La economía y el medio ambiente están directamente relacionados. Las inversiones verdes fomentan y premian la actividad medioambiental de instituciones y empresas. Acabar con la pobreza, proteger el planeta y asegurar un futuro prometedor son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se presentaron en 2015 junto al Acuerdo Climático de París. La financiación sostenible nació a raíz de estas metas para promover la sostenibilidad del medio ambiente.
La financiación sostenible es aquella que unifica la deuda de las instituciones públicas o privadas que están comprometidas con la financiación o refinanciación de proyectos verdes y responsables con el medio ambiente y la sociedad.
Las organizaciones que desarrollan proyectos verdes pueden beneficiarse de los bonos verdes. Se trata de bonos de renta fija destinados a la creación o apoyo a planes medioambientales. El resultado de estas actividades deberá ser favorable para la naturaleza.
Estos planes están relacionados con el medio ambiente como el uso de energías renovables, el reciclaje o el uso eficiente de los recursos naturales. También tienen cabida los planes que tienen como protagonista a la sociedad. Dentro de esta categoría se puede hablar de salud alimentaria, creación de empleo o acceso a servicios esenciales como la vivienda.
Principios de la financiación sostenible
La financiación sostenible se basa en lo establecido en los Green Bond Principles (GBP) y los Social Bond Principles (SBP) publicados en 2014 y 2017, respectivamente. La Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA) fue quien elaboró estos principios.
Se presentan como una guía voluntaria y tienen como objetivo fomentar la financiación sostenible a partir de bonos verdes o sociales, dependiendo de la actividad de la compañía. Esta debe cumplir una serie de parámetros si quiere beneficiarse de las inversiones que ofrece la financiación sostenible.
- Destino de la financiación: el capital recibido debe emplearse en proyectos y actividades que fomenten la sostenibilidad del medio ambiente y los beneficios sociales.
- Selección y evaluación de proyectos: los inversores deben conocer los objetivos y el plan de actuación del emisor. De esta manera, se seleccionan y evalúan los planes que favorecen al medio ambiente y a la sociedad.
- Gestión de la financiación: los fondos que recibe el emisor han de depositarse en una cuenta independiente. Es decir, los bonos verdes tienen que separarse del resto del capital de la empresa.
- Información disponible: el emisor está obligado a informar periódicamente del proyecto, en aspectos tales como los objetivos cumplidos o el impacto medioambiental, así como del destino del capital recibido mediante los bonos verdes y sociales.
Además, de los bonos verdes y sociales existen los bonos sostenibles, cuya financiación se destina a proyectos medioambientales y sociales.
Perspectivas favorables para los bonos verdes
De hecho, 2018 ha sido un año muy favorable para estos activos. Moody’s apunta que los emisores españoles colocaron en el mercado bonos verdes por más de 5.000 millones de euros. La misma firma prevé que, en 2019, las emisiones de bonos verdes lleguen a cerca de 175.000 millones de euros, en aumento de 20% respecto a los cerca de 145.000 millones alcanzados en 2018, que a su vez había crecido un modesto 6% respecto al año anterior. Algunas instituciones públicas españolas, como el Gobierno Vasco y la Comunidad de Madrid han sido pioneras al lanzar sus propias emisiones de bonos verdes en 2018. Por su parte, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) anunció que la entidad planea lanzar a mediados de 2019 una emisión de bonos verdes, con el propósito de financiar inversiones en energías limpias.
Moody’s atribuye este aumento de emisión a factores como la considerable demanda por parte de los inversores, las políticas medioambientales para atajar los efectos del cambio climático y la cifra creciente de emisores de bonos verdes que repiten.
