Echara sanchez a griñan y chaves del PSOE ?

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE en Andalucía, considera que el PSOE, como partido que sustentaba al Gobierno andaluz, fue “beneficiario” del “uso absolutamente discrecional” de los fondos públicos y que le produjo “réditos políticos y electorales”.
En la exposición razonada que ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre los aforados autonómicos, señala que indiciariamente “el beneficiario de manera mediata o indirecta del uso absolutamente discrecional de los fondos públicos por parte de la administración fue el propio partido de Gobierno (PSOE) al engrasar durante años y de esta forma las relaciones con empresarios y sindicatos, lo que le generaría réditos políticos y electorales”.
La exposición, a la que ha tenido acceso Efe, se refiere a los cuatro aforados por ser diputados autonómicos: Carmen Martínez-Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio, que fueron consejeros en diferentes gobiernos andaluces.
Alaya precisa que los beneficiarios del supuesto fraude serían “próximos al poder político al tratarse siempre de subvenciones a personas o empresas con influencia en la Junta de Andalucía, ya fuera a través de los cargos de esta última o a través de los sindicatos y carentes de publicidad”.
La juez señala que los sindicatos cobraban “importantes comisiones” por el pago de las subvenciones, que beneficiaron a más de 260 empresas.
En la exposición enviada al TSJA, Alaya insiste en que el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves aprobó los programas de financiación en varios acuerdos entre 2005 y 2007, a pesar de los expedientes emitidos por el interventor general.
En otro momento de la exposición, la juez señala que durante el primer año de mandato de Manuel Recio como consejero de Empleo se concedieron ayudas “al margen de los procedimientos y controles legalmente previstos y con plena conciencia de su ilegalidad”.
En las 74 páginas de la exposición razonada insiste Alaya en que los consejeros y viceconsejeros conocían el sistema ilegal de las transferencias de financiación y que las mismas no se podían dedicar a conceder subvenciones a empresas.
Alaya señala que tanto a aforados como a no aforados se les puede imputar la coautoría o participación en un mismo delito, por lo que considera que “dividir aún más la causa provocaría la pérdida del enlace objetivo de los hechos y un absurdo procesal que se arrastraría durante años”.
Mercedes Alaya considera que la competencia del alto tribunal debe abarcar toda la causa, no solo lo relativo a los cuatro aforados, una tesis contraria a la mantenida por el Supremo y por la Fiscalía Anticorrupción, que habían pedido la división de la causa en piezas separadas.
Una vez que ha llegado la exposición razonada al TSJA, el trámite ordinario en la Sala de lo Civil y Penal es dar traslado al Ministerio fiscal para que informe si es procedente o no la admisión a trámite de la causa.
La causa de los ERE suma 243 tomos, más de 140.000 folios y la juez ha imputado por el momento a 229 personas sin contar a los nueve aforados de ambos tribunales

No se atreverá,estos estan pegaos con pegamento a la poltrona,llevan 30 años y no les quitas de ahi ni con guarrás.

la verdad es que el PSOE en andalucia esta institucionalizado es algo que entra dentro de lo que es andalucia ...el flamenco la giralda la semana santa y el PSOE...je je

LLevan demasiado tiempo en el poder. Al final te olvidas de cuando entraste y te crees que llevas ahi....desde los Reyes catolicos.
El PSOE es una cosa y el PSOE andaluz otra.Esos 30 años en el poder han creado a su alrrededor una red de clientes amigos intereses que hay que romper.
Si no se van no van a cambiar. Susana es mas de lo mismo.
Criticar el retraso en los recortes que hizo el gobierno para que no afectaran a su partido en las elecciones andaluzas casa mal adelantar ahora las elecciones por motivos electorales.Es lo mismo primero yo,luego mi partido, y luego los ciudadanos.
Susana es joven,pero sus maneras y su pensamiento es muy antiguo.Cuando hablan de gente joven no deberian mirar solo el carnet.
?en cuanto a quitarlos? es facil, se iran cuando los andaluces quieran que se vayan.
?Por que no quieren que se vayan?.Pues por lo mismo que los valencianos no quieren que los populares se vayan.
En democracia ya no puedes decir lo que tengo no me gusta. Si lo tienes, te gusta.
Y el sur, siempre sera otra cosa.

En España hay que acabar con muchas cosas.?La primera la corrupcion? No, hay algo mas importante,acabar con el hecho de que una causa tenga 140.000 folios.?Saben sus señorias lo que es un pincho?.
?Puede haber justicia si una causa como esta tiene 140.000 folios.¿ ?Pero quien coño se los va a leer?.?Cuando pretenden tener una sentencia¿.
España tiene una justicia del siglo XIX.
Cualquier sentencia que juzgue un caso con un monton de años de retraso es una mierda por mucho fundamento juridco que tenga y por muy ajustada a derecho que esté.
La justicia requiere inmediatez.La reparacion del daño requiere inmediatez y el castigo requiere inmediatez.
Una sentencia rapida puede ser mala o buena.Una sentencia con retraso siempre es mala.
Si seguimos asi cualquier dia vermos a la Juez Alaya repitiendo traje a la entrada del juzgado.Parece imposible pero si esto sigue demorandose......

