Las mutuas acusan a Homs de imponerles contratos- El Periodico

Las mutuas de Eurobank acusan a Homs de imponerles contratos

• El 'conseller' niega la imputación y la atribuye a su presión sobre los gestores
• Las entidades aseguran que fueron obligadas a pedir dictámenes legales

La minuta del bufete Roca Junyent Advocats SL por el informe sobre las tres mutuas realizado "por el estudio de la documentación" de la inspección de Foto: ARCHIVO (ROCA ES UN EX POLITICO DE CIU)
La sede de Norton Life, en Barcelona. Arriba Foto: ARCHIVO


CLAUDI PÉREZ
BARCELONA

La Generalitat empujó a las mutuas accionistas de Eurobank a contratar al bufete Roca Junyent Advocats, según aseguró ayer a este diario Manuel Fernàndez, presidente de Caja Hipotecaria y portavoz de las tres mutuas. Fernández explicó que el Departament d'Economia, que dirige Francesc Homs, "impuso" a finales del 2001 la contratación de Roca Junyent Advocats para realizar un estudio sobre el acta de inspección y el informe de la Direcció General de Política Financera sobre las mutuas Norton Life, Personal Life y Caja Hipotecaria Catalana Mutual.
Homs desmintió anoche "total y categóricamente" esa imputación, que atribuyó al proceso de "investigación e inspección" de su departamento sobre las entidades. "Es una absoluta falsedad", agregó.

RESPUESTA A LA PRESIÓN
Según explicó el conseller, las acusaciones son una respuesta de los actuales gestores de las mutuas a la intervención del supervisor y a la presión que ejerce su departamento para que estas entidades retornen el capital invertido en Luxembugo.
El bufete Roca cobró una minuta de 27.866,96 euros (4,64 millones de pesetas) a una empresa vinculada directamente a las mutuas y a Eduardo Pascual, expresidente y dueño de Eurobank. Roca Junyent Advocats es el despacho que dirige Miquel Roca Junyent, exsecretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y exdiputado de CiU en el Congreso. El conseller de Economia del Govern, Francesc Homs, también exdiputado de CiU en Madrid, fue accionista del bufete hasta antes de su vuelta a la vida política.
Norton, Personal y Caja Hipotecaria están intervenidas por la Generalitat desde el 27 de agosto. Las tres entidades poseen conjuntamente el 12,2% del capital de Eurobank y el 45% de la aseguradora luxemburguesa Excell Life, controlada por Eduardo Pascual.
El informe de Roca Junyent sobre las mutualidades se centraba en "el estudio de la documentación" que la inspección de Economia facilitó de las tres mutualidades. Esta documentación incluía el acta de inspección del 9 de noviembre del 2001 y el informe del 13 de noviembre, además de la información extraída en "reuniones con diversos asesores" de las mutuas, según la minuta.
La Generalitat ha solicitado a las tres entidades nuevos informes de auditoría "relativos a la totalidad de las empresas y otras entidades que conforman grupo con la mutualidad", según un escrito remitido por el director general de Seguros del Govern, Jacint Boixasa.
Como en el caso del 2001, la Generalitat obliga a que los informes sean confeccionados por una empresa en particular, en este caso PriceWaterhouseCoopers. Seguros, que mantiene la intervención de las mutuas, persigue conocer "la situación de las empresas del grupo y sus interrelaciones; su situación financiera y patrimonial, y el estado y la valoración de sus activos".

