J.M. Zuloaga / R. Coarasa. Madrid. Hace 8 horas
►Viloca contaba con contratos en los que ya se especificaba el cobro del 3% más bonus ►Detallaba que el dinero debía recibirse antes y que se devolvería si la obra no se hacía
Viloca se llevó a casa contactos de empresarios para pedirles que destruyeran las pruebas
El tesorero de Convergéncia sacó los datos de los servidores de los ordenadores de CDC después de que la Guardia Civilo entrara en las oficinas del partido de Artur Mas.
El tesorero de CDC, Andreu Viloca, saliendo de su domicilio tras su detención. EFE
CARLOTA GUINDAL @carlota_guindal
El tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, tenía escondido en el armario de su domicilio, dentro de una bolsa y entre la ropa para evitar ser encontrado, una serie de notas manuscritas con datos de los empresarios pagadores del 3% a cambio de adjudicaciones de obra pública. Además, en el momento de su detención, el 21 de octubre de 2015, portaba en su bolso de mano un documento de 13 folios con una relación de empresas, personas de contacto y teléfono.
La Guardia Civil sospecha que el objetivo de tener esos datos era “contactar con las empresas con las que pudiera haber desarrollado su actividad delictiva al objeto de destruir pruebas, o avisar a aquellos otros partícipes en la dinámica delictiva que, no habiendo sido hasta el momento abordados por la investigación, pudiendo ponerse en peligro la conservación de nuevas pruebas (tanto físicas, como alteración de testificales)”, recoge un informe de la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Entre las empresas apuntadas en ese documento, estaban subrayadas con fluorescente amarillo una serie de empresas con sus personas de contacto: “Josep Manuel Basols y Sergio Lerma, de Oproler; Jordi Duran, de Urbaser; Antonio García Bragado, de Tec 4; Joaquim Osorio y Joan Romero, de Rogasa; Jordi Soler, del Grupo Soler; Jordi Sumarroca, de Teyco; y Xavier Tauler, de Copisa”.
Viloca sacó todos esos datos de los servidores de los ordenadores de CDC después de que el Instituto Armado entrara en las oficinas del partido de Artur Mas y se llevara toda la documentación del ordenador del tesorero.
Según se desprende de los hechos, el tesorero pensó que con el registro de su despacho la intervención de la Guardia Civil, Fiscalía Anticorrupción e instructor sobre su persona acababa ahí, por lo menos por el momento. No se debió imaginar que menos de dos meses después, el 21 de octubre de 2015, irrumpieran en su domicilio para llevárselo esposado. Fue justo el día antes de su detención cuando Viloca imprimió todos los datos de los empresarios que portaba encima cuando fue arrestado.
Cuando los agentes de la Brigada de Información entraron en su casa para arrestarle y practicar un registro, encontraron 16 documentos de relevancia para la investigación. Uno de los documentos escondidos “en el interior de un bolso tipo bandolera, dentro del armario del dormitorio”era una especie de cuadro en el que se relacionan empresas con obra pública. Ese mismo documento ya fue hallado en el ordenador de su despacho, durante el registro del 28 de agosto de 2015, y considerado por los investigadores como “de especial relevancia”.
Cuadro encontrado en los archivos de Andreu Viloca. E.E.
Unido a ese documento, había una serie de anotaciones manuscritas de empresas aparentemente adjudicatarias. Cuando los agentes encontraron aquellos papeles en el armario, inicialmente Viloca -que estaba presente- sostuvo ante el secretario judicial que no recordaba quién había podido realizar las inscripciones. Sin embargo, después se acordó y dijo que había sido su secretaria personal, Neus, y que lo había hecho al ver relacionado en los medios de comunicación, la vinculación entre las donaciones de Teyco y la adjudicación de obra pública.
