La guerra de Mexico
Muy buen articulo de Pilar Salas de El confidencial, que quiero compartir con todos vosotros.
La guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente de México, Felipe Calderón, tiene a uno de sus principales enemigos en casa. Los cárteles hacen uso de su poderío económico y de su infraestructura del terror para afiliar a policías, políticos y funcionarios que les garantizan libertad de actuación e impunidad. Los datos hablan por sí solos: seis de cada diez ayuntamientos están controlados por los reyes de la droga, según un informe del Senado, y 3.200 policías federales, el 10% de la plantilla de la República, han sido despedidos de una tacada en el que constituye el mayor proceso de depuración del cuerpo durante el mandato de Calderón. Pese a esos importantes obstáculos, la inteligencia mexicana consigue avances en la desarticulación de las redes criminales con la detención de importantes capos como Edgar Valdez La Barbie.
El problema no es nuevo y cuenta con ejemplos llamativos como el del antiguo zar antidrogas, el máxico cargo en esta lucha; Noé Ramírez Mandujano fue destituido y arrestado, acusado de cobrar casi 400.000 euros mensuales por otorgar protección a la organización criminal de los Beltrán Leyva. El director de Interpol México Rodolfo de la Guardia fue despedido y detenido por supuestamente cobrar unos 8.000 euros mensuales del mismo cártel, uno de los más violentos y con mayor poder de corrupción. A ellos se suman responsables estatales de la Procuraduría General de la República (Fiscalía General), secretarios (consejeros) de Seguridad, jueces, jefes policiales, agentes, escoltas y trabajadores en todos los niveles de la Administración pública. La Operación Limpieza impulsada por el Gobierno desde 2008 para erradicar la infiltración del crimen organizado en las cúpulas del sistema de seguridad y la Fiscalía antimafia no da abasto.
Los políticos tampoco están al margen. Uno de los casos más recientes se produjo en plena campaña electoral para varios estados y ayuntamientos el pasado mayo con la detención, por presuntos vínculos con el narcotráfico, del candidato izquierdista a gobernador de Quitana Roo y ex alcalde de Cancún Gregorio Sánchez. Aquellos que se niegan a sumarse a la nómina de los cárteles son asesinados; así ha ocurrido en las dos últimas semanas con el alcalde de Santiago (Nuevo León), tiroteado con la participación de policías que al parecer trabajaban a sueldo del narcotráfico por ser un “estorbo” para sus actividades ilícitas, y el de Hidalgo (Tamaulipas). Trece alcaldes han sido ejecutados desde junio de 2008 por el crimen organizado.
El 63% de las más de 2.500 alcaldías están infiltradas por células operativas y, de ellas, un 8% permanece bajo el total control del narcotráfico, según un estudio presentado por el Senado, que señala que esto les permite desarrollar sin problemas operaciones de venta de droga al menudeo y ampliar su logística e infraestructura “bajo un silencio cómplice”. Este informe sobre la criminalidad en 107 países, elaborado por expertos, sitúa a México en el quinto puesto por estos datos, informa el diario Milenio.
Desconfianza hacia los cuerpos policiales
Los bajos salarios y las amenazas de muerte que abarcan a familias completas si no colaboran con las organizaciones criminales hacen que cada día aumente su lista de asalariados cómplices. México tiene 427.354 agentes policiales, de los que 35.386 (8,6%) son federales, 3.500 federales ministeriales (0,82%), 196.030 (45,87%) estatales, 26.928 (6,3%) ministeriales estatales, y 165.510 (38,73%) municipales, según el Ministerio de Seguridad Pública. Las policías municipales son las más infiltradas por los grupos del narcotráfico, que destinan unos 75,5 millones de euros al mes a pagar a agentes, según el ministro de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El estudio se basa en una lista de agentes asalariados del narco encontrada en una operación policial; su vulnerabilidad radica en que de los 165.510 policías locales de México, más de la mitad sólo gana 240 euros mensuales.
Ante esa situación y el galimatías del organigrama policial, el presidente Calderón lucha contra la oposición de los alcaldes para eliminar las policías municipales y crear 32 cuerpos -correspondientes a cada uno de los estados del país- “muy fuertes, muy confiables y muy bien equipados” y bajo un mando único para cada región.
La desconfianza hacia los cuerpos policiales llevó al mandatario a incorporar al Ejército y la Marina, considerados los cuerpos menos infiltrados por los cárteles, en la lucha contra el narcotráfico. También se ha aprobado la Ley de la Policía Federal, con medidas contra la corrupción, en aplicación de la cual se ha expulsado a 3.200 de sus agentes, casi el 10% de la plantilla; se han incoado expedientes disciplinarios a otros 1.020 por no cumplir los exámenes de control de confianza que se efectúan periódicamente a los uniformados y 465 tienen procesos legales abiertos para ser dados de baja. Una vez despedidos no pueden reingresar a ninguna otra institución policial, ha explicado el comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas.
En ocasiones, los propios policías se rebelan contra sus mandos corruptos, como ocurrió con 250 agentes el 7 de agosto en Ciudad Juárez, la urbe más peligrosa del país; en otras son las autoridades las que recurren a grupos paramilitares, como el polémico alcalde de San Pedro (Nuevo León) -el municipio más acaudalado del país-, que hace por su cuenta la guerra contra el narco aunque eso suponga incurrir en atribuciones reservadas al Gobierno de la República.
Con la compra de jueces, los narcotraficantes se garantizan además la impunidad. Un total de 42 miembros del poder judicial mexicano han sido sancionados -lo que incluye destituciones y suspensiones en el cargo- por diversas irregularidades relacionadas con la corrupción en los tres últimos tres años y medio, según informó este mes el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz.
La guerra contra el narco ha dejado más de 28.000 muertos desde que Calderón comenzó su sexenio en diciembre de 2006 y los cárteles siguen sumando sicarios entre los cuerpos de seguridad y otros supuestos servidores públicos; pero el Gobierno esgrime como logros para continuar su lucha la detención o muerte en operaciones de cerco de importantes capos como Arturo Beltrán Leyva, Nacho Coronel, Edgar Valdez La Barbie, Jesús El Rey Zambada, Eduardo Arellano o Jaime González Durán El Hummer. Una de sus cuentas pendientes es el arresto de El Chapo Guzmán, prófugo tras fugarse de la cárcel en 2001, que controla el poderoso cártel de Sinaloa, figura entre los más ricos del mundo según la revista Forbes y es uno de los más buscados por el FBI y la Interpol.