La UCO de la Guardia Civil investiga, por orden de la juez Alaya, si el fraude de la formación sigue un procedimiento similar al de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Ahora se trata de descubrir los vínculos que existen entre las entidades que concentraron más subvenciones y quienes las concedían desde la Administración regional.

En un informe de 27 páginas, alertó a la magistrada sobre la pista de varias "bolsas de fraude" y motivó que decretara, tan sólo un día después de recibirlo, el secreto sumarial de parte de las actuaciones. Pero la UCO insiste en identificar "a las personas que han realizado las funciones de dirección y administración de las empresas y fundaciones y su relación con personas responsables de los órganos de la Administración concedentes de las subvenciones".

Tráfico de "coincidencias" socialistas

Libertad Digital investigó algunas de las sociedades altamente favorecidas por la administración. Por ejemplo, las del ex consejero de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda Avilés, cuya cuñada era en el tiempo de concesión de algunas de sus subvenciones directora general de Formación de la Junta de Andalucía, María Teresa Florido.

Otro caso es el del socio de despacho de la ex presidenta del PSOE de Andalucía, Amparo Rubiales y el que fuera asesor aúlico de Manuel Chaves, Javier Pérez Royo. Benjamín Muñoz Zamora fue denunciado tres veces ante la Fiscalía de Sevilla por subvenciones formativas irregularmente recibidas por él mismo y su familia según consta en la documentación que obra en poder de Libertad Digital.

La UDEF descubrió en la Operación EDU, que dio origen a esta macrocausa, que varias empresas beneficiadas con más de 1,9 millones de euros de la provincia de Almería estaban controladas por un dirigente socialista y por un empresario próximo a la Junta.

Según las diligencias previas del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en la etapa de Consejero del jerezano Antonio Fernández, la empresa Gálvez Peluqueros recibió 1.150.000 euros, pero las ayudas a este grupo "amigo" fueron más cuantiosas según la investigación judicial. En realidad, el grupo Gálvez recibió más de cinco millones de euros desde el año 2000: 1,15 en concepto de ayudas sociolaborales del "fondo de reptiles" y otros 3,94 destinados a cursos de formación (partida 32D), fomento del empleo (32B) y talleres de oficio y escuelas de empleo. La empresa Antonio Gálvez Peluqueros llegó a contar con 25 centros y más de 200 trabajadores.

Las primeras denuncias de 2001 llegaron a la Unidad Contra el Crimen Organizado (Udyco), que remitió a principios de 2004, a petición de la Fiscalía, un informe al juzgado de Instrucción número 2 de Jerez en el que cuestionaba la ascensión meteórica del grupo Gálvez, así como la concesión mayoritaria de cursos de formación del Plemca a esta empresa. El ex alto cargo de la Junta reconoció entonces que había recibido 2,7 millones de euros de este plan de empleo gaditano entre 1998 y 2004, aunque en todo momento sostuvo que nada tuvo que ver su vinculación al Partido Socialista.

El Partido Andalucista de la localidad jiennense de Martos distribuyó por el pueblo una hoja informativa en 2010 detallando la subvenciones otorgadas por el Gobierno andaluz en los tres últimos años a la empresa del marido de la alcaldesa, la socialista Sofía Nieto. El negocio conyugal también empezó a sumar subvenciones de la Junta coincidiendo con el ascenso de Nieto a la Alcaldía, en 2008. En concreto, y según denunciaron los andalucistas y se pudo verificar a través del BOJA, el centro de peluquería y estética Lara y Nieto Sociedad Limitada había recibido más de medio millón de euros destinados cursos de Formación Profesional Ocupacional.

Otras coincidencias socialistas

Sin afán de exhaustividad, con la información publicada hasta la fecha en ABC, El Mundo y Libertad Digital, puede hacerse el siguiente cuadro:

Rafael Velasco, vicesecretario general del PSOE-A hasta 2010, dimitió tras conocerse que la academia de su mujer, recibió 730.000 euros en ayudas.

El exdelegado de Empleo en Córdoba, Antonio Fernández, dio a su antigua autoescuela Virgen de Luna SL, 843.759 euros para dar clases.

El exedil socialista de Peñarroya (Córdoba) Mauricio Antonio Montiglia cobró 832.000 euros en subvenciones para reciclar a parados.

La Junta concedió 700.000 euros en ayudas para formación a un empresa del regidor de este municipio onubense, Felipe Rodríguez Nevado (PSOE).