La empresa Teyco, de la familia Sumarroca, es la que originó toda esta investigación. Durante una pequeña causa por el pago de esta empresa de una 'mordida' al alcalde de Torredembarra (Tarragona) para la adjudicación de un aparcamiento, se encontró en la caja fuerte del dormitorio de Jordi Sumarroca unas anotaciones con el pago del 3% a la fundación CatDem. A partir de ahí, se destapó que se estaría utilizando las fundaciones del partido para recibir donaciones de empresarios a cambio de adjudicación en obra pública.
Además, durante el registro en el despacho de Viloca, en agosto de 2015, la Guardia Civil detectó que éste había estado triturando papeles poco antes de llegar a la sede de CDC. Entre los documentos triturados, se halló una tarjeta de visita de Teyco, empresa que además aparece en un documento elaborado por Viloca con un listado de 31 empresas, todas ellas pagadoras de “donaciones sistemáticas” a las fundaciones del partido, según sostiene tanto la Guardia Civil como la Fiscalía Anticorrupción en varios de sus informes. Viloca también guardaba en su casa una copia de ese listado.
Después de que la Guardia Civil entrara la primera ocasión en su despacho en CDC, en la calle Córcega, intentó salvarse de que la investigación recayera en él. Por eso se llevó a su domicilio una serie de documentos para poner en sobreaviso a los empresarios y evitaran que les encontraran con documentación que no debieran, siempre según las sospechas de los investigadores.
Otro de los documentos que guardaba en su casa era una inscripción manuscrita que decía “Oproler 5/2/2013”, además de datos de contacto de personas vinculadas a Oproler ( Sergio Lerma) y a Isolux Corvian Corsan (Paco García). Lerma fue detenido el 21 de octubre, el mismo día que Viloca. Ambos volvieron a ser detenidos hace unas semanas, en la denominada 'Operaciòn Pika', en un nuevo avance de esta misma investigación.
El hecho de que Viloca guardara esa documentación en su casa “evidencia”, según la Guardia Civil, que después del registro de su despacho “llevó a cabo un especial seguimiento respecto a determinada documentación de la existente en su ordenador”. El mismo reconoció que recuperó toda esa documentación del servidor informático de CDC para aportarla a su abogado.
Sin embargo, para los investigadores es llamativo que precisamente se hiciese copia de todos aquellos documentos que han sido calificados como “relevantes por incriminatorios” por la instrucción, una vez analizados tras su obtención en el registro del despacho.
“Se aprecia de manera objetiva indicios que evidencian la existencia de una reiteración en el tiempo de la actividad investigada respecto a Viloca, tal y como queda acreditado del hecho de que, por parte del mismo, en el momento de su detención, portara consigo un documento en el que se contenía información directamente relacionada con la dinámica delictiva investigada y que este hubiera sido impreso justo el día antes de llevarse a cabo la detención, hecho que evidencia una reiteración en relación a la actividad investigada respecto a Viloca”, concluye la Guardia Civil en su informe.
DENUNCIA DEL CIC
Petición formal de apertura de juicio contra Narcís Serra por los sobresueldos de Catalunya Caixa
ARCHIVO
El expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y el exdirector general Adolf Todó, en una imagen de febrero del 2009.
EL PERIÓDICO / BARCELONA
LUNES, 27 DE FEBRERO DEL 2017 - 15:47 CET
JUAN MANUEL PRATS / JOAN CORTADELLAS
NARCÍS SERRA Presidente de CatalunyaCaixa entre el 2005 y el 2010.
La Confederación Intersindical de Crédito ( CIC) ha solicitado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Catalunya Caixa y exministro Narcís Serra y el exdirector general Adolf Todó, a los que acusa de administración desleal por los sobresueldos que cobraron a partir del 2010. En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, la CIC solicita seis años de prisión para Todó, al que atribuye también un delito de apropiación indebida, y cuatro años para Serra; al exdirector general le pide que abone 112.015 euros en concepto de responsabilidad civil y otros 696.548 euros de las retribuciones irregularmente recibidas.
