La Universidad Johns Hopkins de Baltimore, que es la que está aportando los datos más certeros en relación a la pandemia del COVID-19, eleva a 1.8 millones el número de fallecidos en el todo mundo durante el año 2020 y principios del 2021 como consecuencia de la misma.
Los datos de la ONU cifran en 7.700 millones las personas que actualmente habitan el planeta Tierra. Si hacemos una simple regla de tres porcentual podemos constatar que los seres humanos que perdieron la vida por COVID-19 en los últimos doce meses representan un 0,023376 de la población mundial.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe publicado en 1999, durante la primera mitad del siglo XX cada año murieron alrededor de dos millones de personas a razón de la malaria. A día de hoy se estima que fallecen un millón de personas anualmente por culpa del paludismo.
Por otra parte, la tuberculosis representa la décima causa de mortalidad en el planeta. Tan sólo en 2018 mató a 1,5 millones de personas y contagió a diez millones a tenor de las cifras facilitadas por la OMS. Las rígidas restricciones debido al COVID-19 están generando un hacinamiento de alrededor de mil millones de personas que intentan sobrevivir en barrios cuyas condiciones de salubridad e higiene son infrahumanas. Se trata del escenario perfecto para el incremento de la transmisión de la enfermedad, que se produce cuando un contagiado expulsa bacilos tuberculosos al aire al toser o estornudar.
Cito estas dos enfermedades porque, además de ser más mortíferas que el COVID-19, desde hace años tienen tratamiento y cura, pero la población que las sufre no dispone de dinero para pagar la medicación.
En mi opinión deberíamos elevar a la categoría de genocidio lo que ocurre respecto a las pandemias de la malaria y la tuberculosis. Y lo hago basándome en que, aunque no existe ningún acuerdo internacional o declaración política de carácter internacional que reconozca expresamente el derecho de toda persona a acceder a los medicamentos esenciales, cabe entender que este se infiere del derecho a la vida y a la salud, constituyendo un aspecto esencial de ambos derechos. Recuerdo que el derecho a la salud es objeto de reconocimiento explícito en el preámbulo del tratado constitutivo de la OMS, en vigor desde el 7 de abril de 1948.
Volviendo al COVID-19 es obvio que se actuó rápido en comparación con las pandemias que acabo de mencionar. Quizás tenga algo que ver en ello que comenzó siendo un virus “medio comunista” y ahora ya es totalmente capitalista.
La gripe A y la gripe común fueron desplazadas de las tertulias cotidianas, no obstante, los medios de comunicación al servicio de Estados- empresa cuentan cada fallecido por COVID-19 a una velocidad primorosa y lo publicitan hasta en el Thomson Reuters Building de Times Square. A base de miedo y de intereses de grandes corporaciones económicas lograron sobredimensionar un problema notable hacia el status de Guerra Mundial. Ni siquiera Hitler consiguió confinar a dieciséis millones de personas en Lombardía como ha sucedido en el infausto año 2020 bajo el paraguas de la pandemia.
Es más, a la hora de contabilizar fallecidos por COVID-19 con el permiso de biólogos, epidemiólogos y médicos en general, me atrevo a afirmar que las autoridades lo hacen sinfónicamente. Lo que quiero transmitir es que, si una persona padece un trastorno autoinmune, contrae COVID-19 y fallece, bajo mi perspectiva no debe ser categorizada como víctima del virus.
En definitiva, su afección primaria se habría visto agravada por ese motivo como podía haber empeorado por cualquier otro. De aplicarse esta misma lógica a un resfriado común que afectase a personas con patologías previas habría que contabilizar a millones de fallecidos cada año por un simple resfriado. ¿Sería razonable? Saquen sus propias conclusiones.
¿Cuantas personas que no pertenecen a grupos de riesgo mueren directamente a causa del COVID-19? Un porcentaje ínfimo. Entonces la contabilización de fallecidos por contraer el virus está viciada y magnificada premeditadamente.