Forja XXI, fundación dedicada a formar a extrabajadores de Delphi, está regida por Juan José Ruiz, cuñado del exconsejero Luis Pizarro.

Félix Martín, el presidente de la patronal de formación, fue en una lista del PSOE en Castilleja de Guzmán. Recibió 1,4 millones para cursos.

La empresa de José Sivianes, que recibió más de 5 millones, incluía entre sus administradores a un concejal socialista de Moguer (Huelva), Juan Luis Ferrer Rodríguez.

Ormar Informatic SLY otros en el seno de un grupo), de Roquetas de Mar era de Juan Fernando Ortega, ex candidato socialista a la alcaldía, y María Isabel Martínez. Recibió 500.000 euros de subvención a la formación entre 2010 y 2012.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE ha acusado al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández de recibir mordidas por importe de 602.806,72 euros en relación con la concesión de subvenciones sociolaborales, unos hechos que para la juez se desprende el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del ex consejero y su "entorno familiar".

El grupo Joly ha contado que la instructora, que ha ampliado la imputación a Antonio Fernández por un delito de cohecho por el que ha sido citado a declarar el próximo 3 de marzo, también atribuye la percepción de "dádivas o regalos" al que fuera delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, en este caso con la contratación de un hijo suyo por la empresa Heineken, que recibió ayudas de la Junta por importe de 16 millones y que pagó entre 2005 y 2010 al hijo de Rivas 182.118,88 euros.

El chivo expiatorio "perfecto" que no "canta"

En el caso ERE hay dos chivos expiatorios perfectos en su vertiente política. Uno es el ex interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, al que la Junta señaló como el responsable de no haber impuesto los controles necesarios. El segundo, es el exconsejero Antonio Fernández García, que aparece en todas las salsas que dieron origen al caso y que, además, emerge como figura relevante también en el caso de la formación. Ambos tienen un considerable número de papeletas para ser considerados ideadores y consentidores del caso antes que los máximos responsables de la Junta a nivel de presidentes y consejeros.

Pero mientras el exinterventor ha denunciado incluso al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, de ser responsable del caso ERE, Fernández no ha abierto la boca sobre si alguien, y quién o quiénes son, le dio las órdenes para hacer lo que hizo.

Antonio Fernández fue durante diez años consejero de Empleo de la Junta y, en calidad de tal e incluso antes, vio pasar ante sí riadas de dinero destinados a ERE y empresas arbitrariamente y sin justificación.. Dado que la juez Alaya lo detuvo, lo encarceló cuatro meses y lo mantiene como imputado en el caso de los ERE y en el de la Formación, Fernández, dado la cuantía de las fianzas se ha quedado sin dinero alguno para afrontar pagos. De disponer de miles de millones a no tener un duro, según su abogado, ha sido su trayectoria en los últimos cuatro años.

Pidió a la juez una pensión de subsistencia

Su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, un abogado vinculado históricamente al PSOE de Andalucía, denuncia al grupo Joly que su defendido aparece como condenado, como cadáver, como apestado y que nadie le quiere dar trabajo por lo que está más o menos en la indigencia. Es la argumentación aportada para pedir clemencia humanitaria a la juez Alaya para que le permite disponer de una pensión de 1.800 euros.

Recuérdese que la juez Alaya le impuso la mayor fianza de responsabilidad civil que ha impuesto a los 229 imputados: 807 millones de euros. Naturalmente, para garantizar esta fianza, la juez Alaya le ha embargado a Fernández sus propiedades e incluso la indemnización de casi 38.000 euros que debía recibir tras su despido en la empresa González Byass.

Su abogado habla de "penuria" y en un escrito dirigido a la instructora explica que su cliente se encuentra en una situación de "completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos". El letrado llega a afirmar que si Fernández no contara con la "benevolente y graciable ayuda" de su más próximos se vería abocado a la "pura indigencia".

Curioso es que mientras que Luis Bárcenas, extesorero del PP, ha pasado 19 meses en prisión preventiva(15 meses más que Fernández) y que su salida ha provocado una reacción airada por parte del PSOE, en el caso de Fernández se considera que su ingreso en prisión acabó con su derecho a la "presunción de inocencia", originó su despido y su ruina.

En el paro y sin prestaciones, su defensa pide la pensión de alimentos, en un escrito en el que detalla los gastos comunes de Fernández, 1.840 euros mensuales, y solicita esa cantidad a la juez con cargo a los 38.000 euros de la indemnización por despido que la juez le embargó. En esa pensión se incluyen 900 euros para "alimentación, vestido y consumo básico".

La juez pidió a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la misma antes de tomar una decisión. La Fiscalía contestó que no tenía inconveniente.

