Soy otro damnificado más del caso Eurobank-Mutuas, por partida doble, o sea, que soy de los de +20.000 euros y de los de “deposito creciente”. Me preocupa observar que hay cierto conformismo en que nos incluyan en la suspensión de pagos de Eurobank, lo que parece que resulta más provechoso para la política particular de ADICAE, pero creo que si nos resignamos a ello ya podemos decir adiós a nuestros ahorros, sobre todo porque seriamos de los últimos en cobrar y dudo de la recuperación del Banco y ¿si está en quiebra?
Por el contrario, creo que la posición que mayoritariamente debemos adoptar es la de exigir a las Autoridades implicadas que asuman sus responsabilidades y den una solución rápida y satisfactoria, en la línea auspiciada por AUSBANC, a nuestra situación pues ellos tienen la capacidad de decisión y los medios. No olvidemos que según el art. 51 de nuestra Constitución, los poderes públicos, mediante procedimientos eficaces, deben asegurar y garantizar la defensa de los intereses económicos de los consumidores y usuarios, también la protección económica de las familias.
En este caso, la ineficacia de los organismos oficiales encargados de defender y garantizar nuestros intereses como usuarios de banca y seguros ha sido clara y manifiesta, reconocido públicamente en los medios de comunicación y, sobre todo la del Banco de España, pues a pesar de los reiterados incumplimientos de Eurobank, arrastrados desde 1996, incluso sabiendo que ni siquiera contaban con el mínimo de capital exigido por la normativa de las entidades bancarias, consintió la publicidad de captación de recursos de Eurobank, insertada de forma destacada en los principales diarios y prensa económica nacionales, sin advertir a la ciudadanía, ni siquiera mínimamente del riesgo que se asumía en Eurobank y es más, yo mismo, antes de hacerme cliente en Eurobank contacté telefónicamente con el BdE para informarme sobre su solvencia, a lo que me dijeron que no había problemas y que estaba registrado legalmente para operar como entidad bancaria.
Ni siquiera el BdE tomó la iniciativa de la intervención de Eurobank, ya que el propio BdE comunicó públicamente que la iniciativa era del propio Eduardo Pascual y es más, mintió a propósito a los depositantes y público en general, afirmando públicamente la solvencia del banco y que se procedería a una liquidación ordenada, aunque conocía que sólo habría liquidez para devolver un 30 por ciento de los depósitos, discriminando a los depositantes a plazo, impidiendo que éstos reclamaran los mismos antes del plazo estipulado lo que, en la práctica, suponía la imposibilidad del rescate para éstos.
En el supuesto de que la normativa hubiera impedido al BdE intervenir antes, como al parecer, ha manifestado el Sr. Caruana en su defensa, sigue existiendo la responsabilidad del poder público, al no haber previsto los mecanismos eficaces a que se refiere la Constitución.
Por todo ello insisto en que debemos de centrarnos en la exigencia de responsabilidad de las autoridades, presionando mediante todos los medios a nuestro alcance, incluyendo a El Defensor del Pueblo, puesto que se trata de derechos amparados por la Constitución.
