Carcel para los pobres, rescates para los ricos

Hace un tiempo tuve una discusión aquí en la que defendia que el sistema penal español es sumamente duro. ¿duro para quien? duro para los pobres, blando para los ricos. Ahora alguien de mas peso que yo, me da la razón:

Gallardón y el populismo penal

El proyecto de reforma del Código Penal que ha presentado el ministro Gallardón, para endurecer una serie de delitos, nos muestra algunos de los rasgos más característicos del populismo punitivo. Se trata de adoptar medidas a golpe de titular, que actúan sobre los resortes emocionales de la población, pero que no resuelven los problemas reales de la sociedad. Por ejemplo, resulta sencillo endurecer las penas para los delitos vinculados a los incendios. Pero eso no soluciona nada, porque lo que se necesita es una actitud institucional preventiva que evite la propagación de los mismos. Sin duda, esta actuación pública requiere una inversión y un compromiso social mucho mayor que retocar un artículo del Código Penal. También resulta fácil endurecer los castigos para los hurtos y robos de escasa entidad, que casi siempre se cometen en los ámbitos de la marginación social y de las drogodependencias. Sin embargo, se opta por la populista reacción penal en lugar de la actuación social que sería mucho más efectiva. Nadie ha explicado por qué no se regula penalmente de forma adecuada la alta delincuencia económica o determinadas conductas en el ámbito bancario que producen en ocasiones graves perjuicios a la sociedad y que son percibidas por los ciudadanos como un problema que afecta especialmente a sus vidas. Estos altisonantes anuncios penales suelen distraer a la población de otros problemas. Pero hay algunos datos que necesitan ser aclarados. Nuestro país se encuentra en las tasas más bajas de delincuencia en el ámbito europeo. En cambio, cuenta con el porcentaje más alto de presos por habitante. Ello nos demuestra que nuestro sistema penal es especialmente duro y que no necesita de una mayor severidad. Además, también estamos en las posiciones de cabeza de los países europeos en cuanto al tiempo de cumplimiento de las condenas. Por ello, medidas como la prisión permanente revisable resultan innecesarias y solo pueden entenderse desde criterios de oportunidad para actuar sobre los citados resortes emocionales. Lo cierto es que nuestra Constitución concibe la rehabilitación de los penados como la finalidad de la condena. Y en ningún caso contempla que la venganza institucional pueda ser el objetivo de la misma. Por eso, la articulación que se propone sobre la prisión permanente revisable puede ser de dudosa constitucionalidad. Al igual que medidas como la custodia de seguridad, como una prórroga discrecional de la condena cumplida, que en función de su formulación puede afectar a los principios de culpabilidad, de seguridad jurídica y de presunción de inocencia. Otras propuestas de reforma parecen tener un objetivo más definido, como las de criminalizar determinadas formas de protesta. Nuestro Código Penal ya ofrece ahora una respuesta más que suficiente. Por ello, hemos de suponer que se pretende endurecer penalmente determinadas conductas ante el creciente descontento de la ciudadanía frente a las decisiones del Ejecutivo. Pero el Gobierno debería convencer de las bondades de su gestión a través de argumentos y no mediante el uso de la mayor represión penal que se ha aplicado para este tipo de conductas desde tiempos de infausto recuerdo. Las soluciones penales de cualquier país están muy relacionadas con una serie de parámetros, como sus niveles de vertebración. En un momento en el que se está desmantelando el Estado Social, la consecuencia más directa es la falta de recursos económicos para permitir una adecuada cohesión ciudadana. Desde esta perspectiva, el populismo penal representa una respuesta simbólica que permite desviar la atención sobre otras preocupaciones y una respuesta poco efectiva para solucionar problemas reales. Y también supone una respuesta falsamente compensatoria de las graves carencias sociales que están afectando muy seriamente a la colectividad.

Ahora lo que habría que conseguir es que se considerara terrorismo a las estafas, robos, uso fraudulento del dinero publico, perpetrados por políticos y banqueros, de esta forma puede que la perpetua les tocara a ellos, pero no, seguro que no

El problema es que esa norma la tendrias que aprobar los mismos a los que se les aplicaria, así que me temo que eso es imposible.

creo que una cosa no tiene que ver con la otra, la cadena perpetua (o como se le quiera llamar) es una peticion popular desde hace muchisimos años para delitos que nos han sobrecogido a todos.

creo que hay que dejarse ya de buenismos y plantearse que la carcel es el medio de apartar de la sociedad a individuos especialmente violentos y peligrosos y que hay personas que lamentablemente no son rehabilitables.

otra cosa es como se plantea que a los delitos de guante blanco y mas cercanos al ambito politico tendremos que aplicar castigos de similar contundencia y exigir la misma premura por parte de la justicia en investigar y sancionar a quien corresponda.

un saludo.

Muy buenistas no debemos ser, cuando tenemos una de las tasas de delincuencia mas bajas de europa y, por el lado contrario, una de las tasas de penitenciaridad mas altas. No somos buenos, somos crueles.

Pero con los delitos politicos y economicos si que somos sumamente blandos. Todavia no he visto peticiones para los delitos economicos, similares a las peticiones de cadena perpetua por asesinatos como el de Sandra Palo o la niña de Huelva. Estos asesinatos ganan en espectacularidad, pero delitos como los de las preferentes ganan por el numero de afectados, a algunos de los cuales se les ha hecho un daño terrible, de tener una vejez tranquila a tener una vejez de hambre.

Se debería de tener en cuenta que los políticos con sus actos provocan mas muertes que todos los asesinos que podamos tener, cuando admiten y consienten el espolio al ciudadano, muchos de esos ciudadanos acaban con una enfermedad que los termina matando, si eso se pudiera valorar, se podría acusar a muchos políticos de asesinos en masa

Es de Joaquim Bosch, portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia y me alegro de que nuestro nuevo presidente del Tribunal Supremo pertenezca a esta asociación.

Desde tiempos inmemoriales la ejecución de la pena, ha pasado desde la decapitación pública o desmembramiento morboso y como espectáculo de masas para escarnio público, al enfoque científico de las ciencia moderna, sobre si realmente son unos más eficaces que otros, para prevenir y evitar el delito, que es de lo que se trata, aunque otros piensen que lo importante es el espectáculo.

Esto algunos lo llamarán buenismo, pero es una evidencia científica e histórica, que no se puede obviar.

Por eso es de inocentes pensar que basta con un cambio legislativo para aparecer en "Alicia en el Pais de la Maravillas" o Neverland y eso los que tiene que ejecutar la Ley como en el artículo, lo saben.

Con la disculpa de la reducción de medios, se pretende ahora que se haga por arte de magia y no se sabe bien que artificio inexplicable y que con un aumento de la litigiosidad y con total desconocimiento del sistema penal y de ejecución, como si de un exorcismo se tratara, se arreglaran todos los problemas, a golpe de sensacionalismo.

Efectivamente, en los delitos de guante blanco, vemos la EVIDENCIA de que la legislación penal YA existe, pero quizás con eso no basta y NECESITEMOS más medios y voluntad, no de distraer al personal con el Circo mediático, sino ofreciendo soluciones que tengan verdadero sentido, sin demagogia electoralista porque entonces si desde la Ley y la moderación, no se hace nada, habría que resetear el sistema de nuevo.

Un saludo

Suscribo punto por punto tu comentario.

Saludos Madoz