Serra, Todó y otros 40 exdirectivos de la entidad también acusados deberían abonar de forma solidaria 5,12 millones de euros en concepto de indemnización a la caja por las aportaciones realizadas a planes de pensiones, así como el pago de una fianza de 5,9 millones de euros. El escrito aclara que se trata de investigar las decisiones de los consejos de administración y en especial dos acuerdos de Caixa Catalunya del 19 de enero y de Catalunya Caixa del 13 de octubre del 2010, en los que se aprobaron sendos incrementos de salario del Comité de Dirección y de Adolf Todó.
Esto, sumado a los incrementos en su retribución variable "perjudicaron enormemente a la entidad", que tuvo que llevar a cabo un expediente de regulación de empleo que provocó la eliminación de 1.630 puestos de trabajo y el cierre de 395 oficinas. Posteriormente, entre 2013 y 2014 se cerraron "prácticamente todas las oficinas de fuera de Catalunya" y se despidió a 2.153 trabajadores en aplicación de un nuevo ERE.
La causa parte de una denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción por la aprobación, en enero y octubre de 2010, de sendas resoluciones para aumentar el salario de sus directivos, pese a que la entidad se encontraba en una situación crítica que le obligó a pedir 1.250 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
La denuncia se dirigía inicialmente contra 54 miembros del Consejo de Administración de Catalunya Caixa, pero el juez la archivó contra una docena de ellos tras comprobar que no apoyaron las retribuciones de la cúpula directiva en las votaciones internas.
Entre las diligencias previstas por la CIC figura la declaración como testigos de Jaume Massana, exdirector general adjunto de Caixa Catalunya y también beneficiado, así como de Gaieta Jove Galcerán, consejero general en la entidad y representante de los trabajadores por el sindicato CIC. También solicita que declare como testigo Jordi Camps i Punter, que hasta 2012 fue secretario general de CIC en Catalunya Caixa.
La Fiscalía Anticorrupción los acusa de quedarse con 300 millones y sacar 82 millones de euros de las cuentas de la empresa.
La cita clandestina entre el recaudador de Mas y un adjudicador de obra pública de la Generalitat
La Guardia Civil detectó tres días antes del registro a CDC que el responsable de sus finanzas se reunió en un club deportivo con otro presunto responsable del 3% catalán.
Imagen captada por la Guardia Civil entre Andreu Viloca y Josep Antoni Rosell E.E.
CARLOTA GUINDAL @carlota_guindal
La Guardia Civil sorprendió al tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Andreu Viloca, reuniéndose con uno de los principales adjudicadores de obra pública investigada, J osep Antoni Rosell, en un club deportivo tres días antes de que se registrara la sede del partido y en pleno proceso de negociación para adjudicar una obra pública, presuntamente previo pago de una donación.
El documento fotográfico al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL demostraría cómo Viloca intervino en las adjudicaciones de obra pública por lo menos hasta tres días antes del registro a su despacho. Rosell era en ese momento el director de la empresa pública GISA (dedicada a la adjudicación de obra pública de la Generalitat), desde la cual se adjudicaron diversos contratos a empresas que donaban de manera “sistemática” al partido presidido por Artur Mas, en la época que éste también era presidente de la Generalitat.
MÁS NOTICIAS
Esa reunión se produjo tres días antes de que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, bajo la orden del juez del Vendrell Josep Bosch, entraran en la sede de CDC para realizar varios registros. Fue ese día cuando Viloca procedió a destruir en su triturada varios documentos que le podían implicar en la la trama del 3% investigada. En uno de esos papeles triturados, una vez reconstruidos por la Guardia Civil, apareció el nombre de Rosell junto al de una empresa, Rogasa.
Esta reunión es altamente sospechosa para los investigadores porque la vinculan con una obra que debía adjudicar Gisa en esas fechas.
