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No me considero un antisistema en materia económica. Prefiero seguir una línea más o menos correcta, en el plano de lo posible, porque es la forma más realista de trabajar por los más desfavorecidos. Pero reconozco que, a veces, no viene mal una cierta dosis de utopía, antiglobalismo e, incluso, de humor chavista anti-imperio (disculpen los aludidos por mezclar tres conceptos distintos en la misma frase).

Mi artículo número 100 va para la inquilina de Barcelona que decidió romper la baraja. En caliente, hace dos días, sólo hubiera aportado sapos y reptiles contra demasiada gente, empezando por la madre que parió al personaje propietario del pisito en cuestión. Se me ocurren muchos argumentos y palabros anti-sistema para iluminar el calentón. Como, por ejemplo, aplicar el término crucificado a los que ni siquiera tienen un lugar en las estadísticas. Por suerte, ahora tengo la mente fría y con pocas ganas de meterme con el enemigo en plena Semana Santa. Y eso que es ahora cuando se confirma que la inquilina estaba entre los escombros.

Vuelvo a mi línea de corrección y pido a mis lectores que no le echen la culpa a las ayudas de emancipación, los incentivos a los caseros y demás intentos de poner orden en el anti-mercado-de-alquiler español. Ya sabemos de la picaresca nacional y algún medio se ha encargado de recordar, con detalles tipo CSI y Mentes Peligrosas, que el suicidio de Ana podía ser una venganza contra tal injusticia. Yo prefiero hablar de toque de atención. Y no pretendo condenar a toda la clase propietaria, ni mucho menos, que también tiene sus víctimas inocentes. Es que hay que pensar que el mercado es un mecanismo para poner de acuerdo a dos partes y no para que una de ellas abuse y pisotee a la contraria.

España debe ser el único país de Europa donde el propietario considera que, además de sacarse un extra bastante fino por el alquiler, debe recibir un complemento de peligrosidad en compensación por negociar con el malvado inquilino. Lo siento pero los datos no apoyan esta pretensión. La morosidad en el alquiler apenas llega al 1% del total. Existen los seguros, los avales y las fianzas. Los problemas ya no se resuelven en el juzgado sino por medio de un procedimiento arbitral que siempre se resuelve a favor del propietario. El Gobierno trabaja, para que no haya excusas, en desahucios rápidos del tipo patada en la puerta. Y no olvidemos la desgravación fiscal y la ayudita de 6000 euros sin condiciones para adecentar el chamizo. Señores caseros españoles: ¿qué más hace falta?

La única salida al problema inmobiliario es un alquiler libre o protegido que permita solucionar la necesidad de un techo al potencial inquilino a la par que garantizar una rentabilidad legítima y razonable al potencial propietario, sea un particular o un empresario del sector. La pretensión de una de las partes de someter al contrario sólo va a provocar más dramas personales, además de alargar innecesariamente la desaceleración que estamos padeciendo.

No quisiera radicalizar mi postura y alinearme con los que exigen expropiaciones forzosas para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Creo que no va por ahi la cosa. Tampoco por la VPO en propiedad. Pero esto ya da para otro artículo. Continuará.
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