El Derecho al Trabajo y otras bromas

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Las últimas semanas han venido cargadas de malas noticias acerca de nuestro mercado laboral. A pesar de que los brotes verdes del crecimiento, la inflación y la confianza están empezando a madurar, las estadísticas oficiales del desempleo siguen dando sustos como el de esta semana, con 60.000 parados registrados más. Continúan sucediéndose los rumores y los titulares sobre nuevos expedientes de regulación, unos consensuados con los trabajadores y otros porque sí -lo cual demuestra que lo de la flexibilidad va más con el talante de los agentes económicos que con cuestiones estructurales-. Y yo no paro de recibir solicitudes de formación de arquitectos e ingenieros en la estacada, con unos historiales académicos extraordinarios, a los que espero poder ofrecer algo con valor añadido suficiente. Me pregunto para qué sirven unos datos de crecimiento que no se apoyan en una mejora del empleo sino en un puro ajuste matemático: menos trabajadores para un nivel de producción que empieza a estabilizarse e incluso a mejorar. No me obliguéis a dar nombres.

Por otro lado, le echo un vistazo a los números de la economía sumergida y empiezo a sentir verdadera compasión de la Ministra Salgado. La cual, por cierto, acaba de situar nuestro desempleo estructural en el 7-8%, o lo que es lo mismo: por muy bien que vaya la economía, nuestros servicios de desempleo van a seguir registrando, al menos, un 7% de población activa que no estará precisamente cambiando su trabajo por otro mejor. Esta tasa de desempleo es una catástrofe en Estados Unidos o en Alemania; en España es el mejor dato que se consiguió en tiempos de Aznar, y forzando la máquina del ladrillo y del turismo, como ya sabemos.

Digo que siento compasión de la Ministra porque a ver quién es el guapo que se atreve a legislar en una economía que apenas responde a ningún estímulo ni clásico ni keynesiano. Entre las soluciones clásicas -si queréis, las de derechas- no sirve bajar los impuestos directos porque, de hecho, la gente tiene fórmulas suficientes para no pagarlos. No hay más remedio que subir los indirectos -los más ineficientes e injustos- para no endeudar más al país. Tampoco sirven de mucho las variopintas modalidades de contratación que facilita nuestro entramado jurídico al empresariado (todas orientadas al chanchulleo, ninguna hacia la productividad). Entre las soluciones keynesianas -si os parece, las de izquierdas- apenas podemos hablar del éxito del plan 2000E, por supuesto para los concesionarios, que han conseguido explotar la ilusión monetaria de los compradores. Qué curioso que una falsa rebajita de 2000 lerdos consiga movilizar la demanda como lo ha hecho. No tengo más remedio que felicitar a los ministros implicados y lanzar una pregunta al respetable público: ¿es posible hacer otra política económica en un país tan peculiar como España? ¿Es posible garantizar que el derecho al trabajo y otros se conviertan en hechos? Aún concediendo que es necesaria una reforma laboral, ¿todo el mundo sabe de qué estamos hablando?

A pesar de la lluvia de críticas que ha recibido la Ley de Economía Sostenible -alguna que otra merecida, sin duda- creo que el problema principal de esta iniciativa se encuentra precisamente en el instrumento jurídico utilizado: la Ley. A mí, personalmente, me parece una broma pretender obligar a una señora Economía a ser sostenible. Sobre todo teniendo en cuenta que la Economía no es otra cosa que sus agentes económicos. Si la economía no se sostiene como dice la Ley, ¿quiénes y cómo van a ser sancionados por incumplimiento? Si de lo que se trata es de tener una hoja de ruta, un catálogo de ideas a desarrollar a medio plazo o una declaración de intenciones compartible por una mayoría cualificada, opino que el Gobierno tendría que haber optado por impulsar un Plan Estratégico a 5 años, como hacen algunos ayuntamientos y alguna Comunidad Autónoma. Y es que las Leyes en España son bastante efímeras y las más relevantes no aguantan más de una legislatura. No espere el actual Ejecutivo que su sucesor acepte sin más el legado, en especial si es de otro signo.

Pues bien, mientras buscamos respuesta a los anteriores interrogantes, repasemos algunas de las perlas económicas que incluye nuestra Constitución. Buen fin de semana.

Artículo 31.

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley.
Artículo 33.
1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por
las Leyes.
Artículo 35.
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Artículo 37.
1. La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La Ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Artículo 38.
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
Artículo 40.
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
Artículo 47.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Artículo 131.
1. El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por Ley.
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