Todos hemos visto alguna vez en televisión esos reportajes donde un matrimonio ha visto como los ahorros de su vida desaparecían al invertirlos en la compra de “la casa de sus sueños”. Incluso había un programa americano donde se perseguía al constructor para enfrentarlo a los afectados que le pedían explicaciones acerca de su dinero desaparecido. En todos los casos pasa lo mismo: el matrimonio se siente estafado, están hundidos, enrabietados, indignados y resignados al haber perdido una gran cantidad de dinero comprando “sobre plano”. Un dinero perdido y una casa que nunca llegó.
Nos encontramos con que la promotora ha quebrado, ya no tiene fondos y la promoción de viviendas que se inició hace unos años y por la que cobró cientos de miles de euros en anticipos a decenas de clientes se ha quedado a medio construir. Aquellas viviendas con cuatro habitaciones, salón con chimenea y pequeño jardín ahora parece un pueblo fantasma. El joven matrimonio puede ver desde fuera, a través de la valla que el ayuntamiento ha colocado, la parcela que les hubiera correspondido e imaginan cómo sería su vida allí entre esas cuatro paredes y ese techo derruido en la casa que hace tres años que debió haberles sido entregada.
Puede que parezca que está todo perdido. Si la promotora quiebra y las obras no acaban. “¿Qué podemos hacer? Está en concurso de acreedores, no cobraremos jamás”, piensan. No es así, hay una oportunidad.
Sin entrar a detallar determinadas cuestiones previas para allanar el terreno y atacar a los responsables, en primer lugar, buscaremos a los avalistas o a las aseguradoras de las cantidades entregadas. ¿Debe haber avalista? Sí, debe haber y debe responder. Nos pondrán mil pegas para cobrar, pero bueno, son aseguradoras, no esperábamos otra cosa. ¿Y si no hay aval?
Es entonces cuando podemos pensar que si no hay aval el promotor está infringiendo la ley, cosa que no nos afecta demasiado, dado que ya es responsable, pero insolvente y por eso ya sólo podemos buscar al último de los posibles responsables: el banco. La entidad bancaria que recibe las cantidades entregadas a cuenta tiene la obligación de velar por que esas cantidades estén garantizadas, debe preocuparse por averiguar si existe ese aval. Es esa falta de diligencia lo que hace responsable al banco. Porque la finalidad de la ley analizada y que ampara al consumidor es esa, poder recuperar un dinero entregado a cuenta para el caso de que la operación no llegue a buen fin.
Existen mecanismos para que se haga justicia pero debe ser analizado cada caso individualmente. Al final, en nuestra historia, la promoción cayó, las obras no terminaron nunca y la sociedad se declaró insolvente pero los avalistas acabaron pagando y el matrimonio pudo reinvertir su dinero en otra vivienda. Final feliz para ellos.
