El Gobierno buscará un pacto social para regular los despidos objetivos
El gobierno continúa firme en su negativa de quitar la reforma laboral pero está abierto a negociaciones. Ya se han abierto las negociaciones con CCOO y UGT para reestablecer el diálogo supuestamente roto tras la huelga general del pasado 29 de septiembre.
El texto definitivo de la reforma laboral establece que las empresas podrán despedir por causas económicas procedentes cuando existan "pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos". Una precisión que marca el camino a los jueces a la hora de aprobar los despidos procedentes, mucho más baratos (20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades) que el improcedente (45 días con un tope de 42 mensualidades o 33 con un máximo de 24, según el tipo de contrato indefinido).
Sin embargo desde el Gobierno, y también desde la CEOE y algunos sectores sindicales, se entiende que con esta formulación se abre una vía a la judicialización de la inmensa mayoría de los despidos, impidiendo así el desarrollo, en la práctica, de uno de los objetivos básicos de la reforma.