“Este hecho, a la vista del patrón detectado, tiene que estar relacionado con la licitación en marcha en esas fechas (julio-agosto 2015) para la construcción de una escuela ( Escuela Montserrat Vayreda de Roses) por parte de GISA, además de con la reunión el día 25 del mismo mes y año entre Viloca y un desconocido, que recientemente se ha identificado como el director general de GISA ( Josep Antonio Rosell i Polo -detenido el mismo día que Viloca, en octubre de 2015-). Esta circunstancia incluye a dicho alto cargo en la denominada por esta instrucción 'correa de transmisión para la comisión de adjudicaciones fraudulentas, como las que se están investigando propiamente en la sede GISA en tres casos de los que componen esta instrucción”, recoge uno de los informes de la Guardia Civil.
Los agentes encargados de la investigación habían estado haciendo seguimientos a Viloca. El 25 de agosto de 2015 le siguieron hasta las instalaciones deportivas “Artos Sport Club”, donde se encontró con un varón en una de las cafeterías del recinto. Una hora después, a las 18:00 horas de ese día, el varón, en ese momento sin identificar se marchó del lugar.
Los agentes decidieron seguirle, al no conocer su identidad, y pudieron averiguar que acudió a a un complejo de edificios que alberga varios organismos públicos: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y FGC Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña.
L os agentes continuaron haciendo seguimientos a esta persona, en ese momento todavía sin identificar, y pudieron comprobar que el 13 de octubre de aquel mismo año, ese individuo acudió al hotel “Olivia Plaza”. Dos horas después, a las 21:35, salió acompañado de una mujer y se dirigió a otro inmueble, al que accedió con llaves propias.
Finalmente, la Guardia Civil identificó a ese individuo como Josep Antonio Rosell i Polo, director general de Infraestructuras de la Generalitat (GISA). “Si ubicamos la reunión ocurrida entre Viloca y Rosell, temporalmente en el proceso de adjudicación que nos ocupa, nos encontraríamos dentro del plazo otorgado para la presentación de ofertas y justo un mes antes de la apertura de las ofertas técnicaspresentadas por los licitadores”, explica otro de los informes del instituto Armado incorporados en la 'causa del 3%'.
Recuadro de la sucesión temporal de la reunión de Viloca y Rosell. E.E.
“Por todo lo anteriormente expuesto podríamos llegar a establecer una intervención de las personas Viloca, Rosell y Romero Gamero (Rogasa), durante el transcurso del proceso de adjudicación de la Escola Monserrat Vayreda, licitación que se encontraba en curso, todas estas maniobras quedarían pendientes de ser afianzadas con la fructificación de todos aquellos actos preparatorios orientados a la hipotética adjudicación arbitraria de la obra pública en favor de Romero”, señalaba la Guardia Civil en esas fechas.
Poco después de esos seguimientos, el 21 de octubre de 2015, tanto Viloca como Rosell fueron detenidos por orden de la Fiscalía Anticorrupción, que provocó la dimisión del último de su puesto en GISA.
Zapatero gastó casi nueve millones de euros en desaladoras fallidas
Las construcciones del «Programa Agua» de Medio Ambiente fueron decretadas con urgencia para anular el trasvase del Ebro
Toma Solfan, para tu deleite.
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/02/28/58b5b05f22601d91478b4599.html
acrasol no te enteras, no has leido a serra ...."esto es todo mentira" se lo han inventado los españolistas para acabar con el proceso independentista...ya sabes nosotros somos fascistas y solo sabemos decir tonterias...ja ja ja animo acrasol a seguir aportando para que no se nos calle saludos populares
PODER JUDICIAL.El CGPJ investigó en secreto al juez Ruiz de Lara, portavoz de la plataforma por la independencia judicial
El magistrado llevó al tribunal europeo varias cuestiones sobre cláusulas abusivas bancarias y pertenece a una organización que ha denunciado nombramientos del órgano de gobierno de los jueces.
----------------------------------------------------------------
TODA LA BASURA Y RALEA CONTRA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL (todos sabemos cuales son las ratas a quienes no interesa la independencia judicial y mucho menos la del foro.)
