POLÍTICA
Los jueces advierten a Ada Colau: incumplir la ley es un delito y puede llevar a la inhabilitación
POR EP Madrid Actualizado: 01/06/2015 16:32 horas
Colau ha llegado a decir que "si hay que desobedecer las leyes que nos parezcan injustas, se desobedecerán", en referencia a la realización de una consulta por la independencia de Cataluña.
El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sesmero Iglesias, advirtió hoy a la candidata a la alcaldía de Barcelona, Ada Colau, de que la desobediencia a las leyes es también "corrupción" y puede incurrir en responsabilidad penal por prevaricación "por mucho que a ella le parezca injusta la ley que incumpla".
Sesmero realizó estas declaraciones tras la afirmación de Colau, en una entrevista concedida a El País, en la que asegura que "si hay que desobedecer las leyes que nos parezcan injustas, se desobedecerán" y apuntaba directamente a la realización de la consulta por la independencia de Cataluña.
En declaraciones a Europa Press, dejó claro que "la desobediencia está castigada y cualquier responsable político, por mucho que considere injustas las leyes, puede incurrir en responsabilidad penal por prevaricación". Además, advirtió que "la mejor manera de que un responsable político dure poco en un cargo es incumplir las leyes, como se ha visto en casos más recientes".
En opinión de Sesmero, "incumplir las leyes no deja de ser un elemento y una forma de corrupción". De hecho, explica, "para otorgar determinados hechos administrativos se utiliza el atajo de incumplir la ley y eso no es más que un acto de corrupción".
En el caso que plantea Ada Colau de incumplir la ley para realizar la consulta soberanista, el portavoz de Francisco de Vitoria recuerda las resoluciones en contra de esta decisión adoptadas por los tribunales en los intentos realizados por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Incurrir en prevaricación
En este sentido, aclara que si Ada Colau llega a la alcaldía y comienza a incumplir las leyes que no le gusten podría incurrir en prevaricación, que no conlleva pena de cárcel pero sí de "multa e inhabilitación para ejercer el cargo".
Y aclara, además, que si para incumplir esas leyes acaba por realizar algún otro tipo de delito como falsedad documental, entonces sí puede llegar a incurrir en "pena de cárcel".
Conrado Gallardo, portavoz del Foro Judicial Independiente, dejó claro que la desobediencia de las leyes "va contra el Estado de Derecho que es la base de la democracia y puede animar a otros a incumplir las leyes que, a su vez, les parezcan injustas". "Eso y el caos es lo mismo", apostilló.
Gallardo estima que el incumplimiento del ordenamiento jurídico es una "falta de respeto a los demás y una falta de sentido democrático". "Así lo establece el Consejo de Europa", aclaró y añadió que "la democracia, si no se respeta el derecho, conduce a la segunda guerra mundial, porque lo que les permitió llegar al poder a Hitler y a Mussolini fue no respetar las normas por las que fueron elegidos". En su opinión, "estamos hablando de experiencias que deberíamos tener completamente asumidas".
Avisa también a Colau de que si incumple las leyes "incurrirá en delito como cualquier otro ciudadano". Si lo que hace es una consulta independentista, dijo, el delito puede llegar a ser el de "rebelión o sedición", pero, concluyó, "hasta que no se produzca la desobediencia no se sabrá el delito que ha cometido".
Posibles consecuencias penales
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, asegura que la desobediencia a las leyes puede llegar a tener consecuencias penales, aunque, precisa, que depende del "caso concreto".
En este sentido, explicó que "las Leyes y el resto del ordenamiento jurídico se deben cumplir por parte de los ciudadanos y de los cargos públicos y este tipo de opiniones de desobediencia civil hay que enmarcalos en un contexto de reivindicaciones políticas".
En ese contexto, recuerda las que tienen "tradición histórica como la desobediencia de Gandhi, la de Martin Luther King, o la practicada por los insumisos contra el servicio militar obligatorio". "Lo que hicieron fue desobedecer las leyes para que cambiaran".
Pero dejó claro que, en cualquier caso, "el ordenamiento se tiene que aplicar y puede llevar a consecuencias. En muchos casos la respuesta penal fue la cárcel y en otro tipo de casos, tuvo otras consecuencias".
"Habría que ver el caso concreto, y ver las consecuencias jurídicas, no toda desobediencia tiene una consecuencia idéntica. Puede ser nulidad administrativa y en otros casos, consecuencia penal", apostilló.
El portavoz de Jueces para la Democracia discrepa de su compañero de la Asociación Francisco de Vitoria y cree que la desobediencia de una Ley no es corrupción: "la corrupción es otra cosa diferente, es buscar un beneficio personal al margen de un interés general para enriquecerse u obtener ventajas en el caso político como financiación ilegal".
Sin embargo, considera que "la desobediencia civil no pretende un enriquecimiento personal, sino un cambio de las leyes". "Si el que las desobedece asume la sanción que le corresponda lo tendrá que valorar en función de su ideología y de su estrategia política, pero todas las personas han de cumplir las normas".
En cuanto a la posibilidad de que pueda llegar a ser inhabilitada, Joaquín Bosch explicó que "depende de la infracción jurídica que se cometa". "De hecho --añadió-- los insumisos querían que se derogara el servicio militar obligatorio y la respuesta jurídica fue la prisión, aunque también es cierto que consiguieron su objetivo que fue derogar la ley".
El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Alvaro Girón, dejó claro que el cumplimiento de la ley es el "principio básico del Estado de Derecho que garantiza la igualdad para los más desfavorecidos". Esto, recalcó, que las leyes las cumplan todos es lo que lo garantiza.
En su opinión, "una cosa son las manifestaciones y luego los hechos". Por ello, cree que "habrá que estar en su momento a lo que haga" la señora Colau si accede a la alcaldía de Barcelona. Pero insistió, de cualquier modo, en que "cumpliendo la ley es cómo se defiende que los débiles estén protegidos". "La ley protege al más débil no al más fuerte", concluyó.
Sobre las posibles sanciones que podría acarrear la desobediencia del ordenamiento jurídico, afirmó que es necesario distinguir la manifestación de la realidad de los hechos y ver "cómo se concretan", para poder establecer los delitos y, en su caso, las penas.
El portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías, aseguró, en declaraciones a Europa Press, que incumplir la Ley "puede implicar un delito de prevaricación", que conlleva una pena de "inhabilitación" para ejercer el cargo.
Cargos electos
"Las leyes las hacen los Parlamentos, donde reside la soberanía popular, ya sean las Cortes Generales o los parlamentos autonómicos y todos los ciudadanos estamos obligados a su cumplimiento, sobre todo los funcionarios públicos y desde luego los cargos electos".
Emilio Frías no se muestra tan categórico a la hora de calificar el incumplimiento de la Ley como "corrupción". En su opinión, "el problema es qué entendemos por corrupción, si consideramos que lo es todo delito cometido por un funcionario público, entonces sí lo es". "No lo sería si lo que entendemos por corrupción es meter la mano en el bolsillo de otro o de un organismo público. Habría que ver caso por caso", explicó.
De cualquier modo, dijo que ambos delitos están recogidos en el Código Penal y "desde luego --puntualizó-- una de las consecuencias puede ser la inhabilitación para ejercer el cargo". En este sentido, Emilio Frías explica que el artículo 404 del Código Penal establece pena de inhabilitación, no de prisión. Pero añade que si para incumplir la ley se cometen otros delitos como el de falsedad en documento público, eso sí conlleva pena de cárcel.
http://www.expansion.com/economia/politica/2015/06/01/556c6b86ca4741fc798b458a.html
