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¿Cuánto nos cuesta a los italianos el rescate del Banco Progetto, que quebró por culpa de la codicia y la falta de contr
- Fuente: https://www.businessonline.it/news/quanto-costa-il-salvataggio-di-banca-progetto-a-noi-italiani-fallita-per-colpa-di-avidit-e-pochi-controlli_n82078.html
- Fecha: 29/01/2026, 15:40
- Traducido por la de siempre, DeepL.
¿Cuánto nos cuesta a los italianos el rescate del Banco Progetto, que quebró por culpa de la codicia y la falta de controles?
El caso Banca Progetto revela las deficiencias de gestión y control del sistema bancario italiano, con un rescate costoso para el Estado y dudas sobre las responsabilidades y la protección de los ahorradores.
La crisis que ha afectado a Banca Progetto representa uno de los escándalos bancarios más recientes y controvertidos de Italia. En pocos años, esta entidad milanesa, que nació como símbolo de la digitalización bancaria, se ha visto envuelta en una tormenta judicial, financiera y política, lo que ha suscitado dudas sobre la fiabilidad de todo el sistema crediticio nacional. La quiebra ha provocado una pérdida de más de 110 millones de euros, con el consiguiente colapso de los indicadores patrimoniales y la necesidad de una delicada intervención de rescate.
En el centro del problema se encuentran prácticas de gestión opacas, financiaciones discutibles y un uso extendido de garantías públicas. El caso ha puesto en tela de juicio la eficacia de la supervisión bancaria y la solidez de los controles internos, presentándose como un ejemplo de cómo las deficiencias sistémicas y las decisiones de los directivos orientadas a la maximización personal de los beneficios pueden tener efectos devastadores en la comunidad. La historia de Banca Progetto, ahora gestionada por comisarios nombrados por el Banco de Italia, demuestra que la transparencia y la ética en las finanzas no son en absoluto accesorias.
Cómo las prácticas de gestión y la falta de controles llevaron a la crisis
El «caso Progetto» se caracterizó por una combinación de gestión agresiva, políticas de préstamo imprudentes y graves deficiencias en los controles. En particular, la entidad concedió importantes préstamos a personas y empresas que, según la acusación, estaban vinculadas al crimen organizado, a menudo cubriendo el riesgo con garantías estatales.
Un aspecto significativo fue el incentivo a los altos directivos mediante mecanismos de coinversión y bonificaciones vinculadas a operaciones de venta de la entidad. Estas estrategias llevaron a una sobrevaloración de los activos y a una gestión poco cuidadosa de los riesgos, con el fin de maximizar los resultados a corto plazo en detrimento de la estabilidad futura. En otoño de 2024, el Tribunal de Milán ordenó la administración judicial a petición de la Dirección Distrital Antimafia, después de que la Guardia de Finanzas descubriera préstamos por más de 10 millones de euros concedidos a empresas cercanas a grupos criminales calabreses. Estos préstamos estaban cubiertos por garantías públicas en el marco de los programas estatales de apoyo a las empresas.
El deterioro de la cartera de créditos —que superó los 2000 millones de euros en préstamos morosos— puso de manifiesto una profunda insuficiencia de la gobernanza y los procedimientos de control interno. Las pérdidas no registradas alcanzaron cifras críticas, mientras que el ratio CET1 cayó muy por debajo del umbral mínimo exigido por las normas de supervisión europeas. Ante esta situación, el Banco de Italia intervino disolviendo el consejo de administración y nombrando comisarios extraordinarios para restablecer una gestión prudente y transparente.
Desde el punto de vista operativo, el banco parece haber ignorado las señales de alarma sobre los riesgos reales de los préstamos. Así, la falta de controles y la insuficiente cultura de prevención de riesgos permitieron que, con el tiempo, unas prácticas de gestión cuestionables se tradujeran en un endeudamiento creciente y en una pérdida de confianza generalizada entre los clientes, los accionistas y el sistema económico.
El papel de las garantías públicas y el impacto en la colectividad
Un elemento central en la crisis de la entidad ha sido el amplio recurso a las garantías públicas para los préstamos concedidos. Estos instrumentos, previstos originalmente para facilitar el acceso al crédito a las empresas en dificultades, han resultado ser en muchos casos una cobertura de operaciones de alto riesgo y, en algunas situaciones, incluso de posiciones irregulares o objeto de investigación.
A través de entidades como Mediocredito Centrale (MCC) y SACE, el banco ha podido garantizar una parte significativa de sus préstamos —según fuentes parlamentarias, hasta el 80 % del valor nominal— transfiriendo el riesgo residual de insolvencia de la propia entidad al Estado. De hecho, si los deudores no cumplieran con sus obligaciones, el peso de las pérdidas no recaería únicamente sobre Banca Progetto, sino —mediante la activación de las garantías— sobre el presupuesto estatal y, por lo tanto, sobre la colectividad.
El aspecto más delicado y controvertido se refiere a la posibilidad, nada remota, de que parte de estas garantías sean revocadas en caso de que se comprueben irregularidades en la concesión de los préstamos. En tal caso, el riesgo se transferiría íntegramente a las demás entidades de crédito y, a través del mecanismo de apoyo público, a todos los contribuyentes italianos. Este fenómeno explica la mayor atención que ha recibido el caso Banca Progetto por parte de la prensa y de fuerzas políticas como el M5S, que han denunciado el riesgo de socialización de las pérdidas y la opacidad de varios pasos del procedimiento de concesión de garantías.
