El informe de Industria reconoce que «las centrales de carbón autóctono reducen su producción un 53% en 2009 respecto a 2008, siendo la producción prácticamente nula desde julio de 2009». La caída de la demanda eléctrica por la crisis económica ha dejado casi paradas a las pocas centrales que aún queman el ineficiente carbón español, pero el presidente del Gobierno ha impuesto un Real Decreto que obliga a seguir utilizando esta materia prima, que se produce principalmente en las cuencas leonesa, de donde procede Zapatero, y asturiana.
El Real Decreto está paralizado en el Tribunal de Luxemburgo, pero el Gobierno confía en poder aplicarlo ya en 2011, año en el que según los datos de Industria, supondrá una inyección de 600 millones de euros a las cuencas mineras. La misma cifra se prevé para los tres años siguientes, hasta 2014, con lo que el coste total alcanzará los 2.400 millones de euros, un monto que tendrán que pagar los más de 17 millones de hogares españoles que ahora están en la tarifa regulada.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, recordó ayer que las ayudas al carbón representan un 3% del 9,8% que la luz subirá en enero, es decir, casi un tercio del incremento del recibo se debe a una materia prima autóctona cuya producción es ínfima y actualmente llena a rebosar los almacenes de las centrales térmicas que están obligadas a quemarlo.
Los «desequilibrios» del sistema de los que alerta el informe de Industria se vienen heredando desde hace años. Según los últimos datos oficiales de 2009, a las cuencas mineras llegaron ayudas por valor de 1.634 millones de euros, de forma que cada uno de los casi 8.000 mineros habría cobrado un salario bruto anual de 204.425 euros. Nada más lejos de la realidad. El sueldo medio de un trabajador de la mina ronda los 40.000 euros brutos anuales, cinco veces menos de lo que se extraería del monto total de ayudas. Así, sólo unos 290 millones de euros llegan realmente a los mineros, mientras los 1.344 millones restantes se pierden en ayudas a las zonas, becas, nuevas infraestructuras y los pingües beneficios que se llevan los empresarios privados de la minería.
Y si el carbón ya provoca casi un tercio de la subida del precio de la luz, el informe de Industria también reconoce que «el aumento del sobrecoste del régimen especial (ayudas a todas las energías renovables) aumenta el déficit tarifario». Es el otro Talón de Aquiles del sistema eléctrico español, el desarrollo acelerado y desordenado que desde 2007 se ha vivido en un segmento imprescindible para la lucha contra el cambio climático, pero que ha descabalado todas las cuentas del sector.
El informe advierte de que se han tenido que tomar drásticas medidas para la racionalización del desarrollo de las renovables y el control de sus costes. Ya en 2009, unos 6.200 millones de euros fueron a parar al conjunto de las renovables (eólico, termosolar, biomasa, cogeneración), de los que 2.600 millones (el 42%) fueron a parar a los huertos solares fotovoltaicos, que sólo produjeron el 2,3% de la electricidad que se consumión en el país. Ese año, el déficit tarifario (el monto económico generado desde 2002 porque la luz se paga por debajo del coste de producirla) se disparó hasta los 15.000 millones de euros, en gran parte, por el impacto de las subvenciones verdes.
La senda no ha cambiado este año. Según los datos oficiales de la Comisión Nacional de la Energía, hasta el 1 de noviembre, las ayudas a las renovables se han disparado hasta los 5.200 millones de euros, de los que 2.136 corresponden a los huertos fotovoltaicos.
El desequilibrio es tal que esta energía costaba sólo seis millones de euros en 2004, 13 millones en 2005, 39 millones en 2006, 194 en 2007, y 990 en 2008. De ahí, las ayudas han saltado por encima de los 2.000 millones, gracias a que la normativa aprobada por Joan Clos desde Industria en 2007 provocó que se instalaran 10 veces más huertos solares de los previstos.
Y todas las ayudas a las energías verdes van directas al recibo, vía déficit tarifario, que este año se acercará a los 20.000 millones de euros. Estas primas se incluyen en las tarifas de acceso, que representan un 50% del precio de la luz y que en enero se han congelado. Pero Sebastián reconoció ayer que en 2011 no se podrán volver a congelar, así que su subida será compensada con la bajada del precio de la energía subastada, que representa el otro 50% del recibo.
El informe de Industria también alerta de que «se estaba fraguando una burbuja termosolar y, en menor medida, en eólica, que ponían en riesgo el sistema». Un sistema que además sufre un «exceso de oferta» en producción por el imparable tirón de las renovables, que entran obligatoriamente por ley, y el desarrollo de nueva capacidad de centrales de ciclo combinado de gas (ahora casi paradas) para garantizar la seguridad del suministro. Sólo se usa en estos momentos el 35,7% de la capacidad instalada de generación de energía en España.
