Fiscalización del Consejo General del Poder Judicial
En su programa de informes para 2011 se incluye también el AVE a Barcelona, la Presidencia de la UE y la supervisión de AFINSA
MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha decidido acometer este año, por primera vez en su historia, una fiscalización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este informe no está entre sus obligaciones anuales ni es mandato de las Cortes, sino que se trata de un trabajo a iniciativa propia para empezar a evaluar, uno por uno, los órganos constitucionales.
En su programa de fiscalizaciones para el presente año, al que tuvo acceso Europa Press, el Tribunal también anuncia que seguirá examinando aquellas áreas de la administraciones "consideradas como particularmente de riesgo dentro de la actividad económico-financiera del Estado, procurando además actualizar en la mayor medida posible el período sometido a fiscalización".
En ese sentido, en la relación de fiscalizaciones de 2011 figura también el Fondo Estatal de Inversión Local y las contrataciones desarrolladas por las Entidades Locales en relación con las inversiones financiadas por el 'Plan E', siguiendo su criterio de los dos últimos años de examinar los decretos ley del Gobierno frente a la crisis económica.
En el mismo capítulo se incluye la fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las entidades locales en relación con las operaciones de endeudamiento previstas en el decreto-ley de 2009 para el pago de deudas a empresas y proveedores.
EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
Igualmente, examinará el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria así como el principio de transparencia en relación con los Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2007, 2008 y 2009, al igual que los contratos públicos en el periodo 2006-2008,
También serán sometidos a análisis contable la Presidencia española de la Unión Europea (primer semestre de 2010), la entidad "Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea" (AENA), el Plan Avanza y Red.es, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, la Comisión Delegada del Gobierno para el Cambio Climático y las actuaciones de control y supervisión realizadas en el asunto AFINSA y otras entidades de bienes tangibles por los Ministerios de Economía y de Sanidad y Consumo.
Igualmente, se examinará la participación española en misiones militares internacionales, las enajenaciones inmobiliarias realizadas por el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), los créditos del ICO, el Consejo Económico y Social (CES), Loterías y Apuestas del estado (LAE), la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona (desarrolladas desde el 1 de enero de 2002 hasta la puesta en funcionamiento de la línea).
REVISIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD
Por otro lado, la institución que preside Manuel Núñez está decidida a seguir prestando "especial atención a la supervisión y control del desarrollo de las políticas de igualdad efectiva de mujeres y hombres", reiterando la decisión de incluir, entre los objetivos que de las Directrices Técnicas de sus fiscalizaciones, la verificación de la observancia de la normativa para la igualdad.
Entre las fiscalizaciones derivadas de mandatos legales, el Tribunal de Cuentas examinará este año la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 209 y empezará la de 2010, analizará la participación en los Fondos de Compensación Interterritorial para aquellas comunidades que tienen asignados estos recursos en los Presupuestos Generales del Estado, revisará los estados contables de los partidos políticos y sus fundaciones en 2008, 2009 y 2010 y verá las contabilidades electorales de los próximos comicios locales de mayo.
A iniciativa de las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas también examinará los gastos de publicidad del Gobierno en el periodo 2005-2007, así como las diferentes fuentes de financiación de los partidos políticos y de su inmovilizado.