SEGUROS COLECTIVOS
Homs ha retrasado recientemente el dictamen de la intervención de las mutuas a finales de septiembre "hasta comprobar los niveles de solvencia y la calidad de los activos" de Norton, Personal y Caja Hipotecaria. Según el conseller, con la información disponible, los seguros colectivos de las mutuas "están debidamente provisionados".
Las mutuas captaron ahorros a través de un unit linked, un seguro de vida vinculado a activos como las obligaciones y acciones sin voto de Excell Life. Norton y Caja Hipotecaria han devuelto ya los ahorros a 3

EL ÚLTIMO ESCÁNDALO FINANCIERO
El Gobierno impugna la ley catalana de mutualidades

EL PERIODICO DE CATALUÑA

E. H.
MADRID

El Gobierno de José María Aznar acordó ayer impugnar ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de mutualidades de previsión social, aprobada por el Parlament el pasado 13 de junio. El recurso evidencia los recelos surgidos entre el Ejecutivo y la Generalitat a raíz del caso Eurobank, cuyas mutuas fueron intervenidas por el Govern en agosto, meses después de haber recibido sendos avisos del Banco de España y el Ministerio de Economía sobre posibles irregularidades.
En su recurso ante el Constitucional, el Gobierno argumentará que la ley catalana de mutuas "vulnera la legislación básica en materia de seguros" e invade las "competencias exclusivas" del Estado al otorgar a la Generalitat la supervisión de mutualidades "cuyas actividades superan el territorio de una comunidad", en este caso Catalunya.
El acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Ministros justifica la impugnación de cinco preceptos de la ley del Parlament --artículos 1, 4 b), 23.1, 25 y la disposición final segunda-- en que, a su juicio, incurren en "extralimitaciones competenciales" en favor de la Generalitat.
Durante los últimos días, a raíz del caso Eurobank, el Ejecutivo ha dejado entrever su descontento por cómo la Generalitat ejerce sus competencias de supervisión sobre las mutuas. Con este recurso, el Gobierno acusa también a la administración catalana de arrogarse funciones que no le corresponden en este terreno.

NUEVO RECURSO EN MARCHA
El Gobierno también ha activado el procedimiento para presentar otro recurso contra la Generalitat, en este caso por invadir competencias del Estado al firmar un protocolo de cooperación medioambiental con Bulgaria.

El Gobierno recurre ante el Constitucional la Ley de Mutuas de la Generalitat catalana

Rato responsabilizó a Homs de no haber actuado a tiempo en la crisis de Eurobank


SERAFÍ DEL ARCO - Barcelona

EL PAÍS | Economía - 20-09-2003

Eduardo Zaplana, ayer, tras el Consejo de Ministros. (MANUEL ESCALERA)
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El Consejo de Ministros decidió ayer recurrir ante el Constitucional cinco artículos de la Ley de Mutuas catalana. El Gobierno central argumenta que esta norma, aprobada en junio de este año, invade sus competencias y vulnera la legislación básica de seguros. La Generalitat dijo estar "acostumbrada" a que se cuestionen sus competencias. El recurso llega horas después de que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, apuntara hacia el consejero de Economía de la Generalitat catalana, Francesc Homs, como responsable en gran parte de la crisis de las mutuas de Eurobank.
El Gobierno de José María Aznar entiende que la norma catalana invade competencias de la Administración central porque, en primer lugar, extiende su ámbito de aplicación a mutuas que operan fuera del territorio de la Comunidad y, por otro lado, vulnera la legislación básica en materia de seguros.

La Generalitat, que asegura no querer una guerra con el Gobierno sobre Eurobank, encajó el golpe con ironía: "El Gobierno del PP ya nos tiene acostumbrados a cuestionar las competencias de la Generalitat en muchas materias", declaró Francesc Homs en un comunicado oficial. Sin embargo, el consejero sólo centró sus críticas en el ámbito de aplicación territorial, pero no se refirió en ningún momento a la vulneración que, según el Gobierno central, se hace de la legislación básica en materia de seguros.

El artículo 23.1 de la ley catalana de mutuas somete a la autorización administrativa la actividad de las mutuas, mientras que los preceptos 4.b y 25 permite a las entidades desarrollar operaciones de coseguro y reaseguro.

Oficialmente, tampoco se refirió Homs al momento en que llega el recurso: en plena crisis de Eurobank. El Ministerio de Economía desvincula cualquier relación entre la decisión del Ejecutivo con el caso, y arguye que se dio a conocer ayer porque el plazo para impugnar "estaba a punto de vencer". La ley catalana de mutuas fue aprobada el 13 de junio de 2003.

