A tapar el caso Urdangarín y la Gurtel

El Gobierno destituye a la cúpula de la Oficina Antifraude de Hacienda

Este departamento destapó el 'caso Gürtel' o el que ha llevado al yerno del Rey ante la justicia

Hacienda asciende a jefa adjunta a Pilar Valiente, quien dimitió de la CNMV por el 'caso Gescartera'

El Gobierno de Mariano Rajoy ha descabezado los equipos encargados de las investigaciones del caso Gürtel y del caso Urdangarin. El pasado jueves el Ejecutivo destituyó a los máximos responsables de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF), que depende del Ministerio de Hacienda. El más importante de los destituidos, según ha informado la cadena SER, es Víctor de la Morena, jefe de investigación de la oficina, que llevaba los casos más sensibles e importantes. En concreto, era el responsable de la investigación de Gürtel. Junto a él también han sido relevados otros cinco jefes de equipo.

Todos los destituidos eran inspectores de Hacienda y ocupaban puestos de libre designación, no de carácter político. Hasta ahora los cambios de Gobierno solían implicar la sustitución del jefe de la ONIF o del jefe adjunto, lo que ahora ha ocurrido también. No es tan habitual, sin embargo, que el relevo afecte también a los jefes de equipo. Hacienda asegura, por el contrario, que se trata de un cambio normal.

La decisión de prescindir de esos responsables de departamento ha causado malestar en la oficina, especialmente por las formas, al no asignar a los afectados nuevo destino y porque en algunos casos se instó a desalojar sus despachos inmediatamente.

El Gobierno del PP puso al frente de la Oficina Antifraude a Santiago Menéndez, delegado de la Agencia Tributaria y anterior director de Recaudación durante la etapa de José María Aznar. Sin embargo, según la SER la iniciativa de las destituciones se atribuye a Pilar Valiente, recién nombrada jefa adjunta de la ONIF, número dos de la oficina. Valiente trabajaba ya en la oficina en un puesto de menor relevancia.

Anteriormente, fue presidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, CNMV, bajo el mandato de Aznar, y tuvo que dimitir por su actuación indebida en el caso Gescartera, cuando se sospechó que había tratado de favorecer a los implicados. Antes, durante el primer Gobierno de Aznar, fue directora general de la inspección de la Agencia Tributaria.

Ojos que no ven...
Aparte de quizás algo de venganza hacia quien ha osado cuestionar la honradez de ciertas élites, la cosa huele a preparar una amnistía fiscal a la repatriación de capitales.

Vamos a ver.

El PSOE colocó a sus amiguetes en todos, repito todos los puesto de libre designación, incluso algunos que normalmente se hacía de común acuerdo el PSOE dijo que mañana si pero hoy no.

Ahora gobierna el PP, y lógicamente colocará a profesionales de su confianza.

Que estos está bien o mal, pues no digo ni si, ni digo no, pero que es así, pues claro, y mas si tenemos en cuenta los antecedentes con algunos informe policiales en fechas que no deseamos recordar y que le costarón perder el gobierno en el 2004.

Esto mismo lo habrán hecho en Valencia, Cataluña, Andalucía y en todos los sitios donde puedan hacerlo. No solo en Valencia por lo de la Gurtel y lo de Urdangarín.

Por cierto lo de la Gurtel puede ser cosa del PP, pero lo de Urdangarín que leches pinta el PP.? Este habrá echo negocios con unos y con otros.

Es lo que pasa con los puestos de libre designación. El funcionariado a alto nivel sigue teniendo el sistema de cesantias como en el siglo XIX. Esto no da mucha seguridad en su actuación, pues si libre fue su designación, igualmente libre es su cese, que puede llegar si no mantienen contento a quien libremente les designó.
Por eso, creo que todos estos puestos técnicos debería ser adjudicados por conscurso, y al ser de tan alto nivel, un concurso especialmente transparente, en el que quedase claro que es la cualificación técnica, y no otra cosa, el motivo por el que llegan a tan elevados puestos de trabajo.

Lo informes emitidos por ese personal serán ciertos o no. Si no son ciertos siempre podrán ser acusados de falsedad en documento público, con la pena correspondiente. Los informes técnicos han de ser técnicos, es decir, ceñirse a la realidad, que siendo técnicos suelen ser difícilmente opinables.

Claro, que si no se discute los informes sino que se cambian, cabe pensar que llevan otra idea. En fin, que seguimos como en el siglo XIX, y cada partido tiene sus funcionarios.

Vaya. Abrí yo también un hilo con lo mismo.
Responderé lo mismo aquí.

España es un "puticlub lleno de sífilis".
Abría que desinfectar pero bien desinfectado.