Un saludo
El extesorero de CDC renuncia a 36 testigos y reclama la prescricpción del delito de tráfico de influencias
El saqueador confeso, Millet, que ha llegado en silla de ruedas, tratará de que le eximan de asistir a las 55 sesiones previstas
Unmute
Current Time0:04
/
Duration Time1:27
Loaded: 0%
Progress: 0%
Fullscreen
Al fin en el banquillo. Siete años y medio después del primer registro en el Palau de la Música, el juicio por el expolio de la instutición ha arrancado esta mañana. Pasaban veinte minutos de las diez cuando ha dado comienzo la vista oral con las cuestiones previas, un trámite que se prevé largo dada la envergadura del proceso: 16 encausados, cinco acusaciones... y una previsión de 55 sesiones.
Rodeado de gran expectación, el saqueador confeso del Palau, Fèlix Millet, llegaba pasadas las nueve. En silla de ruedas, acorde con un estado de salud que el principal encausado asegura que es malo. De hecho, su defensa tratará de que se le exima de asistir a todas las sesiones. Millet, a sus 81 años, confesaba hace pocos días "estar jodido", quejándose por la duración de una instrucción que se ha prolongado casi ocho años. Se estima que de las arcas del Palau se desviaron al menos 25 millones de euros.
Poco antes llegaba su mano derecha, Jordi Montull, que trata de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena que se le pide a su hija, también encausada, a cambio de incriminar a CDC en el supuesto pago de comisiones por obra pública.
Ni Millet ni Montull han hecho declaraciones a la prensa, aunque sí mantuvieron ellos dos un pequeño aparte, intentando quedar a resguardo de la vista de los asistentes al jucio, que se celebra en el auditorio de la Ciudad de la Justicia, una de las obras por las que supuestamente se pagaron mordidas a CDC.
Quien deberá dar cuenta precisamente de las supuestas comisiones pagadas por Ferrovial es el extesorero de CDC Daniel Osàcar. La Fiscalía pide siete años y seis meses de prisión para él. Su abogado, Javier Melero, ha pedido que se levante la acusación del delito de tráfico de influencias por considerar que, en su caso, habría prescrito. Lo mismo ha hecho la defensa de Ferovial. De igual modo, la defensa de Osàcar ha retirado la petición de declaración de 36 testigos, entre ellos los exconsejeros de Obras Públicas de la Generalitat Felip Puig, Pere Macias y Joaquim Nadal.
Por su parte, los abogados de la FAVB -acusación particular- han pedido rebajar la petición de cárcel al principal acusado de la trama que se está juzgando, Fèlix Millet, pasando de los 10 años y 8 meses a los 9 años. La fiscalía no ha variado su acusación para el que fuera máximo responsable del Palau de la Música: 27 años.
La presidenta de la sección 10a de la Audiencia Provincial ha informado de que la causa del "caso Palau" cuenta con 30.257 folios y 65 cajas con las pruebas documentales (todo digitalizado).
Bodas, billetes y comisiones: las curiosidades del 'caso Palau'
MARTES, 28 DE FEBRERO DEL 2017 - 19:32 CET
Entre lo que saquearon Fèlix Millet y Jordi Montull del Palau de la Música y lo que han deparado las investigaciones durante más de un lustro dan para un sinfín de datos colaterales dignos de mención. Estas son algunas de las curiosidades del caso.
PUBLICIDAD
La génesis del 'caso Palau' se remonta al año 2007, cuando Hacienda impulsó un plan para controlar los movimientos de billetes de 500 euros y se descubrió por casualidad que en el Palau de la Música los había a espuertas. Se comunicó aquella sospechosa situación a la fiscalía anticorrupción y, tras una serie de pesquisas, esta presentó en junio del 2009 una querella contra Millet y otros tres responsables de la institución musical por apropiación indebida y falsedad. Un mes después, el 23 de julio, los mossos registraron durante nueve horas las oficinas del Palau y en septiembre de aquel mismo año Millet acabó confesando que se había apropiado de 1,6 millones de euros (mucho menos de lo que se le ha atribuido finalmente). Si contamos desde el momento de la confesión, han pasado ya más de siete años y cuatro meses, más de 2.700 días.