Sin embargo, la oposición del Gobierno catalán, que calificó de "centralista" e "intervencionista" la decisión del Ejecutivo, está convencida de que la decisión del Consejo de Ministros es una clara rencilla a Homs por el caso del banco, lo que eleva el tono del conflicto institucional, tras las declaraciones de Rodrigo Rato según las cuales su ministerio y el Banco de España avisaron cinco veces a la Generalitat sobre anomalías en la operativa de las mutuas vinculadas a Eurobank, Norton Life y Caja Hipotecaria Mutual.

El portavoz de Economía de los socialistas catalanes, Martí Carnicer, aseguró que "Rato y el PP quieren aprovechar las deficiencias en el control y la tutela del Gobierno de CiU para castigar el desarrollo de las mutuas catalanas". El portavoz parlamentario de ERC, Josep Huguet, se preguntó ayer retóricamente si "cuando Rato deja con el culo al aire al consejero Homs, no estaba anticipando la noticia de hoy [ayer para el lector]".

Homs se reunirá el próximo lunes con los responsables económicos de todas las fuerzas parlamentarias catalanas para contarles las conclusiones de la inspección llevada a cabo por su departamento, antes de dar cuentas a la opinión pública.

Moción del PSOE
Mientras, el Grupo Socialista ha cogido el guante lanzado el miércoles por el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, y ha presentado en el Congreso una moción en la que propone modificar la normativa actual de control de las entidades finacieras, que el pleno discutirá el próximo martes. Entre las propuestas figura la de elevar de 20.000 a 30.000 euros el importe garantizado de los depósitos individuale

CiU, PSC y ERC critican el recurso del Gobierno pero los socialistas creen que la crisis de Eurobank da argumentos a Madrid
El PSOE propone agilizar la supervisión de bancos y crear un registro público de las irregularidades detectadas y su corrección

El PSOE pide que la garantía de depósitos suba a 30.000 euros
El Gobierno recurre la nueva ley de mutuas de la Generalitat

La crisis de Eurobank puede hacer cambiar las reglas de juego del sistema financiero español. El PSOE ha pedido que aumente la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos hasta 30.000 euros y el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley de mutuas que ampliaba las competencias de la Generalitat.

LA VANGUARDIA - 20/09/2003
barcelona. (Redacción.) – El grupo parlamentario del PSOE ha presentado una moción en el Congreso para que el Gobierno eleve de los actuales 20.000 euros a 30.000 el límite de los depósitos bancarios que garantiza el Fondo de Garantía de Depósitos. El PSOE propone también otras reformas en el sistema de supervisión financiera para paliar los efectos de las crisis de Eurobank y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

Según la moción que debatirá el Congreso el próximo martes, el Gobierno ha de actualizar la normativa sobre supervisión y control de las entidades financieras, ante la mayor sofisticación y complejidad de productos y mercados que hace que los órganos supervisores “no funcionen de manera rápida y eficaz”. El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, insistió en su comparecencia en el Congreso en que esta institución utilizó todos los recursos que prevé la ley en el control de Eurobank.

El PSOE propone agilizar los procesos de apercibimiento a las entidades financieras para corregir las irregularidades que se detecten; establecer registros accesibles para los ciudadanos de forma que puedan conocer y seguir la corrección de las irregularidades detectadas, y permitir la suspensión cautelar de la distribución y comercialización de productos financieros “poco transparentes o peligrosos para la seguridad de las inversiones”.

La moción del PSOE insta al Ejecutivo a elevar la cobertura de los Fondos de Garantía de Depósitos. Con el límite actual de 20.000 euros, 2.000 de los 13.000 depositantes del banco sólo podrán recuperar sus ahorros, como el resto de los acreedores, en el marco de la suspensión de pagos, de la que son acreedores preferentes los trabajadores y las administraciones públicas.

