediendo este año.
Los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas en el primer trimestre del año, recién publicados por el Ministerio de Hacienda, revelan un desplome sin precedentes de la aportación fiscal de los impuestos de sucesiones y donaciones. Entre enero y marzo las figuras que gravan las transmisiones de bienes y derechos a los herederos generaron cerca de 775 millones de euros, un 20% menos que los más de 975 millones de euros generados en el mismo periodo del año 2023.
La reducción de la carga fiscal sobre las herencias en el arranque del año incluso ha desbordado los cálculos de los gobiernos autonómicos, que habían anticipado en sus presupuestos una disminución de ingresos por Sucesiones y Donaciones del 9,5%. La foto que ofrecen los datos del primer trimestre del año muestra que ese objetivo de ahorro fiscal se habría más que duplicado.
Ola de rebajas de impuestos
El origen del movimiento parece claro. El aterrizaje del PP en el gobierno de un puñado de comunidades autónomas ha traído consigo la
generalización de la estrategia de rebajas fiscales que venían llevando a cabo la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, la Región de Murcia o Galicia a la inmensa mayoría del territorio nacional.
En los últimos meses, aprovechando la elaboración de los proyectos presupuestarios de 2024 y en algunos casos sin esperar siquiera a ese momento, los nuevos ejecutivos populares de Aragón, Baleares, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cantabria y La Rioja han planteado y aprobado rebajas fiscales de diferente intensidad en los impuestos de Sucesiones y Donaciones para avanzar en la desfiscalización de las herencias entre familiares cercanos, reducir las cargas sobre las transmisiones a familiares lejanos y abaratar también la cesión de inmuebles destinados a vivienda habitual tanto en vida como por causa de muerte.
Los efectos no se han hecho esperar. En Baleares los impuestos pagados por los herederos se han desplomado un 38% entre enero y marzo, en Cantabria han caído un 35%; en Extremadura, un 16%; y en la Comunidad Valenciana, un 38%. En la mayoría de los casos, la recaudación ha caído más de lo que esperaban las autoridades.
Ojo al déficit
De mantenerse esta tendencia en el conjunto del año el decidido paso adelante dado en la desactivación de las cargas fiscales sobre los herederos, lo que algunos han dado en denominar el 'impuesto a la muerte', puede convertirse en un problema añadido en el ya peliagudo camino que les espera a las comunidades autónomas para cumplir no solo ya el objetivo de superávit del 0,2% que les ha impuesto el Gobierno sino la regla de gasto establecida por Bruselas.
Las comunidades autónomas han previsto en sus proyectos presupuestarios obtener cerca de 2.900 millones de euros de estas figuras, lo que supone una caída del 10% respecto a los 3.297 millones generados el año pasado; pero a este ritmo la recaudación por estas figuras ni siquiera alcanzaría los 2.600 millones. Se trata de cerca de 700 millones de euros en menores ingresos en términos estructurales, que se unirían a los más de 1.500 millones de euros a los que ya renunciaron el año pasado con sus medidas de alivio en el Impuesto sobre la Renta. Es decir, 2.200 millones extra de ajuste de gasto, en un ejercicio en el que para cumplir con su parte en el proceso de consolidación fiscal que debe encarar España las autonomías deben ajustar ya cerca de 17.000 millones de euros.