El impacto en la comunidad radica en el hecho de que el Fondo Interbancario de Protección de Depósitos está respaldado por el sistema, pero, en última instancia, en caso de un desequilibrio masivo como el que nos ocupa, la carga recae potencialmente sobre los recursos públicos, es decir, sobre todos nosotros.
Las fases del rescate y la participación del Fondo Interbancario de Protección de Depósitos (FITD)
El plan de rescate, elaborado por los comisarios extraordinarios en colaboración con el Banco de Italia, se articuló en varias fases consecutivas. En una primera fase, el FITD suscribió una ampliación de capital reservada, asumiendo el control del banco mediante la recapitalización necesaria para restablecer los coeficientes patrimoniales mínimos. Esta medida supuso una dilución significativa de la participación del accionista mayoritario, el fondo Oaktree, dejando al FITD en una posición de control temporal.
Paralelamente, se preparó un plan de venta de activos deteriorados (NPL), por un importe oscilante entre 1300 y 1600 millones de euros. Varios consorcios, entre ellos Amco (Tesoro), CRC, Fortress y Barclays, presentaron ofertas, pero las valoraciones oscilaron entre el 65 % y el 70 % del valor nominal de los créditos, cifras consideradas penalizadoras por algunos miembros del consorcio implicado.
Una vez concluida la recapitalización y la cesión de los préstamos dudosos, la participación mayoritaria del FITD se transferirá a una sociedad instrumental formada por Intesa Sanpaolo, Unicredit, MPS, BPER y Banco BPM, que gestionarán el saneamiento y la reorganización de la entidad. Este mecanismo sirve para evitar efectos dominó en el sistema de depósitos asegurados y proteger a los ahorradores.
El proceso requirió la aprobación de la Autoridad de Supervisión y fue supervisado para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa sobre ayudas estatales.
El traspaso del control y la redistribución de las pérdidas permitieron limitar el impacto directo en el sector de los depositantes.
Además, la presencia del FITD garantiza el cumplimiento de la Directiva UE 2014/59 (BRRD), que regula el rescate interno de los bancos en crisis, protegiendo a los pequeños ahorradores pero sin excluir los costes para la colectividad.
Las consecuencias económicas: ¿cuánto costará el rescate a los ciudadanos italianos?
El informe relativo al coste del rescate muestra un crecimiento constante de las estimaciones: desde una proyección inicial de 400 millones de euros, se ha llegado a cuantificar una necesidad de recapitalización de 750 millones, con algunas proyecciones que hablan incluso de 1000 millones. La cifra oficial consolidada sobre la intervención del FITD se sitúa en 750 millones, tal y como confirman también fuentes periodísticas y financieras especializadas.
Para comprender las consecuencias económicas, es necesario distinguir entre diferentes niveles de impacto:
- Costes directos para el sistema bancario: derivan de los desembolsos necesarios para reconstruir el patrimonio de la entidad y cubrir las pérdidas derivadas tanto de los créditos deteriorados como de la devaluación de algunos activos.
- Costes indirectos para la colectividad: el Fondo Interbancario se alimenta de otras entidades, pero dada la concentración y la magnitud de la intervención —y teniendo en cuenta la base pública de muchas de las garantías—, la carga económica se distribuye de hecho entre la población, a través del sistema fiscal y el circuito de recursos públicos.
- Efectos sobre las empresas y las familias: un menor margen de maniobra para los bancos, obligados a pagar contribuciones extraordinarias al fondo, puede repercutir en los tipos de interés y en las políticas de crédito en detrimento de los ciudadanos y los empresarios.
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El impacto real, por lo tanto, superará los 700 millones y podría rozar los 1000 millones de euros. Estas cifras, sin precedentes para un banco de tamaño medio, dan testimonio de la gravedad de las repercusiones en todo el tejido económico.
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Responsabilidades políticas y preguntas abiertas sobre el futuro del sistema bancario
El amplio recurso a las garantías estatales y la gestión poco transparente de las crisis han alimentado un intenso debate político e institucional. Los representantes de la oposición han adoptado posturas duras, señalando supuestas connivencias y falta de transparencia en las comunicaciones del Gobierno.
Especialmente relevantes fueron las declaraciones del senador Turco (M5S), quien denunció el «negocio bancario» y la falta de respuesta a las preguntas parlamentarias sobre financiaciones y rescates. En el fondo de la polémica se encuentra la constatación de la dificultad para obtener información clara y pública tanto sobre el efecto de las garantías como sobre la entidad efectiva de las exposiciones transferidas al Estado.
Por lo tanto, quedan algunas preguntas sin respuesta:
- ¿Cómo evitar que la socialización de las pérdidas se convierta en la norma?
- ¿Qué instrumentos deben reforzarse en los procedimientos de supervisión y transparencia?
- ¿Qué medidas correctivas deben introducirse para evitar que se repitan prácticas de gestión arriesgadas?
El caso Progetto sugiere la necesidad de intervenciones normativas y reglamentarias más estrictas, especialmente en materia de responsabilidad directa de los administradores y mayor rendición de cuentas en la concesión de garantías públicas.