La política energética de Zapatero ha acabado por pesar como una losa sobre el bolsillo de todos los españoles. El desmesurado apoyo a la energía fotovoltaica y su apuesta por el ineficiente carbón nacional han sido los dos factores que más han contribuido al encarecimiento de la luz, que subirá un 9,8% en enero. Un reciente informe interno del Ministerio de Industria reconoce que desde 2008, el «sistema eléctrico estaba en situación de desequilibrio» y se había generado una «burbuja fotovoltaica», debido a que se dan subvenciones de 450 euros por megavatio/hora producido cuando su precio de mercado es de 64 euros, siete veces menos. En total, este año las primas a esta energía verde superarán los 2.500 millones y se cargarán al recibo. Al igual que las ayudas al carbón, cuya aportación a la generación eléctrica «ha sido prácticamente nula», pero que supondrán un coste de 2.400 millones hasta 2014 y ya tienen un peso del 3% en la subida de la luz.
El misterio de la «burbuja fotovoltaica»
Si toda la explicación a la subida del 9,8% de las tarifas eléctricas consiste en culpar al Gobierno del PP, como hizo ayer el vicepresidente tercero Manuel Chaves, apañados estamos.
Que Rubalcaba, maestro de la comunicación, no haya dicho ni pío sobre el asunto demuestra que fácil no es; y es que, por mucho argumento que se ponga sobre la mesa, los ciudadanos, con sueldos recortados o congelados, tienen motivos para estar cabreados con este tarifazo, del que, además, culpan mayoritariamente al Gobierno y no a las eléctricas (el 85%, según el sondeo en la red publicado ayer por este periódico).
Miguel Sebastián ha tenido que asumir el coste de una decisión impopular que no había más remedio que adoptar. No hacerlo hubiera colocado a las eléctricas al borde de la quiebra.
Como siempre en la vida, retrasar las decisiones desagradables supone que, al final, se tomen en el peor momento. Como ha sucedido ahora: la mayor subida de la luz justo en el tramo más duro de la crisis.
Ahora bien, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Si el germen del problema está en una decisión del Gobierno del PP que consistía en reconocer a las eléctricas unos costes que no se trasladaban del todo al consumidor, el PSOE no ha hecho sino engordarlo hasta límites insoportables.
Lo ha hecho por una doble vía: subvencionando el carbón nacional y primando alocadamente a las energías renovables. Un fenómeno que Industria ha bautizado como «burbuja fotovoltaica».
Estas decisiones han coincidido con una caída histórica de la demanda (-4,7% en 2009) y con un súbito encarecimiento de los precios del petróleo, que se sitúa por encima de los 90 dólares por barril.
Para que ustedes tengan una idea de por qué se ha llegado a una situación en la que el déficit de tarifa (la diferencia entre los costes y lo que pagan los consumidores) se acerca a los 20.000 millones de euros, les recordaré dos datos. Primero: la energía fotovoltaica recibe una prima de 450 euros por megavatio/hora de producción, cuando su precio en el mercado es de 64 euros el megavatio/hora. Segundo: la caída de la demanda ha llevado a que la producción con carbón nacional haya sido casi nula desde julio de 2009. A pesar de eso, se han pagado las primas a los productores. Es decir, se paga por algo que no se ha consumido.
Según datos del Ministerio de Industria, las energías renovables suman un sobrecoste de 8.000 millones de euros al año, y el de las infraestructuras eléctricas (muchas de ellas puestas en marcha como consecuencia de esas energías), otros 9.000 millones más al año.
Detrás de este sinsentido, que supone que el déficit tarifario sea ya el triple de los beneficios totales de las empresas, hay decisiones políticas. En primer lugar, ayudas a una deficitaria y moribunda minería de carbón. Y segundo, y mucho más relevante, la carísima apuesta por las energías no contaminantes. Según las proyecciones del Gobierno, las energías renovables supondrán en 2020 casi el 30% del total de la energía consumida en España, lo que implica doblar la producción actual. Además, esa apuesta se ha hecho de una forma tan irresponsable (recuerden que el ministro que aprobó el decreto de 661/2007 era Joan Clos), que ha sido aprovechada por muchos desaprensivos para llenarse los bolsillos a costa de los consumidores.
Sebastián, como decía, no ha tenido más remedio que poner coto a esas ayudas desproporcionadas (las ha recortado en 4.600 millones) e intentar reequilibrar el déficit tarifario para tratar de colocar a partir de enero la deuda eléctrica, lo que fue imposible en diciembre ante las incertidumbres que generaba en los mercados el futuro de nuestras empresas.
El titular de Industria, que ayer frivolizó el asunto al comparar el tarifazo con el precio del café, no sólo ha tenido que hacer frente a las bofetadas que le han caído desde la oposición y las organizaciones de consumidores, sino a las zancadillas de algunos ministros (Blanco, Pajín, Aguilar, etc.) que ven en la subida de tarifas otro handicap para recuperar la deteriorada imagen del Gobierno. Y es que a perro flaco...
Fuente: El Mundo
