‘Decretazo’ de Álvaro Nadal para forzar a las eléctricas a pagar la luz a los pobres
El Ministerio de Energía va a implantar el modelo portugués de bono social para esquivar la sentencia desfavorable del Supremo: los descuentos se aplican de forma automática en el recibo
De momento, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, el ministro de Energía está tratando de conseguir el consenso de todos los grupos políticos para que apoyen un decreto del Gobierno que establezca que lo sigan costeando las compañías.
Álvaro Nadal está negociando el decreto
La solución que está planteando Nadal al resto de partidos consiste en revisar el marco normativo para que, a partir de ahora, sean todas las empresas vinculadas a la comercialización de energía eléctrica las que financien el bono social, y no solo las que son filiales de grupos integrados.
Pero los principales partidos de la oposición están tratando de aprovechar la coyuntura paraampliar el pago a todas las eléctricas, incluyendo las empresas generadoras, las distribuidoras e incluso Red Eléctrica, como operador y transportista del sistema.
Dos fracasos del Gobierno ante el Supremo
Hay que recordar que las eléctricas han logrado en dos ocasiones que el Tribunal Supremo anule el sistema de financiación del bono social de la luz. En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo declara inaplicable el régimen de financiación establecido en 2013 y los principales artículos de la reforma de 2014 que desarrollaban la citada ley, estimando los recursos interpuestos por EON España y Endesa.
El Supremo entiende que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad. Considera que el coste de ese descuento se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan y que la Administración no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención.
Descuentos automáticos en luz como en Portugal
Así las cosas, según las fuentes consultadas por ECD, el equipo de Nadal está elaborando una nueva regulación del bono social para forzar al pago a las eléctricas. En este momento, se niegan en redondo a aportar financiación para descuentos en el recibo de la luz porque afirman que el Supremo les ha dado ya la razón por dos veces.
El Ejecutivo está tomando como referencia el modelo de bono de bono social en Portugal, que también obliga a las eléctricas a sufragar el 100% de la tarifa social de la luz.
En el país vecino, la tarifa social es una rebaja antes de impuestos del 33,8% en la factura de electricidad para clientes del mercado regulado o libre con un bajo nivel de ingresos. La principal diferencia con respecto a España es que se aplica de forma automática en el recibo. Antes había que solicitarla a las compañías, como ocurre aquí.
Para ello, se cruzan los datos en poder de las comercializadoras, la Dirección General de Energía, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria portuguesa. Es el mismo procedimiento que ahora se propone establecer el Ministerio de Energía en la nueva normativa para evitar que las eléctricas puedan impugnar el pago.
El bono social implica en la práctica un descuento del 25% en el recibo de la luz en España para todos los consumidores que cumplen una serie de requisitos, como son hogares con menos de tres kilovatios de potencia contratada, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas y familias con todos sus miembros en paro.
En la actualidad, el bono social eléctrico se extiende a un total de 2,4 millones de hogares en España, lo que supone más de 7 millones de personas (18% de la población española).
El bono social estará vinculado a la renta
El Gobierno está dispuesto a que el bono social se destine con mayor eficiencia a aquellos ciudadanos que realmente lo necesiten, como punto de partida para asegurar a continuación un plan nacional de lucha contra la pobreza energética.
Según las fuentes consultadas, Energía trabaja en un rediseño profundo del actual bono social de la tarifa eléctrica que, después de haber resuelto el asunto de la financiación, esté ligado a los niveles de renta de los hogares españoles.
Modificará los criterios para que determinados colectivos se puedan acoger a un descuento del 25% en el recibo de la luz.
De esta manera, defienden en el Ministerio, se busca que “beneficie a los usuarios que de verdad lo necesitan”, y no a otros que, aunque cumplan los requisitos legales, “podrían no ser realmente familias en situación de pobreza o vulnerabilidad energética”.
Excluir de las rebajas a familias numerosas
El decreto del Gobierno plantea, por ejemplo, excluir de este grupo a las familias numerosas -todas se benefician, independientemente de sus ingresos- o las segundas residencias.
La actual normativa recoge que tienen derecho a un descuento en la tarifa los consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada, las familias numerosas, las que tienen a todos sus miembros en paro y quienes cobran la pensión mínima.
En cuanto a los hogares que estarían acogidos al bono social teniendo rentas altas, en el sector se estima que ascienden a medio millón. Lógicamente, muchas familias numerosas, pero también usuarios con menos de 3 kW de potencia y pensionistas con otras rentas.
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