La Junta de Andalucía compró jamones con una subvención destinada a impartir cursos en la Escuela de Formación de Artesanos del municipio sevillano de Gelves.

Esta escuela forma parte de la red de catorce consorcios creados por el Gobierno andaluz, en colaboración con ayuntamientos, que ahora está investigando la juez de Sevilla Mercedes Alaya, en el marco de las pesquisas sobre el fraude de la formación.

Un informe de control financiero de operaciones de la Intervención General de la Junta, en poder de EL MUNDO, detectó que la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves había presentado dos facturas con conceptos «no subvencionables», al amparo de la ayuda concedida para los cursos.

Se trata del recibo 43/08 del proveedor Jamones Badía, S.L., con el concepto «jamones», por importe de 6.347,99 euros; y la factura 247 de la empresa Catering Sayca, con el concepto «catering» por valor de 1.498 euros. El importe de la «incidencia», según la denominación que emplea la Intervención, asciende a 7.845,99 euros.

La entidad beneficiaria está obligada al reintegro de los 7.845,99 euros, detalla el informe del 14 de julio de 2011, mucho antes de que estallara el escándalo del fraude de la formación en abril de 2014.

Alegaciones llamativas

Son llamativas las alegaciones formuladas por la Escuela de Formación de Artesanos. Además, todas fueron rechazadas.

Sobre los jamones, el consorcio de Gelves indicó que «dichas facturas se corresponden al 20% financiado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y son gastos de atenciones protocolarias contemplados en el desglose de gastos subvencionables en la resolución de la subvención». O sea, que la escuela pretendía endosar el coste de los jamones al SAE, y no al Fondo Social Europeo (FSE), aprovechándose de que la subvención procedía en un 20% de fondos de la Junta y el 80% restante de la UE.

Sin embargo, el equipo de comprobación verificó que «dichos gastos no son subvencionables de acuerdo con la resolución de la subvención», dice la Intervención.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ya alertó en enero de 2013 sobre los gastos irregulares en atenciones protocolarias de los consorcios. «En muchos casos, no se produce la necesaria coherencia entre los gastos justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas, ya sea porque no responde a gastos necesarios para el desarrollo de la actividad o porque su naturaleza no sea subvencionable», dice el informe de fiscalización de las subvenciones concedidas a los consorcios escuela de la Junta en 2008 y 2009.

Sospechas sobre los gastos

Subraya que la naturaleza de los «gastos de atención protocolaria» ni se considera «elegible ni se entiende que sean gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo de la actividad subvencionada». En el periodo fiscalizado por la Cámara de Cuentas, los catorce consorcios aportaron facturas con gastos de «atenciones protocolarias» por valor de 48.392 euros en 2008 y 17.442,60 euros al año siguiente para justificar las ayudas recibidas para impartir los cursos.

Curiosamente, el consorcio de Gelves no contestó a la Cámara de Cuentas de Andalucía si en 2009 había incurrido en algún gasto protocolario, detallan los auditores.

La subvención recibida por la escuela de Gelves fiscalizada por la Intervención en la que colaron las facturas de los jamones fue certificada el 17 de diciembre de 2009. Precisamente ese año los catorce consorcios recibieron 20.646.023 euros en subvenciones. Un año antes, la Junta y de la Unión Europea (UE) inyectaron 23.922.733 euros en estas entidades.

La compra de jamones no fue la única irregularidad que encontró la Intervención de la Junta. «No hemos podido ver los originales de las siguientes facturas», la A/13 del 9 de julio de 2007 por valor de 28.884,90 euros y la A/19 del 6 de junio de 2007, que asciende a 17.216,17 euros. En las alegaciones, el consorcio de Gelves tampoco aportó «los originales o copias compulsadas» de esos recibos.

Una escuela ampliamente subvencionada

La Escuela de Artesanos se creó en 1991. La Junta era la propietaria del 90% y el Ayuntamiento de Gelves del 10% restante. En 2008, recibió 1.580.000 euros en subvenciones para impartir cursos de formación y, en 2009, 1.227.000 euros, según los datos recogidos en el informe de la Cámara de Cuentas.

La red de consorcios de la que forma parte el de Gelves se encuentra ahora en el punto de mira de Alaya. La juez decretó el pasado 28 de enero el secreto parcial sobre el sumario del presunto fraude de la formación en la parte referida a los consorcios y a los entramados empresariales que se beneficiaron de estas subvenciones, como el del ex consejero de la Junta y empresario de la formación Ángel Ojeda.

Alaya declara el secreto parcial para evitar «interferencias que puedan poner en riesgo» las investigaciones y que «terceras personas» manipulen o destruyan las pruebas del caso.

La red de consorcios de la Junta se disolvieron recientemente para integrarse en la nueva Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, que el PP cree que servirá para «tapar la corrupción».