Dos de cada tres beneficiarios de la prestación de vivienda, que va unida a la RGI, han nacido en el extranjero
7% población extranjera sobre el total en euskadi
66% de ayudas para gente no nacida ya fuera de Euskadi, si no nacidos fuera de España (el año pasado eran el 50%)
Los inmigrantes nacidos en el extranjero son dos cada tres beneficiarios no pensionistas de la prestación complementaria de vivienda (PCV), la ayuda para alquiler de hasta 250 euros mensuales que se concede con la renta de garantía de ingresos (RGI). Así se deduce de las respuestas facilitadas por el Gobierno vasco a instancia del grupo popular del Parlamento vasco, en las que se indica que en mayo pasado había 27.833 perceptores de la PCV que no percibían una pensión, de los cuales 18.425 no eran originarios de España (aunque algunos podrían haberse nacionalizado). Sólo durante el mes pasado, el coste de esa partida ascendió a 7,1 millones de euros.
Una de las razones de que el peso de los inmigrantes sea tan elevado en la PCV (66,2%) es que el alquiler representa la opción mayoritaria entre los trabajadores llegados de fuera, mientras que entre los nacionales no lo es tanto. Mientras tanto, la presencia proporcional de los foráneos es dieciocho puntos menor en la RGI. En mayo pasado, los nacidos fuera de España representaban algo menos de la mitad de los perceptores no pensionistas de la renta de garantía (que sumaban cerca de 50.000); en suma, eran uno de cada dos.
Según la información del Gobierno vasco, la partida económica de la PCV no ha variado sustancialmente desde agosto de 2015. Sí se ha producido un incremento de los beneficiarios naturales de España (cerca de mil individuos más hasta llegar a 9.408). Mientras tanto, entre los colectivos no nacionales de la PCV, el más numeroso es el marroquí (3.619), seguido del boliviano (1.623).
La Ley de Vivienda
La PCV está llamada a desaparecer. El Gobierno vasco debe preparar un decreto que regulará otro subsidio de alquiler para absorber el anterior y para absorber también las ayudas de emergencia social (AES) que los ayuntamientos dan específicamente para el arrendamiento (unas 7.000). Ese decreto ha suscitado un fuerte debate porque la futura prestación, al depender de la Ley de Vivienda, tiene sobre el papel condiciones más duras.
La PCV exige ahora tres años de padrón y la solicitud de inscripción en las listas de demandantes de alojamiento de Etxebide (aunque esa petición sea denegada por carecer del permiso de residencia o no acreditar un mínimo de 3.000 euros de ingresos, por ejemplo). Sin embargo, la nueva ayuda de alquiler requerirá, según la Ley de Vivienda, cuatro años de inscripción efectiva en Etxebide y además en la opción de alquiler. De ese modo, alguien que hoy cobra la PCV y que dentro de dos años debe pasar a la prestación nueva podría quedarse sin ella al no cumplir las condiciones.