Decenas de gobiernos lograron, en base a los confinamientos, una reducción de las libertades colectivas e individuales, pero en absoluto que se frenase el contagio. Sujetos a este totalitarismo temo que la tercera ola del virus sea la que más afecte a la salud mental. La gente alcohólica, ludópata, con trastornos obsesivo-compulsivos y otros desórdenes están incrementado sus dolencias al mismo ritmo que se agudiza el maltrato familar, los suicidios y la violencia.
En base a esa misma línea argumentativa sostengo que no existe una sola evidencia que justifique que en los espacios cerrados el contagio se vea reducido gracias al uso de mascarillas. Si apelamos a un símil, en un ascensor, en el salón de nuestras casas o en una panadería muy transitada quedan partículas suspendidas en el aire (aerosoles) y por tanto, aunque guardemos la distancia de seguridad, también se acumulan partículas que ayudan a la transmisión.
Con esto que acabo de escribir no estoy incitando a nadie a que deseche las mascarillas, aunque recele de su efectividad. De lo que no me cabe duda es de que cada vez que las uso respiro dióxido de carbono, se agrupan bacterias en ellas y aunque las cambie cada cierto tiempo mi sistema inmunológico cae en depresión. Está documentado que durante la gripe española de 1918 murió muchísima gente por usar mascarillas ya que se acumulaban bacterias en ellas (estafilococos, estreptococos, gramnegativos…) que a posteriori derivaban en neumonías u otras enfermedades potencialmente mortíferas.
Entiendo que sean usadas en quirófanos como siempre se ha hecho y por el personal sanitario en general porque están muy expuestos, o para ayudar a proteger a grupos de riesgo en casos especiales, pero no que se imponga como algo generalizado. En este sentido, que las vendan hasta de colorines como un complemento de ropa me parece ineficaz e indecoroso por parte de los que hacen caja con ello.
Con la Unión Europea ahogada financieramente dependemos más que nunca del endeudamiento y ayuda externa, a lo que gustosamente se prestarán los EEUU y China, a cambio de una mayor apertura comercial y reducción de aranceles. Cuando hablamos de dinero no creo en las causalidades y que los países que componen la eurozona sean de los más afectados en términos financieros dudo que sea fruto del azar.
En medio del caos apareció la famosa vacuna de Pfizer, una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo que se encuentra entre las 60 empresas de EEUU por volumen de ingresos totales. En seis meses crearon una vacuna exprés que compite con la de Oxford-AstraZeneca, ya que la Sputnik rusa o la que se fabrica en china están fuera de juego quizás porque inoculen una especie de comunismo (mal entendido) o quiten mercado a los anglosajones, muy puritanos a la hora de gestionar el binomio salud-balances contables.
Consulté a un biólogo de prestigio sobre este tema, Juan Cuñarro Gómez, oriundo de Chantada, que actualmente forma parte de la estructura de la Universidad de Santiago de Compostela en calidad de investigador.
Su opinión, bajo mi punto de vista, tiene una validad enorme. En definitiva, él confía en que si estas vacunas ya están siendo inoculadas a la población es porque realmente son seguras en un alto porcentaje.
Afirma que la velocidad a la que se realizó un proceso que normalmente llevaría entre cinco y diez años responde a factores críticos como el económico, burocrático y de ensayos con voluntarios. Al parecer las farmacéuticas solventaron todos estos inconvenientes contando con muchos más recursos de los habituales. La explicación es convincente y más viniendo de una persona letrada.
También lo es Beatriz Andreia Teixeira Moreira, natural de Portugal y residente en Chipre, titulada en la University of Technology of Sydney en Biomedical Sciences, Máster en Health Sciences por la Universidad Europea de Madrid y Postgrado en Harvard.
