A lo largo de la serie de propuestas que hoy finalizo me he centrado en los problemas económicos fundamentales que afectan a nuestro país, lógicamente, con más buena voluntad que rigurosidad técnica. Se trataba de aportar ideas en fase conceptual por si alguna formación política se atrevía a desarrollarlas en su programa, aún a falta de un análisis académico más profundo. Y, en todo caso, pretendía bajarme de la etapa de críticas a los responsables de la crisis, en la que estamos estancados, para abrir un debate sobre soluciones, por poco convencionales que parezcan muchas de ellas. Espero que mi contribución sea valorada sin prejuicios ideológicos, porque las ideas no están enfocadas hacia ningún partido concreto.
En este último post de la serie os propongo, como bonus track, una batería de ideas que afectan a nuestra organización como país. Las instituciones cuestan dinero, lo sabemos bien. No se va a resolver el problema del déficit recortando en diputaciones y en teles autonómicas. Pero las Administraciones Públicas están obligadas a replantearse la manera de gestionar los recursos colectivos con gestos, con redefinición de procesos y con una buena dieta de burocracia y organigramas. Concretando:
1.- Descentralización. En los últimos tiempos se ha instalado en el debate partidista la necesidad de volver a centralizar competencias, recursos y, en definitiva, poderes. Me da que la razón no tiene nada que ver con criterios de eficiencia, sino con el fin de la barra libre. No está escrito en ninguna parte que el federalismo tenga que ser despilfarrador e insolidario, el problema es que las entidades locales carecen de incentivos para hacer las cosas bien, ya que siempre hay una entidad superior a la que culpar de todos los males posibles. Si el gasto está descentralizado pero no lo está la fiscalidad, nuestro modelo organizativo no va a funcionar nunca. Mi modelo es el de un estado autonómico en el que las regiones tengan que competir, rindiendo cuentas a sus propios ciudadanos-votantes por su propia supervivencia política y no porque lo diga una regla de gasto. Creo que en España podrían convivir perfectamente regiones con modelo liberal junto con regiones de corte escandinavo. Y, por descontado, entiendo que deben ser las comunidades quienes decidan qué prestaciones pueden permitirse con sus propios recursos, salvando la universalidad de los servicios básicos.
2.- 3 niveles de gobierno. Se puede funcionar perfectamente con un gobierno central, un gobierno autonómico y un gobierno municipal, siempre y cuando las competencias de cada uno estén bien claras. Me parece de cajón lo de suprimir diputaciones y ayuntamientos pequeños. Por acá, en La Montaña, tenemos valles enteros que podrían gestionarse con una sola entidad mancomunada y una buena red de emprendedores que ayuden a Mahoma a acercarse a la Montaña (nunca mejor dicho). Que no se avance en este tema es cuestión política.
3.- Poder legislativo. A mí no me disgusta el modelo bicameral, siempre que diputados y senadores sean elegidos en un sistema de listas abiertas y desbloqueadas. Propongo que el Congreso tenga la última palabra en temas de interés nacional y el Senado decida sobre problemas de coordinación territorial y agravios comparativos. No me preocupa que los partidos sean de ámbito nacional, en términos de libertad e independencia prefiero que haya 19 pesoes a 1 pepé monolítico. Me preocupa que me representen y que se paguen sus campañas ellos solitos.
4.- Gobierno Central. Principio de economía organizativa, eliminando la tercera línea de altos cargos (cuyas funciones serían desempeñadas por trabajadores públicos). Suprimir los Ministerios relacionados con competencias autonómicas, descargando las funciones ejecutivas de coordinación en una cartera de Administraciones Públicas. (Sí, estoy diciendo que sobran los Ministerios de Educación y Sanidad porque entiendo que su gestión y su financiación deben ser autonómicas).
5.- Justicia. El gran agujero negro de nuestra política y de nuestra economía. Sobran garantías procesales y faltan equilibrio, seguridad y asunción de responsabilidades. El problema del fraude fiscal no se soluciona elevando a 10 años el plazo de prescripción, medidas de este tipo sólo sirven para confirmar la inoperancia de la Administración y de nuestro sistema tributario. Propongo que los conflictos laborales, fiscales, mercantiles e inmobiliarios vayan siempre por la vía rápida (universal, gratuita y vinculante pero extrajudicial). Y el que quiera más garantías (como los morosos que pretenden ganar tiempo o los que juegan a desanimar a la parte más débil), que pague peaje desde el minuto 1. Si algo me pone de mala leche, es que algunos se aprovechen de la complejidad normativa y procesal para irse de rositas.
Bien, entiendo que estas cuestiones institucionales levantan pasiones por su naturaleza política pero los ciudadanos tenemos derecho a decidir, con la cabeza bien fría, cómo queremos organizarnos. De ello dependen la convivencia y el bolsillo. Se abre el debate.
Para la semana que viene tengo previsto currarme una tabla-resumen con todas las propuestas de esta serie bien organizadas.
Saludos y buena semana.
