ESTAFAS
Laopinióncoruña.es » Economía Estafas: el brazo lento de la ley
Los afectados de Afinsa, Forum Filatélico o Lehman Brothers se enfrentan a un proceso judicial interminable que contrasta con la celeridad del caso del estafador Bernard Madoff
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Recreación del juicio a Bernard Madoff, que protagonizó la mayor estafa de EEUU. / ilustración: bloomberg news
Estafas pendientes de resolución en España
La lentitud de la mano que mece la Justicia en España se dilata en el caso de las estafas colectivas y se hace más evidente si cabe si se compara con la celeridad con la que se desarrollan procesos judiciales de similares características en otros países. El caso más reciente es el de Bernard Madoff, considerado el mayor estafador de EEUU y que acaba de ser sentenciado en apenas siete meses desde que fuera detenido. Los responsables de un caso similar en España, Afinsa y Forum, siguen en libertad a la espera de juicio
JULIA FORTEA | VALENCIA Siete meses es lo que ha tardado la justicia norteamericana en dictar una sentencia ejemplar contra Bernard Madoff, autor de la mayor estafa financiera en Estados Unidos, con 1.341 afectados por valor de 65.000 millones de dólares. Al otro lado del charco, la justicia española lleva 38 meses investigando el presunto mayor timo piramidal de la historia de España: el protagonizado por las empresas Afinsa y Forum Filatélico, con la supuesta estafa a 460.000 familias por importe de 4.500 millones de euros. Y todavía no hay fecha para el juicio penal contra los responsables.
La vía civil va algo más rápida, aunque no por ello es más efectiva. Si en mayo de 2006 se destapó la operación policial por presunta estafa en el ámbito de la inversión en valores filatélicos, en el mes de julio se abrió un proceso concursal, que todavía continúa, y que ha sido objeto de numerosas críticas por parte de las víctimas de la estafa. Los afectados se quejan de indefensión y cuestionan la falta de control del Banco de España, el Ministerio de Economía y la Agencia Tributaria. No en vano, el Banco Mundial sitúa a España a la cola de los países industrializados en la lucha contra la corrupción.
Pero, desgraciadamente, éste no es el único caso de estafa financiera colectiva pendiente de resolución judicial en nuestro país. En mayo de 2007 se descubrió otra estafa similar, por valor de 510 millones de euros, a 15.000 clientes que habían depositado sus ahorros en una sociedad de inversión de activos en obras de arte. El proceso se encuentra abierto por vía civil y penal.
La sociedad de inversiones inmobiliarias Riviera Invest fue protagonista, apenas hace un año, de otro escándalo de magnitudes mediáticas, al ser detenida a pie de pista en el aeropuerto de Alicante la cúpula directiva de la firma por presunta estafa a 1.000 clientes por unos 70 millones de euros.
Lehman Brothers
En las mismas fechas, del otro lado del Atlántico, salpicó la quiebra de Lehman Brothers Holdings, compañía global de servicios financieros fundada en EEUU. En España hay más de 600 afectados que habían invertido entre 30.000 y 40.000 euros en la compra de productos a través de entidades bancarias nacionales. Hay presentadas casi una veintena de demandas colectivas contra una decena de entidades y se preparan otras tantas.
El caso más reciente es el del Fondo Banif Inmobiliario, del Banco Santander, que fue noticia en febrero de este año por el bloqueo de uno de los fondos más importantes del país, dejando a 42.300 partícipes atrapados sin poder retirar su dinero durante dos años, actuación que ha sido objeto de varias denuncias por parte de Adicae, aún sin resolver.
El último caso con tintes similares a los de Madoff en recibir sentencia en España fue el de Gescartera, en marzo de 2008. El proceso duró siete años, frente a los siete meses que ha tardado el timador americano en recibir condena. Antonio Camacho, dueño de Gescartera, fue condenado por la Audiencia Nacional a 11 años de prisión por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental. Mientras que Caja Madrid Bolsa y La Caixa fueron consideradas responsables civiles subsidiarias y obligadas a responder por valor de 87,99 millones de euros. Ésta fue considerada una condena ejemplar para los autores del fraude. Pero, tal vez, las sentencias ejemplarizantes tendrían mayor valor y efectividad si el curso de la justicia resolviera con mayor celeridad, evitando así situaciones de injusticia con las víctimas.
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