Mayo2013 Manifiesto en Defensa de la INDEPENDENCIA JUDICIAL

La crisis económica se ha convertido en el pretexto para desmantelar el Estado del Bienestar y quebrar todos los
consensos creados para garantizarla convivencia pacífica y constructiva. En pocomás de un año se ha llevado a efecto
un importante retroceso de las libertades de la ciudadanía. Los derechos sociales se han reducido a la mínima
expresión con la reforma laboral. Se han recortado servicios públicos básicos, como la sanidad y la enseñanza,sin que
se haya reclamado ningún sacrificio equivalente a los grandes negocios privados. La administración de justicia, como
servicio público, debería formar parte del núcleo esencial de los esfuerzos del Estado en un momento en el que cada
vezsonmás quienes ven en la justicia la última posibilidad de protección y defensa.
La inclusión de las tasas judiciales, el despido de más de 1.200 jueces interinos y la falta de convocatoria de
oposiciones en los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia han debilitado la ya delicada estructura judicial. Y
han condenado a cientos de miles de personas a litigios que duran más allá de lo razonable. Se han debilitado los
medios de tutela de los grupos de personas más sensibles a los efectos de la crisis: trabajadoras y trabajadores que
ven como sus procesosse demoran meses antes de celebrar juicio, personas desahuciadas y ejecutadas que pierden
sus viviendas aun a sabiendas de que sus préstamos podrían incluir cláusulas bancarias abusivas.De ahí que la defensa
de la Justicia como valor, como poder y como servicio deba reclamar la atención no solo de los operadoresjurídicos,
sino de toda la ciudadanía.
Pero, además, ahora se pretende deteriorarla independencia judicial. El principio de separación de poderes es uno de
los pilares esenciales del Estado de Derecho. Por ello, en nuestra Constitución se diseñó un sistema en el que una de
las garantías de la independencia judicial era la creación del Consejo General del Poder Judicial, cuyas competencias
son básicas para hacer efectivas las funciones de la judicatura en defensa de los derechos fundamentales de la
ciudadanía. Nuestra sociedad necesita de un poder judicial sólido, con instrumentos para cumplir sus elevadas
funciones y con capacidad para afrontar los conflictos sociales sin dejarse influir por interferencias políticas,
mediáticas o de grupos de presión.

Sin embargo, el Gobierno ha impulsado un proyecto de ley en el que arrebata importantes competencias al órgano de
gobierno del poder judicial. Ello rompe el equilibrio propio de la división de poderes. Y supone una subordinación del
poderjudicial al poder político. Con esta reforma el Ministerio de Justicia sustrae funcionessobremediosmateriales y
personales que son fundamentales para la independencia judicial. Y, en un contexto en el que se están investigando
numerosos casos de corrupción, todavía resulta más necesario que se respete la actuación de una judicatura
independiente,sin que desde cualquier Gobierno se disponga de instrumentos que puedan perturbarlas atribuciones
constitucionales de nuestrosjuzgados y tribunales.
Sin duda, el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial puede ser mejorable. Pero eso no puede suponer
un pretexto para que desde el Gobierno se despoje al CGPJ de competenciasrelevantes, que afectarán al estatuto de
los integrantes del poder judicial, lo cual posibilitará un control y un condicionamiento de sus funciones
jurisdiccionales.
La independencia judicial no es un privilegio de los miembros de la judicatura, sino una garantía para los derechos
fundamentales de la ciudadanía y para la prestación de un adecuado servicio público. La puesta en práctica de
reformas que afecten a la independencia judicial dañará necesariamente la credibilidad de nuestro Estado de
Derecho. Y resulta de especial gravedad que una reforma de estas características se haya impulsado de manera
unilateral, de forma precipitada,sin ningún diálogo real y con la oposición de todoslossectores de la administración
de justicia.

Nuestra administración de justicia se encuentra en una grave situación de deterioro estructural por falta de medios
materiales y personalessuficientes para hacerfrente a las necesidadesreales. Sin embargo, en lugar de incrementarse
la inversión pública, se han practicado recortes presupuestarios que van a dificultar aún más las actuaciones de
nuestros juzgados y tribunales. Esta situación de precariedad se va a agravar ante una reforma que debilitará las
funciones de la administración de justicia, vaciará de contenido las competencias del órgano de gobierno de la
judicatura y erosionará la división de poderes. Ante esta crítica situación, que pone en peligro la tutela de los derechos
de la ciudadanía,reclamamos al Gobierno y a todoslos poderes públicos un Pacto sobre Justicia que garantice de una
vez portodas, la independencia judicial y la efectiva división de poderes que proclama la Constitución.

Más de 350 magistrados defienden en un manifiesto la independencia judicial
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/05/magistrados-defienden-manifiesto-independencia-judicial-20130508-140530.html