Corrupción en bancos, alcalde en la cárcel: ballena blanca sigue

Impresionante:
Vaya con el Popular.

La operación Ballena Blanca obligó a bloquear cuentas corrientes, depósitos y cajas de seguridad de 28 bancos. Al principio fueron 35,6 millones de euros en efectivo, pero la cifra se eleva ya a 72 millones. Sin embargo, a juicio de Interior, la investigación ha revelado que fallaron los controles internos en los bancos. Algunos concedieron préstamos a empresas y avalistas "no suficientemente acreditados". Una entidad incluso dio créditos condicionados a futuras recalificaciones de suelo.

Uno de los casos que muestra ese comportamiento de los bancos salió a relucir tras la detención de Antonio Flores Romero, director de la sucursal del Banco de Andalucía en la Línea de la Concepción durante 2003 y 2004, periodo en el que dicha entidad tuvo una estrecha relación con empresas vinculadas con el entramado del abogado Fernando Del Valle.

En su declaración ante el juez, Flores dibujó la importancia que tenía una sucursal que gozaba "de unos 3.800 clientes y un volumen de negocio de alrededor de 20.000 millones de pesetas", una cifra muy alta para una localidad de 62.000 habitantes. El Banco de Andalucía pertenece al Banco Popular y su línea de créditos hipotecarios se canaliza a través del Banco Popular Hipotecario.

El propio director de la sucursal reconoce que le "sorprendió" que el Popular Hipotecario concediera un crédito de 8,9 millones de euros a una empresa, condicionado a una futura recalificación de terrenos. "Lo usual es que el préstamo no se conceda hasta que no se han determinado las condiciones de la parcela y no se haya verificado la recalificación de los terrenos", dijo el acusado. Éste llegó a confesar que el BBVA estuvo a punto de participar en una sociedad con una de esas empresas, pero decidió retirarse. Flores no explicó la razón de la retirada.

Según fuentes de la investigación, declaraciones como ésta revelan algunas de las prácticas habituales en el entorno de la construcción inmobiliaria en la costa, donde la posibilidad de que un terreno sea recalificado se contempla con "la mayor naturalidad del mundo". ¿Cómo se efectúa esa recalificación? Ahí se entra en asuntos que todavía están bajo secreto de sumario. No obstante, una de las ramas de la investigación permitió llegar hasta el alcalde de Manilva, localidad muy próxima a La Línea de la Concepción, precisamente por un asunto de recalificaciones. Pedro Tirado, alcalde que fue del GIL y que ahora presidía el Partido Democrático de Manilva, fue detenido. La policía encontró en su domicilio una bolsa que contenía casi 770.000 euros en billetes.

Otra de las cuestiones en las que trata de profundizar la investigación es sobre la concesión de créditos bancarios a empresas relacionadas con la organización del despacho DVA Abogados de Marbella. Uno de los casos que ha salido a la luz con el levantamiento parcial del secreto sumarial es el de la concesión de dos préstamos de 12 millones de euros cada uno a la empresa Allerton Holding para sus promociones urbanísticas en la Villa (104 viviendas) y Regency (118), ambas en la zona de La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción. Precisamente es en estas urbanizaciones donde se intervinieron cautelarmente gran cantidad de bienes inmobiliarios.

Según se da cuenta en el sumario, el banco admitió en los préstamos a sociedades israelíes como avalistas "sin acreditar su solvencia". Curiosamente, otro abogado detenido, Jorge Poggio, llegó a enviar una carta al Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España, manifestando sus dudas sobre algunas de estas empresas que manejaban cuentas corrientes por cantidades muy elevadas. "La ley", dice una fuente de Interior, "obliga a los profesionales a informar, pero también a no intervenir en operaciones sospechosas".

[El abogado Fernando del Valle ha colgado en la página web de su despacho (www.dva-lawyers.com) un comunicado para sus clientes, en el que afirma

La policía relaciona 17 grupos delictivos con el despacho de Marbella y ha bloqueado 72 millones en 28 bancos

La dimensión de la operación Ballena Blanca se ha agrandado tras las investigaciones de la policía en los últimos meses. El dinero bloqueado en 28 entidades bancarias asciende ya a 72 millones de euros, los inmuebles incautados se acercan a los 400 y el número de organizaciones criminales relacionadas con el despacho Del Valle Abogados (DVA) de Marbella asciende a 17, cuando inicialmente se habló de nueve grupos. La operación sigue su curso y el juez Miguel Ángel Torres ha conseguido que el Consejo General del Poder Judicial le autorice a seguir con la instrucción y a no tomar posesión de la plaza que le habían adjudicado en un juzgado de Granada.

