El interés de la UE por la temática financiera no es nuevo, si bien es cierto que no ha tenido la prioridad de otros asuntos económicos. La poca atención a la regulación del sistema financiero bursátil quizá ha estado motivada por la existencia de organismos reguladores y comisiones de supervisión en los principales países miembros, y esencialmente, porque antes eran necesarios otros ajustes previos, como la armonización contable a nivel europeo (representada en nuestro país con la aprobación del Nuevo -y posiblemente breve- Plan General Contable).
El denominado Grupo de Expertos para los Mercados de Valores Mobiliarios Europeos (European Securities Markets Expert Group, ESME) nació formalmente el 19 de abril de 2006, en el marco de las actuaciones contenidas en el "White Paper on Financial Services 2005-2010", y el fin de sus actividades de asesoramiento estaba prevista para el pasado 10 de diciembre de 2009. Su actividad, en palabras de la propia Comisión Europea, era "proporcionar asesoramiento económico y legal en la aplicación de la Directiva Europea sobre valores mobiliarios OJ L 106. En sus tres años de vida, el ESME ha tratado diversos temas financieros, tales como la transparencia en mercados distintos a los de acciones, la MIFID, la admisión de valores en mercados oficiales o el papel de las agencias de calificación crediticia. Dos españoles entre los 20 expertos, Javier Méndez Llera, de BBVA Asset Management, y María Gracia Rubio de Casas, de Baker & McKenzie.
La citada decisión, en su nombre formal, es la "Decisión de la Comisión (2006/288/CE), de 30 de marzo de 2006 , por la que se establece un grupo europeo de expertos de los mercados de valores mobiliarios encargado de proporcionar asesoramiento jurídico y económico sobre la aplicación de las Directivas de la UE relativas a los valores mobiliarios". En su artículo 3, resumido, indica las misiones de este grupo de expertos:
- Detectar las posibles lagunas legislativas que impidan la correcta protección de los derechos de los inversores: "Proporcionar asesoramiento a la Comisión de la coherencia jurídica del marco legislativo de la UE y de la incorporación de dicho marco al Derecho nacional, sobre las Directivas de valores mobiliarios de la UE, para determinar -desde el punto de vista de los operadores reglamentados y de los usuarios de los mercados de valores mobiliarios- los elementos de inseguridad jurídica contenidos en el marco legislativo que dificulten el buen funcionamiento de estos mercados".
- Elaborar informes sobre ciertas Directivas y sus consecuencias económicas: "Asistir a la Comisión, por medio de asesoramiento, en la preparación de sus informes relativos a la aplicación de las disposiciones de la Directiva 2004/39/CE, de la Directiva 2003/71/CE, de la Directiva 2004/109/CE y de la Directiva 2003/6/CE. El asesoramiento del grupo también deberá incluir un análisis de los efectos económicos de estas Directivas".
- Asesoramiento sobre mercados de valores y agencias de calificación: "Proporcionar, a petición de la Comisión, asesoramiento técnico sobre cuestiones de interés actual relativas a los mercados de valores mobiliarios de la Unión Europea, particularmente en lo que se refiere a las agencias de calificación crediticia y a los analistas financieros. En cuanto a las agencias de calificación crediticia, la Comisión se propone sondear la opinión de los operadores del mercado, y especialmente de aquellos que compran instrumentos financieros complejos, solicitando el asesoramiento del grupo sobre cuestiones específicas relacionadas con el funcionamiento de dichas agencias. En cuanto a los analistas financieros, se podrá pedir al grupo su opinión acerca del grado de adecuación de las exigencias reglamentarias vigentes".
Uno de los informes que se derivaron de la ESME fue el publicado en febrero de 2009, que dio lugar a su vez a la publicación en mayo de 2009 de una Comunicación por parte de la Comisión Europea, en la cual se proponía la creación de un Sistema Europeo de Supervisores Financieros (European System of Financial Supervisors, ESFS), que aglutine toda una serie de entes, bien creados o bien transformados de otros comités ya existentes, y que coordinados con entidades nacionales, aumenten la supervisión en los mercados financieros. También se recomienda la creación de una Plataforma Europea para el Riesgo Sistémico (European Systemic Risk Board, ESRB), que realice análisis macroeconómicos en busca de riesgos que puedan afectar a los principales sistemas financieros (europeos, se entiende).
Entre esos supervisores financieros se encuentra la ESMA, European Security Markets Authority. Esta nueva entidad deberá contribuir a:
- Mejorar el funcionamiento del mercado interior, incluyendo un "alto, efectivo y consistente" nivel de regulación y supervisión.
- Proteger a los inversores.
- Asegurar la integridad, eficiencia y funcionamiento ordenado de los mercados financieros.
- Salvaguardar la estabilidad del sistema financiero.
- Fortalecer la coordinación internacional en materia de supervisión.
Para ello, entre otras potestades, se le quiere dotar del poder suficiente para desarrollar estándares, guías, recomendaciones... así como para tomar decisiones dirigidas a determinadas autoridades, entidades u otros participantes de los mercados financieros.
Si nos vamos a la página web de la CNMV, las funciones que tiene asignadas, son, textualmente "velar por la transparencia de los mercados de valores españoles y la correcta formación de precios, así como la protección de los inversores", así como "ejercer una supervisión prudencial obre las sociedades que emiten u ofrecen valores para ser colocados de forma pública, sobre los mercados secundarios de valores, y sobre las empresas que prestan servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva, que garantiza la seguridad de sus transacciones y la solvencia del sistema".
En principo, no parece que se solapen las funciones de uno y otro organismo, sino que la CNMV tendrá que atenerse, en los casos que reglamentariamente se determinen en la normativa europea (y su posterior adaptación a la legislación española), a lo que dictamine la ESMA.
Veremos si esta nueva autoridad comunitaria es un mero formalismo para ceder a las presiones de gobiernos (y otros supuestos interesados), si la crean para "chupar del bote" como dice Fernan2, o si realmente nace como un organismo serio y competente, con personas expertas, serias y competentes, y con decisiones responsables, firmes y resueltas. Por lo pronto, tienen presupuestados 1,2 millones de euros por año (en dos años) para tamaña tarea, aunque en dicho presupuesto no se desglosa apenas a qué conceptos corresponde tal cantidad (parece casi puesta a ojo de buen cubero). Por lo pronto, la seriedad no nos la garantizan. ¿Les concedemos el beneficio de la duda?
S2
