El tribunal devuelve al juez Ruz el caso Faisán por falta de indicios
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revoca el procesamiento de la cúpula policial por falta de indicios sobre los autores del "chivatazo"
El chivatazo al aparato de extorsión de ETA que se produjo en el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006 fue un hecho delictivo de cuya existencia existen pruebas. Lo que no queda claro es que las tres personas a las que el juez Pablo Ruz procesó por colaboración con organización terrorista como presuntos autores de la delación —el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector de Vitoria José María Ballesteros— fueran realmente quienes lo cometieron.
Los 14 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que estudiaron los recursos de los tres imputados —cuyos presuntos delitos acarreaban penas de más de 10 años de cárcel— decidieron ayer por unanimidad que el auto de procesamiento redactado por Ruz, que tiene vocación de poner fin a una investigación de cinco años en la que han participado otros dos jueces (Fernando Grande-Marlaska y Baltasar Garzón) es prematuro. Y lo es porque los indicios de criminalidad acumulados contra los tres cargos imputados, son, a juicio de la Sala, insuficientes para sustentar una acusación.
Aunque algunos miembros del tribunal lo solicitaron durante la deliberación, el pleno ni siquiera abordó si los hechos imputados por Ruz a Ballesteros, Pamies y García Hidalgo suponían un delito de colaboración con organización terrorista —lo que hubiera mantenido el caso en la Audiencia Nacional— o revelación de secretos o encubrimiento, lo que hubiera obligado al juez a enviar el caso a un juzgado de Irún, el lugar donde se cometió el delito, al no entrar estos últimos delitos entre los de terrorismo.
El debate, pues, fue únicamente sobre los hechos, es decir, sobre el chivatazo. Y sobre si este podía achacarse racionalmente a las personas imputadas. Los magistrados se reunieron en dos sesiones de algo más de dos horas por la mañana y por la tarde y concluyeron que los indicios acumulados por Ruz para atribuir el soplo a los tres cargos policiales dejaba muchos resquicios que no habían sido investigados. La Sala fue unánime al concluir que existía “una insuficiencia investigativa” que se reflejaba en “un relato no del todo coherente”, según fuentes jurídicas, por lo que decidieron sugerir al instructor que indagara también otras hipótesis.
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La juez imputa a toda la directiva del sindicato de controladores
La jueza que investiga el supuesto abandono del puesto de trabajo por parte de varios controladores aéreos el pasado mes de diciembre ha acordado citar como imputados a todos los miembros de la junta directiva de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA). Así lo han informado a Efe fuentes jurídicas, que han explicado que la titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, María del Sagrario Herrero, ha aceptado la petición hecha por la Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo.
Luis Vericat, letrado de esta asociación, ha destacado que se trata de "una muy buena noticia" porque confirma lo que han denunciado desde el principio, es decir, que a su entender todo fue "un plan pensado y organizado por los dirigentes del sindicato".
"Las declaraciones de los dirigentes de USCA van a arrojar mucha luz sobre lo que pasó los días 3 y 4 de diciembre", ha añadido el letrado, que cree que hasta ahora estaban solo imputados los controladores que habían secundado el abandono masivo pero no los que lo habían planificado.
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Un saludo