Está parcialmente de acuerdo con las reflexiones de Juan Cuñarro Gómez, partiendo de la base de que el desarrollo fuese tal cual lo describe, pero pone en duda que la velocidad a la que se desarrolló la vacuna responda únicamente a la cuantiosa inversión, agilización de trámites burocráticos y a una ingente movilización de recursos humanos. Bajo su prisma, seis meses son insuficientes para que una vacuna ofrezca garantías, fundamentalmente en relación a los efectos secundarios graves que podría ocasionar en pacientes con patologías previas tanto a corto, medio o largo plazo.
¿Es obligatorio ponerse la vacuna? Hasta el momento no, a pesar de que algunos Estados intentan ejercer una presión velada sobre la ciudadanía impidiendo viajar al extranjero a los que hayan decidido no vacunarse.
Desde un punto de vista politológico es justificable, en este escenario, rememorar La desobediencia civil, un escrito publicado en 1849 por el norteamericano Henry David Thoreau donde explica los principios básicos de la desobediencia civil que él mismo practicó como cuando se negó a pagar sus impuestos, justificándolo porque no quería darle un solo dólar a un Estado que por aquél entonces estaba inmerso en guerras ilegítimas y que amparaba un severo régimen de esclavitud.
Thoreau es considerado un gran pacifista, de hecho fue mencionado en uno de los libros de Gandhi en su campaña de resistencia contra la colonización británica en la India. También influyó en Martin Luther King y en su lucha no violenta en defensa de la no discriminación de la población negra en EE.UU.
Existe una gran diferencia entre respetar las leyes y beatificarlas. De lo contrario las mujeres tendrían prohibido votar en más países o la esclavitud seguiría vigente, por poner dos ejemplos. Los políticos inmovilistas que defienden la ley a ultranza por su categoría jurídica, en ocasiones están promoviendo injusticias inadmisibles en base a ella. Cuando se llega a estos casos es cuando cobra valor la desobediencia civil como medio para cambiar el status quo e intentar que la sociedad sea más justa y democrática.
Y si alguien sabía sobre desobediencia civil ese era Don Lucio Urtubia, recientemente fallecido en París a la edad de 89 años. Anarquista convencido, se podrá disentir de su ideología, desaprobar muchas de las diabluras en las que incurrió, pero lo que es incuestionable es que fue un hombre fiel a sus principios desde el inicio hasta el final de su longeva vida. En consecuencia, merece mi más profundo respeto.
Alentaba a la expropiación de las grandes fortunas, bancos o entidades que abusan de la gente humilde, en pos de la justicia social. Empleaba la palabra expropiar porque sostenía que estaba repartiendo entre la gente necesitada lo que esos avasalladores le robaban a la población. De ahí la diferenciación que hacia entre las palabras expropiar y robar.
El término expropiar según la RAE significa: Dicho de la Administración. Privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes.
A condición de esa definición, solo se considera su aplicación desde el ámbito público, sin embargo, Don Lucio Urtubia también la extrapoló al ámbito privado. En lo que coinciden es en la búsqueda “de la utilidad pública y del interés social” suponiendo que las expropiaciones acaben en manos de personas pobres.
Siguiendo el hilo anterior, lo contrario a la expropiación por parte de la Administración Pública es la privatización. Apelando a varios ejemplos, ¿cómo han conseguido las compañías eléctricas, previamente en manos del Estado español, hacerse con la explotación y comercialización de la mayoría de recursos naturales?, ¿qué sucedió con Repsol y Telefónica? El objeto de sospecha es que hayan privatizado las empresas productivas y las deficitarias sigan en manos del Estado español. Corrupción, puertas giratorias, clientelismo … nada nuevo bajo el sol. Por descontado no todo lo que está gestionado por entidades públicas funciona a la perfección, especialmente en países con un Estado de Bienestar escasamente desarrollado como los mediterráneos (a diferencia de los nórdicos). Ahora bien, de lo que no cabe duda es de que lo único que se consiguió con estas privatizaciones publicitadas como una bendición para la ciudadanía, por aquello de fomentar la libre competencia que supuestamente traería consigo una bajada de precios, fue una expoliación de escala napoleónica.