La crisis de Eurobank tendrá también consecuencias en el marco legal del sistema financiero catalán. El Gobierno anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva ley catalana de mutualidades, que ampliaba las competencias de supervisión de la Generalitat a todas las entidades con sede en Catalunya, aunque operasen también fuera de su territorio. La Generalitat, a través del grupo parlamentario de CiU en el Congreso, tenía avanzadas negociaciones con el grupo parlamentario del PP para cambiar la ley de Ordenación del Seguro Privado de forma que incluyera también esta posibilidad. Sin embargo la crisis de Eurobank ha abortado cualquier posible entendimiento en este tema.

La Generalitat aseguró que el criterio de supervisión que fija la ley es el habitual en toda Europa y ya se aplicaba de hecho (como en el caso de las mutuas de Eurobank, cuyos seguros vendió el banco a clientes de toda España). CiU, PSC y ERC rechazaron ayer el recurso del Gobierno, defendieron la constitucionalidad de la ley de mutuas y criticaron el “intervencionismo estatal” y la interpretación “sesgada y centralista” de las leyes por parte del PP.

El diputado socialista Martí Carnicer señaló que la ley respeta las competencias del Estado “y en ningún caso vulnera la legislación sobre seguros y mucho menos la Constitución”. Carnicer cargó, en cambio, contra el Govern y dijo que “se le debería caer la cara de vergüenza” porque con su “incapacidad” para controlar las mutuas de Eurobank “ha dado argumentos al PP pa

EDITORIAL

Víctimas de Eurobank

EL PAÍS | Opinión - 18-09-2003



También en esta ocasión los daños colaterales pueden ser los peores. La crisis de Eurobank que estalló a finales del pasado mes de julio sigue manteniendo en vilo a más de 10.000 afectados. Las explicaciones ofrecidas ayer en el Congreso por el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, sobre las actuaciones del supervisor no convencieron a la oposición, y mucho menos a los damnificados. Si la crisis se limitara al banco, el problema se reduciría a la recuperación de sus ahorros por parte de unas 2.000 personas con depósitos superiores a 20.000 euros, que no cubre el Fondo de Garantía de Depósitos. Los demás clientes -unos 16.000-, con imposiciones inferiores al límite garantizado oficialmente, ya han empezado a recibir su dinero.

Más incierta es la situación de los 2.500 mutualistas con un volumen de primas de seguros invertidos en fondos de inversión de 72 millones de euros. El Banco de España se ha desentendido, amparándose en que la competecencia sobre las mutuas corresponde a la Generalitat de Catalunya, que no decidió su intervención hasta el pasado 27 de agosto, después de que el juez aceptara la suspensión de pagos del banco. La cuestión está, sin embargo, en que estas entidades poseen el 20% de Eurobank. Carece de sentido, por tanto, un análisis del banco sin tener en cuenta las operaciones con las mutuas. Un tercer grupo de afectados, y sobre el que existe mayor incertidumbre, es el de los 5.000 trabajadores de empresas en crisis cuyas prejubilaciones o incapacidades laborales, por un volumen de 130 millones de euros, fueron concertadas con alguna de las mutuas del banco.

La crisis de Eurobank no se puede acotar a la de un pequeño banco que ha sufrido problema de liquidez, pero que las autoridades tenían bajo control. El verdadero problema es que a pesar de las inspecciones y las intervenciones, ni el Banco de España ni la Generalitat han sido capaces de descifrar hoy la compleja maraña de vinculaciones entre el banco, las tres mutuas y otras sociedades, luxemburguesas, ni de garantizar tampoco los derechos de los afectados. El gobernador del Banco de España ha dado como mínimo explicaciones sobre una parte del problema, pero es hora de que el Gobierno catalán haga lo propio. ¿O acaso piensa aprovechar la disolución del Parlament para sacarse el muerto de encima?

Al fin reflejan el problema bien.
Puede ser que nuestras CONCENTRACIONES y contactos de esta semana hayan dado resultado.
Ahora entiendo tambien porque la SER ha empezado a tratar el tema.
Bienvenidos, y gracias...