La operación Ballena Blanca, la investigación sobre blanqueo de dinero más importante iniciada en España, sigue abierta y la policía baraja nuevas detenciones. El sumario acumula ya 58 detenidos entre profesionales tan característicos como notarios, abogados, empresarios, promotores inmobiliarios y, desde hace un mes, un alcalde, el de Manilva (Málaga). El sumario seguirá estando parcialmente secreto durante un tiempo que no será largo, porque se pretende cerrarlo y abrir, en su caso, otras instrucciones para evitar un macrojuicio que pueda perjudicar la investigación original.

Han transcurrido ya casi dos años de investigación en un caso que puede sentar un importante precedente en el negocio inmobiliario de la Costa del Sol. La policía acumulaba fundadas sospechas sobre la actuación de algunos despachos de abogados, pero no había tenido la oportunidad de emprender una investigación a fondo. Uno de los despachos sospechosos era el presidido por el abogado chileno Fernando del Valle, cuya expansión le había permitido disponer de sucursales en Marbella, San Pedro de Alcántara, Benissa, Orihuela (Alicante) y tenía la intención de abrir otro despacho en Almería. A la policía no se le escapó un curioso detalle: casi todo el personal de dicho despacho, tanto en la central como en las sucursales, estaba formado por mujeres jóvenes, en su mayoría abogadas con poca experiencia profesional.

Fue una investigación de rutina, relacionada con un narcotraficante de origen tunecino llamado Sophiani Hambli -encarcelado en Francia, de donde se escapó de la prisión de Metz para refugiarse en España- la que permitió relacionar a un delincuente buscado por la policía francesa con el despacho de Fernando del Valle. Un lugarteniente de Hambli fue detenido en Marbella con 3,2 toneladas de hachís en abril de 2004. Unas semanas después, era detenido en Marbella tras un tiroteo con la policía el propio Hambli. La policía francesa sospechaba que este narcotraficante estaba blanqueando dinero en España a través de su familia, afincada en la Costa del Sol. Como consecuencia de unas comisiones rogatorias de las autoridades francesas, aparecieron en escena sociedades como Silverkey Properties SL, Garden Gates Inversiones SL o Funfair Inversiones SL. Estas empresas se constituyeron en el despacho de Del Valle.

El 2 de mayo de 2004, el juez Torres tomó una decisión muy importante, a juicio de la policía: intervenir los teléfonos tanto de Del Valle como de la empleada de su despacho Estela Elena Herrera. A partir de ese momento, la investigación policial cobró una nueva dimensión. "No es fácil y todavía sigue siendo una cuestión muy restringida", confiesan fuentes policiales, "obtener la intervención telefónica de determinados despachos de abogados".

Lo que en otras ocasiones era una mera investigación de tipo fiscal, cobró la velocidad y las posibilidades de una investigación policial. Y el caso tomó otro rumbo. "Tengamos en cuenta que se trataba de gente que estaba convencida de que actuaba en la más completa impunidad", dicen fuentes del Ministerio del Interior. "Eso les dio a los investigadores una gran ventaja y poder contar con el factor sorpresa", añaden.

En algunas de esas notarías, se constituían varias de esas empresas en la misma semana. A veces en el mismo día. Algunos de los notarios detenidos declaraba en el juzgado que no le llamó la atención ese procedimiento porque "es muy usual en Marbella la constitución de empresas con socios extranjeros", según la confesión de uno de ellos. Tampoco les llamó la atención el papel de Estela Herrera. Ninguno de las notarías advirtió a las autoridades de estos pormenores.

La investigación de dichas sociedades señalaba, a juicio de la policía, una intención manifiesta de ocultar el origen del dinero y la identidad de los propietarios del mismo. Sobre las sociedades domiciliadas en Delaware, la policía destacaba el modus operandi: "Partían todas ellas de un mismo domicilio en Delaware, y en Marbella hacían lo que se llama el kit comanche, es decir, Del Valle se quedaba como representante y se otorgaba una mayoría de acciones al portador a su auténtico dueño". Esas sociedades, aunque domiciliadas todas en la misma dirección, podían haberse constituido en otras partes de Estados Unidos o del mundo.

Sucesivas investigaciones han ido engrosando el número de empresas y el número de grupos criminales relacionados con las mismas. Las ramificaciones del despacho llegan hasta numerosos países de Europa, fundamentalmente Holanda, Reino Unido y Francia, pero también Suecia o Finlandia. Muy pronto se establecieron oscuras conexiones de la red de empresas con ciudadanos rusos y de otros países del Este, con la petrolera Yukos, y también con Israel. Esa parte del sumario permanece aún secreta.
http://www.elpais.es/articulo/elpporesp/20051114elpepinac_11/Tes