El juicio empieza este miércoles con las cuestiones previas y no será hasta dentro de una semana cuando empiecen a declarar los 16 acusados y los 115 testigos. Según el calendario inicial, está previsto que el proceso judicial se prolongue hasta el 27 de junio, más allá de la revetlla de Sant Joan. Lo que se desconoce es cuándo se dictará la sentencia; quién sabe, quizá sea en las proximidades del 82º cumpleaños de Millet, el 8 de diciembre.
De entre las martingalas más conocidas de Millet destaca la jugada que le hizo a su consuegro, a quien cobró al menos 40.000 euros por la boda de sus hijos cuando los 81.156 euros los pagó íntegramente el del Palau de la Música. Sin embargo, la investigación también permitió conocer otras grandes 'gestas' del expresidente de la entidad cultural. Con el dinero del Palau, Millet pagó desde la instalación de enchufes y la reparación de una cafetera de su casa de l'Ametlla del Vallès hasta la de los videoporteros de su domicilio y del de su hija, así como diversos viajes a todo trapo allende los mares. Tampoco Jordi Montull desaprovechó la ocasión: cargó a la institución el suministro y la instalación de una lavadora Zanussi y arregló el ascensor y la caldera de su casa de Teià, entre otras facturas. Su hija Gemma compró muebles de Ikea, instaló dos duchas termostáticas y reformó la barbacoa de casa.
Ni el lugar donde se celebra el juicio se salva de las suspicacias. La Ciutat de la Justícia es una de las infraestructuras que aparecen salpicadas por los presuntos cobros de comisiones irregulares a cambio de la concesión de las obras. Según la instrucción del 'caso Millet', Ferrovial abonó a CDC más de cinco millones por la adjudicación de ese edificio situado en L'Hospitalet y por la construcción de la línea 9 del metro y de un nuevo pabellón municipal en Sant Cugat del Vallès. De acuerdo con las conclusiones del juez instructor Josep Maria Pijoan, la constructora pagaba por regla general una comisión del 4%, y según el fiscal CDC se quedaba el 2,5% y Millet y Montull, el 1,5% restante.
Se vieron las caras en el juicio del 9-N hace menos de un mes y volverán a tenerse enfrente en el 'caso Millet'. El abogado de Jordi Montull, Jordi Pina, llevó la defensa de la 'exconsellera' Irene Rigau ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. A su lado ejerció como defensor de Artur Mas el letrado Javier Melero, que en este caso representará a Convergència. En la bancada opuesta tuvieron al fiscal Emilio Sánchez Ulled, y esta vez volverán a tenerlo dirigiendo la acusación pública, porque fue él quien presentó la primera querella contra Millet, en el 2009. Será un nuevo combate entre primeros espadas, al que esta vez se sumará Cristóbal Martell, abogado de los Pujol, en representación de Ferrovial.
Decíamos que Javier Melero fue abogado defensor de Artur Mas en el juicio del 9-N y lo será de Convergència en el 'caso Millet'. También ha representado a dirigentes de este partido en otras causas relacionadas con la corrupción. Lo curioso del caso es que Melero fue uno de los fundadores de Ciudadanos, partido situado en las antípodas del actual PDECat en cuanto al debate soberanista. "Soy como el cirujano: el cirujano no pregunta al paciente cuál es su ideología. Lo que hace el abogado es dotar de estrategia jurídica a la versión de su cliente..." alegó el letrado en una entrevista en 'La otra crónica' de 'El Mundo' cuando le preguntaron por esa aparente contradicción.
Los de las tres personas citadas "son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos", considera el juez, que ve también "pertinente" comprobar si las anotaciones de Bárcenas "reflejan las contraprestaciones en métalico obtenidas" por el PP de "diversas empresas, a cambio de adjudicaciones de obras".
