ME Cajon de Sastre

Norbolsa | BMW, Mercedes y Volkswagen estarían en negociaciones avanzadas con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, sobre los aranceles, lo que indica que las partes estarían cerca de un posible acuerdo.

Los fabricantes alemanes están utilizando como argumento sus actuales inversiones en el país , con el objetivo de lograr una revisión favorable de los aranceles. Las compañías confían en alcanzar un acuerdo con el Departamento de Comercio antes de que finalice el próximo mes, aunque fuentes citadas por Reuters indican que probablemente será necesario comprometer nuevas inversiones en EEUU para asegurar un trato beneficioso.

Alphavalue / Divacons | La Comisión Europea impuso una multa total de 329 M € a Glovo y Delivery Hero por formar un cártel en el sector del reparto a domicilio durante cuatro años, desde julio de 2018 hasta julio de 2022. Tras caso tres años de investigación, Glovo deberá pagar 106 M € y Delivery Hero 223 M €. La Comisión señala que las prácticas anticompetitivas comenzaron cuando Delivery Hero adquirió una participación minoritaria en Glovo en julio de 2018, y ambas compañías acordaron no competir por captar profesionales, una acción especialmente relevante en sectores tecnológicos y de rápido crecimiento como el reparto a domicilio.

MADRID (EP). El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que cada aumento de 10 puntos porcentuales en los aranceles estadounidenses sobre la UE "podría reducir el PIB de España en aproximadamente un 0,1% a corto y medio plazo", sin considerar posibles no linealidades, nuevos picos de incertidumbre y disrupciones en las cadenas de valor globales que podrían generar cuellos de botella en el suministro.

El organismo internacional ha insistido, asimismo, en que las autoridades españolas deberían aprovechar el sólido impulso del crecimiento para reconstruir con mayor rapidez el margen fiscal y reducir los riesgos de la deuda soberana, en el contexto de un plan fiscal a medio plazo mejorado.

Las conclusiones de las consultas del directorio ejecutivo del FMI sobre el informe anual 'Artículo IV' para España apuntan a que, en ausencia de nuevas medidas de consolidación, además de los aumentos de las cotizaciones a la seguridad social derivados de las reformas de las pensiones de 2021-2023 y la no indexación de los tramos del IRPF, el déficit se estabilizaría por encima del 2% del PIB para 2030, mientras que la ratio deuda/PIB se mantendría por encima del 90% antes de volver a aumentar a largo plazo a medida que se intensifican las presiones fiscales derivadas del envejecimiento de la población.

En este sentido, sopesando los riesgos fiscales, por un lado, y la sólida posición cíclica de la economía, por otro, el personal técnico del FMI recomienda a España adelantar el ajuste del 3% del PIB previsto por las autoridades para el período 2025-2029 en lugar del periodo 2025-2031.

"Este esfuerzo, que requeriría alrededor de 2 puntos porcentuales del PIB en nuevas medidas, debería respaldarse con un plan fiscal a medio plazo mejorado que establezca prioridades bien definidas de aumento de impuestos y reducción del gasto", sostiene la institución internacional.

De tal manera, el FMI considera que la armonización del IVA y la mejora de la tributación ambiental permitirían a España alcanzar el objetivo recomendado, reduciendo al mismo tiempo las distorsiones económicas.

Asimismo, dada la creciente brecha prevista entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la seguridad social en las próximas décadas, "también deberían emprenderse reformas previsionales, priorizando las opciones que favorezcan el empleo".

Por otro lado, si se materializan los riesgos a la baja, el FMI subraya que la política fiscal debería mantenerse flexible, permitiendo que los estabilizadores automáticos actúen, advirtiendo de que el apoyo discrecional temporal sólo debería considerarse en caso de una perturbación grave y siempre que los costes de financiación soberana se mantengan bajos.

MADRID (EP). La Organización Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una petición formal ante el Banco de España para que establezca criterios técnicos u orientaciones sobre los límites máximos que pueden fijar las entidades para las transferencias inmediatas, de modo que "no resulten desproporcionados ni desincentiven su uso".

A través de un comunicado, recuerda que, siguiendo el Reglamento (UE) 2024/886, todas las entidades están obligadas a ofrecer transferencias inmediatas antes del 9 de octubre de 2025, lo que permite enviar dinero en segundos, todos los días del año, incluidos festivos. Además, desde el pasado 9 de enero de 2025, no pueden cobrar más por ellas que por las transferencias ordinarias.

Señala que los todos los bancos se han adaptado a la normativa, por lo que, dado que casi ninguno cobra comisiones por las transferencias ordinarias cuando se realizan online, tampoco lo hacen por las transferencias inmediatas.

Sin embargo, ha denunciado que muchas entidades "están aplicando límites injustificadamente bajos, lo que impide a los usuarios beneficiarse plenamente de este servicio". En concreto, explica que, aunque la normativa europea fija un límite legal de hasta 100.000 euros por operación, "algunos bancos apenas permiten transferir 500 o 1.000 euros".

"Resultan especialmente llamativas las condiciones establecidas por Ibercaja, que limita el importe de las transferencias inmediatas a un máximo de 500 euros por operación; de la Caja de Ingenieros, que las limita a 700 euros por operación; y las de BBVA y Bankinter, hasta un máximo de 1.000 euros por operación. Del mismo modo que fijan límites diarios no mucho mayores", señala, agregando que ha observado que se trata de una práctica común "a la gran mayoría de las entidades financieras".

OCU sostiene que el objetivo del reglamento europeo es fomentar el uso de los pagos inmediatos, facilitando su acceso en igualdad de condiciones que las transferencias tradicionales. No obstante, para la asociación, estos límites "bajos" suponen, en la práctica, "una barrera que fuerza a los usuarios a fraccionar pagos o bien a renunciar a los beneficios de la inmediatez, recurriendo a transferencias ordinarias que pueden tardar hasta dos días en completarse".

Por ello, ha pedido al Banco de España, que establezca criterios "claros" y que promueva que, cuando un cliente pueda ordenar una transferencia ordinaria por un importe determinado, también pueda realizar una transferencia inmediata por igual cantidad.

Asimismo, ha solicitado al Banco de España que garantice que los límites impuestos por las entidades sean "transparentes, modificables por el usuario, y estén justificados por motivos de seguridad reales, y no por restricciones comerciales".