Todo lo que venimos denunciando. Todo lo que parecía que era un clamor en el desierto. Y en el mes de Agosto. Este veranitto que nos han hecho pasar.........Y al fin parece que TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION ( salvo algunas excepciones) SE DAN CUENTA de que esto era una TRAMA MAFIOSA. y los CONTROLADORES unos INEPTOS.

Parece ser que ya no somos los Culpables.

Es una opinión extensa. He marcado entre ******************* la mención expresa al caso EUROBANK

TRIBUNA: FRANCESC DE CARRERAS
¿Así se hace oposición?

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

EL PAÍS | Cataluña - 18-09-2003


Todos los indicios apuntan a que en Cataluña se ha entrado anticipadamente en la recta final de una larga campaña electoral. Sin embargo, los temas de debate entre partidos se limitan a pequeñas escaramuzas ocasionales de tono menor o a simples políticas más virtuales que reales.

Entre estas segundas, sigue destacando como tema estrella la reforma del estatuto. Hace unos días, Joan Tapia reunió en BTV a los representantes de todos los partidos parlamentarios para que expusieran las razones de tal necesidad. Los argumentos más utilizados para justificar la necesidad de una reforma fueron dos: primero, que el estatuto tiene una antigüedad de cerca de 25 años y muchas cosas han cambiado en este periodo; segundo, que con el actual estatuto la Generalitat no puede ejercer con la debida eficacia sus competencias. Ambos argumentos sólo sirven, a mi parecer, para justificar las orientación conservadora de los distintos gobiernos de Pujol a lo largo de 23 años. Y ello es un grave error táctico y estratégico de los partidos de la izquierda.

Obviamente, tanto la Constitución como el estatuto son normas que pueden ser modificadas: para ello contienen preceptos que regulan sus respectivos procedimientos de reforma. Ahora bien, por definición, precisamente porque su finalidad es regular los principios y las instituciones básicas del Estado y de la comunidad autónoma, son normas con vocación de estabilidad. Por esta razón, su procedimiento de reforma es mucho más dificultoso y complejo que el de las leyes que las desarrollan. Una buena Constitución y un buen estatuto no son aquellos que regulan con detalle una multiplicidad de materias, sino aquellos que regulan un núcleo básico de principios y reglas sobre las cuales se establece un amplio y difícil consenso con el fin de que el legislador ordinario las desarrolle, pero no las modifique. Tanto Constitución como estatuto deben estar compuestos, por tanto, de preceptos breves y sustanciales.

Sentada esta premisa, a una buena Constitución y un buen estatuto no le deben afectar mucho los cambios sociales. La adaptación a estos cambios la efectuarán las leyes y las políticas públicas que desarrollen los sucesivos parlamentos y gobiernos: la izquierda le dará un enfoque determinado y la derecha otro distinto. Una Constitución y un estatuto son normas técnicamente bien hechas si admiten que unos y otros gobiernen sin necesidad de modificación alguna. Que en 1979 no existiera todavía Internet ni España formara parte de la Unión Europea o la inmigración extranjera no tuviera la intensidad que tiene hoy en día no son motivos, en sí mismos, para modificar nuestro estatuto. En definitiva, las normas fundamentales de un ordenamineto -como son la Constitución y los estatutos- deben dejar un amplio margen de regulación al legislador.

Pero, además, no es exacto decir que el estatuto no se ha transformado desde 1979. Ciertamente, no han cambiado los preceptos del estatuto, pero sí las normas que contiene. En la teoría jurídica es fundamental la distinción entre precepto y norma. El precepto está compuesto de palabras ordenadas gramaticalmente; la norma es el precepto interpretado. Aquello que se aplica -es decir, aquello que tiene eficacia jurídica- no son los preceptos, sino las normas. Toda aplicación de un precepto requiere su previa interpretación. El estatuto como conjunto de preceptos no ha cambiado, pero el estatuto como norma jurídica se ha transformado profundamente durante casi 25 años de interpretación jurídica. Es perfectamente legítimo y muy frecuente no estar de acuerdo con el significado que se le ha dado al estatuto como norma, pero incluso para cambiar sus preceptos no se podrá prescindir de la interpretación que, con