El cabecilla de Gürtel apuntó a OHL, Dragados y al grupo ACS como las empresas que se dirigían a él para que consiguiera contratos del PP y, de hecho, el presidente de la primera empresa, Juan Miguel Villar Mir, fue investigado en el caso de la contabilidad B del PP junto con García Pozuelo, pero el juez les levantó esa imputación.
Lo hizo porque ninguno de los empresarios reconocieron haber pagado dinero al PP por contratos y no había ningún otro indicio contra ellos, pero este panorama ha cambiado después de las declaraciones en el juicio de García Pozuelo y Correa.
El constructor pactó con la Fiscalía y confesó ante el tribunal haber pagado 1,5 millones en 2002 y 2003 a Bárcenas, Correa y el exdiputado del PP Jesús Merino a cambio de adjudicaciones públicas, cosa que no hizo durante la instrucción de la pieza de la caja B, en la que se acogió a su derecho a no declarar ante el juez.
En la contabilidad paralela del partido se refleja que García Pozuelo habría pagado al PP al menos 72.000 euros en el año 2000 y otros 90.000 más en 2003 y 2004, y Villar Mir otros 530.000 euros en 2004, 2006 y 2008.
Un saludo
me parece muy bien que lo investiguen y si se demuestra su culpabilidad a la carcel con todos ellos...la justicia y la policia funcionando...nadie esta por delante de la ley
saludos
La “candidata del pueblo”, la que se presenta “en nombre del pueblo” —su lema de campaña— no quiere más jueces que las urnas. Por eso, Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional, brama contra los magistrados que sacan a la luz estos días corrupciones de la media docena de casos que le afectan, desde financiación ilegal a malversación de fondos públicos. Les amenaza con pedirles cuentas cuando llegue al Elíseo. El presidente François Hollande ha intentado este lunes pararle los pies.
En su habitual retahíla de exabruptos, Le Pen nunca había llegado tan lejos. En un mitin el domingo en Nantes afirmó que “los magistrados no están para obstaculizar la voluntad del pueblo” y que deben “cuidarse mucho" los funcionarios de justicia que participan en “persecuciones en su contra” con “métodos ilegales”. “Tendrán que asumir las consecuencias” tras las elecciones, cuando el poder político que los dirige haya sido "barrido” por las urnas.
También el Ministerio de Justicia, el Sindicato de la Magistratura o dirigentes de otros partidos criticaron con dureza el ataque a los jueces por no ser “patriotas”, como Le Pen dice que deben ser los funcionarios. Quizás porque entiende que no son patriotas los que le investigan.
Un saludo
YA me extrañaba que se pidiera que encausen a Correa y es porque ya tira de la manta ( un monumento le tendran que poner)
-------------------------------------------
Correa revela que la gran obra pública de Aznar escondía comisiones del 3% al PP
El principal acusado en Gürtel destapa el amaño en obras de "carreteras, autopistas y el AVE", pero obvia nombres de ministros y empresas
"Luis Bárcenas lo gestionaba con el correspondiente ministerio y yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova", relata ante el tribunal
El cabecilla de Gürtel ratifica durante el juicio la confesión que publicó eldiario.es en noviembre de 2015
En un giro sorprendente de su declaración, Francisco Correa hizo aflorar el lado oculto del milagro económico español. Delante de un tribunal, con los medios de comunicación retransmitiendo en directo su declaración, el principal acusado del caso Gürtel ha desvelado que él participó en el amaño de las principales obras del país durante el Gobierno de José María Aznar. “Carreteras, autopistas y obras del AVE”, el símbolo del progreso de aquellos años lleva en su reverso el sello del 3% en comisiones para el Partido Popular, según el testimonio de Correa.
Después de seis horas de declaración, ya por la tarde, Correa no dejó un resquicio a la duda: el dinero negro iba a parar al Partido Popular. Fue Luis Bárcenas, gerente del partido a principios de los noventa, quien le propuso buscar a empresarios que colaborasen con la formación. Correa se quedaría con una parte de las comisiones; la otra iría para Bárcenas y el PP.
-----------------------------------------------
Hombres de respeto o hombres sin respeto
Un saludo