Continuando con el paradigma del Estado español, Hacienda identificó que el 75% del fraude fiscal que se perpetra en la patria de la rojigualda lo llevan a cabo las grandes fortunas, no los autónomos que intentan sobrevivir operando en “B” para poder afrontar el pago de los recibos correspondientes a sus maltrechos negocios. En el año 2020 el señor Amancio Ortega evitó abonar a las arcas públicas 120 millones de euros a cambio de una donación de 60 millones de euros. Permítanme añadir que su conglomerado empresarial fue condenado en Brasil por trabajo esclavo y es presuntamente responsable de la muerte de al menos un millar de personas por el derrumbe de un edificio en ruinas, el Rana Plaza de Bangladesh, donde trabajaban personas en condiciones de esclavitud al igual que en Argentina, entre otras muchas cosas.
Al inicio de este artículo afirmé que no quería “alentar a ninguna persona a seguir parámetros de comportamiento que puedan resultar ilegales o moralmente censurables”. Y lo mantengo. Por eso mismo si alguien necesita ropa para que sus hijos no pasen frío considero ético que la soliciten en Zara de forma gratuita o en la fábrica de Arteixo (A Coruña) directamente, donde el señor Amancio Ortega suele estar de cuerpo presente contando billetes. En relación a la anterior idea si decidiesen expropiarla, lo harían con cargo a lo que este señor beatificado por algunos iletrados debería reembolsar a las arcas públicas.
En esta crisis, como en casi todas, miles de trabajadores fueron arrojados a los leones por patrones sin escrúpulos amparándose en una ley laboral retrógrada y fratricida que además los autoriza a emplear a becarios bien formados a cambio de exiguos salarios acompañados de mentiras. Les prometen estabilidad y los sustituyen a los seis meses a pesar de su buen desempeño para contratar a otros becarios tan ilusionados como baratos. Paralelamente explotan a inmigrantes a pesar de demonizarlos en primera instancia.
En esta crisis, como en casi todas, miles de trabajadores fueron arrojados a los leones por patrones sin escrúpulos amparándose en una ley laboral retrógrada y fratricida que además los autoriza a emplear a becarios bien formados a cambio de exiguos salarios acompañados de mentiras. Les prometen estabilidad y los sustituyen a los seis meses a pesar de su buen desempeño para contratar a otros becarios tan ilusionados como baratos. Paralelamente explotan a inmigrantes a pesar de demonizarlos en primera instancia.
Vista la realidad de esta manera quizás sea moralmente tolerable que las masas, sumidas en la pobreza extrema, decidan expropiar en grandes superficies de la industria alimentaria al estilo Lucio Urtubia. Porque a no ser que opten por el fallido modelo económico del CEPAL convirtiendo las habitaciones de sus casas en huertos, dudo que puedan sobrevivir dentro de este marco social.
A nivel global, ¿cómo es posible que alrededor de trescientas familias posean el 70% de los recursos del planeta mientras cada 5 segundos muere un niño de hambre? Con tan sólo el 1% de la riqueza que ostentan se acabaría con la desnutrición en el mundo. Urge muchísimo más una vacuna para ese mal. Inocular equidad y justicia social evitaría bastantes más muertes que cualquier cóctel de laboratorio. Lo más lacerante es que dichos linajes comercializan desde armas hasta vacunas, diamantes de sangre o petróleo como el controlado por la familia Al Saud en Arabia Saudí, donde cada día se violan los derechos humanos más elementales. Resulta evidente que dominan el mundo en la mayoría de los casos con dinero obtenido ilegítimamente gracias a la connivencia y complicidad de los Estados-empresa.
En síntesis, si estuviésemos gobernados por profesionales honestos en vez de por negligentes sin escrúpulos, expropiar a cambio de indemnizar estaría más que justificado. Tal vez así el propósito de cambiar el orden mundial imperante fuese más factible. De ahí que la desobediencia civil salga a colación como un muelle que impulsa la lucha en favor de la salvación de la humanidad y del planeta.
Unión, amor y resistencia!
Unión, amor y resistencia!
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