Cuba amenaza a España con los intereses de las empresas en la isla
En una entrevista con Europa Press en Madrid, Ricardo Alarcón ha indicado que, de momento, el Ejecutivo español no ha modificado su postura sobre la isla pese al cambio de Gobierno. "Hasta donde yo sé no ha habido cambio de fondo en las relaciones bilaterales y me parece que no se ha perdido el interés" por parte de España, ha afirmado Alarcón, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Castro y que lleva 19 años como presidente del Parlamento cubano.
Así, Alarcón recuerda que en la época anterior del Partido Popular hubo, "en apariencia, grandes desavenencias políticas", sin embargo, "las inversiones continuaron, el comercio continuó". Por ello considera que "los intereses de esas empresas españolas deben ser tomados en cuenta, sobre todo cuando hay un período de crisis".
"Si hay un momento en el que España no puede jugar con sus intereses económicos es ahora y Cuba, no es que sea el gran mercado, pero es un punto donde hay una presencia española importante", ha subrayado Alarcón, al destacar que en los últimos años las relaciones han tenido "más contenido en el aspecto económico" que en el pasado.
Posición común de la UE
Al ser preguntado sobre la Posición Común de la UE, Alarcón ha indicado que, en su opinión, la postura del Gobierno de Rajoy podría no ser la misma que la de su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, quien abogó por poner fin a esta política que entró en vigor en 1996.
"El gobierno anterior se había propuesto a modificar la Posición Común, pero me parece que no es la (estrategia) actual. No he escuchado que el nuevo gobierno haya dicho que se propone a hacer eso", ha señalado.
Según Alarcón, la Posición Común "es completamente inaceptable, en primer lugar, porque fue y es una concesión unilateral de Europa a Estados Unidos, que afecta y daña intereses europeos y viola las reglas de la Organización Mundial del Comercio".
Varios gobiernos europeos, incluido el español, se han negado a levantar esta política que condiciona las relaciones económicas de la UE a una transición política democrática en la isla, algo que rechaza el Gobierno de Castro pues considera que es una injerencia en los asuntos internos de Cuba.