CCAA pobres pierden + de 800 mill en inversión por el estatut
Las CCAA pobres pierden más de 800 millones en inversión por el Estatut
El temor ya tiene su traducción en cifras. Realizar en Cataluña una inversión proporcional al peso de su PIB, algo que no sucede en ninguna de las grandes economías, castiga a las regiones menos desarrolladas.
Igualar la inversión del Estado en Cataluña al peso de su PIB en el conjunto de España–como reclama el Estatut– puede no costar muy caro al Gobierno. Pero sí al resto de las autonomías, que verán cómo los fondos necesarios para compensar a Cataluña saldrán de sus propias arcas: la tarta tiene 17 porciones y hacer una más grande requiere reducir las demás. Y no precisamente el trozo de las regiones prósperas, ya que todas ellas reciben recursos inferiores al peso de su economía. Serán las comunidades más pobres las que deberán hacer un mayor esfuerzo, pues sin excepción se embolsan fondos superiores a su PIB.
Los datos de 2005 muestran, en concreto, que el PIB catalán supone el 18,8% del nacional, frente al 14,6% que representan sus inversiones. Igualar ambas cifras requería incrementar los recursos que recibe del Estado en 833 millones, equivalente a los fondos que reciben en un año Aragón, Asturias o Murcia, o dos veces los que se embolsan el País Vasco o Cantabria.
Es cierto que Cataluña, medido en estos términos, presenta un déficit de inversiones. Pero la situación se repite en Madrid, la Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra o el País Vasco, regiones que acompañan a Cataluña en el ránking de riqueza. Así, el PIB madrileño pesa el 17,7% del nacional, pero sus fondos suponen el 13,2%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y de los Presupuestos de este año.
La proporción es aún más abultada para el caso de las comunidades forales: el peso del PIB vasco es tres veces superior a la inversión que recibe y dos más en el caso navarro. También Baleares recibe una tercera parte.
Dotar a estas autonomías de más recursos –similares al peso de su economía– pasaría, por tanto, por arrancar el aumento necesario a aquellas que reciben recursos superiores a su PIB, lo que sucede en el resto de Gobiernos regionales, precisamente, los de menor renta per cápita. Andalucía logra el 15,7% de las inversiones, dos puntos por encima de su representación en la economía nacional. En Asturias, Galicia, Cantabria, Aragón o las dos Castillas supone más o menos lo mismo. En La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla la diferencia sólo es ligeramente inferior.
El Ejecutivo prevé un incremento del techo de gasto modesto para el próximo año, con lo que aún es prematuro cuantificar las subidas de las que se beneficiará Cataluña. Pero el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya se ha comprometido a aumentar “sustancialmente” la inversión en Cataluña en los próximos años. Un incremento que no parece que irá acompañado de otro de la inversión total, según los planes del Ejecutivo.
El esfuerzo derivado de esta promesa no será el único para las arcas regionales. La aplicación del proyecto de Estatut exige (en la disposición adicional séptima) que se abone en un plazo de diez años el déficit fiscal que mantendría Cataluña por su desembolso al resto de España, a causa de la mayor riqueza de esta comunidad y del actual sistema de financiación.
Esto debería suponer un pago total hacia las arcas catalanas de 11.307 millones de euros, algo que, a la vista del notable impacto económico que supondría para las finanzas nacionales, las propias filas del tripartito catalán han aceptado rebajar a la mitad, a 6.000 millones de euros, es decir, 600 millones por año (ver EXPANSIÓN del 25 de octubre de 2005).
El golpe de este trasvase de fondos también sería desigual. Las comunidades más pobres volverían a ser las más castigadas, debido a que son ellas las que más dependencia tienen de los fondos de solidaridad creados por el Gobierno.
Así, Andalucía, Galicia, Extremadura, y Castilla y León se convertirían en los grandes perjudicados, siempre que el Gobierno