Apagón estadístico
Joaquin Estefania
Uno de los descubrimientos mediáticos más significativos de los últimos años ha sido Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), que ocupará a partir de ahora la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, el número dos de Pedro Solbes. En sus artículos en este periódico y Cinco Días; en la tertulia de Iñaki Gabilondo, o en la Hora 25 de los negocios en la cadena SER, que dirigía, o en el programa de Economía semanal de CNN +, en el que participaba junto a Emilio Ontiveros, MAFO ha defendido de modo obsesivo una idea fuerza: en una sociedad democrática no puede producirse el apagón estadístico que se ha dado en los últimos años en la Administración española, ya que la información es un derecho de todos los ciudadanos, no una gracia que le conceden los gobernantes.
En la legislatura pasada ha habido departamentos que producían información y luego no la hacían pública o la retrasaban según los intereses de sus responsables, y no los de los ciudadanos, que son sus propietarios. ¿Cuántas veces los responsables de Trabajo han utilizado los porcentajes de paro según les convenía, antes incluso de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el propio departamento los hiciesen públicos de forma oficial? En este sentido, MAFO ha de ser un aliado excelente para que se cumpla esa promesa socialista según la cual se hará una ley que diga que toda la información que produzca la Administración será pública y estará a disposición de todos, siempre que la misma no atente contra la intimidad de las personas o contra los intereses estratégicos de la nación.
Viene esto a cuento de la intervención de ZP en el debate de investidura, a pregunta de Mariano Rajoy: antes de concretar el alcance de la reforma fiscal del PSOE habrá que ver cómo está la caja del Estado. Es decir, cuánto es el déficit del Estado (que Barea dice que está en un punto del PIB, y Llamazares, en el mismo debate, en 1,5 puntos) y cuánta la deuda que se deja, independientemente de artificios contables. Aquí hay una contradicción porque los datos del Gobierno han sido avalados por Eurostat, la oficina de estadísticas de la UE, que hasta ayer mismo ha sido responsabilidad del antiguo comisario de Economía y hoy vicepresidente del Gobierno de España, Pedro Solbes.
Pero en buena parte, de esta situación real de las cuentas del Estado dependerá las respuestas que Zapatero obvió en el debate de investidura: si sigue vigente la promesa de poner el tipo del impuesto de sociedades en el 30%, y hacer converger el tipo máximo del IRPF en el mismo porcentaje; el nuevo modelo de financiación autonómica, y el incremento de gasto social y del gasto en capital tecnológico (ciencia y educación) que incluye su promesa electoral (y que Gaspar Llamazares evaluó en al menos un punto de PIB). Además de la idea, más genérica, de aproximar el porcentaje de gasto social en España a la media de los países de la UE, lo que significaría un incremento, más o menos, de cinco puntos.
La respuesta es tanto más significativa por cuanto ZP sí aportó en su discurso el marco general por el que se va a regir la política de ingresos públicos de su Gobierno: estabilidad presupuestaria (en el programa electoral se dice que a lo largo del ciclo) y no aumento de la presión fiscal general, lo que significa que no crecerá la proporción de gasto público en relación con el producto interior bruto (PIB).
Si tenemos en cuenta que la reforma fiscal queda para el segundo año de legislatura, que la política de austeridad en el gasto corriente no tendrá efectos inmediatos y que la lucha contra el fraude fiscal, de ser efectiva, sólo tendrá efectos recaudatorios a medio plazo, ¿cómo se van a financiar las medidas de choque en el terreno económico? MAFO ha hecho un enorme esfuerzo de pedagogía en los medios de comunicación citados. Ha reconocido lo que el Gobierno del PP ha hecho bien en materia económica en estos años y las hipotecas que dejaba para quien llegase. Ahora ha de reiterar esa pedagogía des