Como describen Noss y Sowerbutts (2012) una amenaza creíble de quiebra e insolvencia debería de ser una parte integral del funcionamiento del mercado de cualquier tipo de industria, incluyendo al sector bancario. Sin embargo, la crisis y las soluciones adoptadas tras la crisis financiera de 2007 han mostrado que este proceso no se aplica necesariamente a todos los bancos. De hecho, como Bernanke (2010) expone muchas de las vulnerabilidades que se han amplificado por la crisis están conectadas con el problema de las entidades denominadas “demasiado grandes para caer” a las cuales los gobiernos han apoyado decidida y firmemente con cantidades de dinero sin precedentes. La explicación de este sostén público radica, en palabras de Bernanke, en que los gobiernos reconocen “que las consecuencias para la totalidad de la economía al permitir una quiebra desordenada superaría los costes de evitar esa caída”. Simplemente, porque como expone Volcker (2010) con su caída “impediría, de un modo irreparable, el funcionamiento del mercado y dañaría aún más a una economía en recesión”. Por tanto, en una entidad bancaria “demasiado grande o demasiado importante para caer” habrá una esperanza entre los agentes del mercado de que el gobierno hará lo que sea necesario para rescatar a esa institución de la quiebra ordinaria (Powell, 2013) .
De algún modo, esa percepción de que el estado siempre acudirá al rescate crea un “seguro de riesgo” efectivo (Noss y Sowerbutts, 2012) para el equipo directivo del banco ante eventos inesperados. Esta “garantía implícita” en los bancos más grandes representa una transferencia de recursos de un grupo de agentes, el gobierno y, en última instancia, los contribuyentes, al sector financiero. La distribución de los beneficios depende de la estructura competitiva subyacente de la industria bancaria, la escasez de sus recursos y la precisa naturaleza del cambio en los incentivos que el subsidio induce (Varian, 1992) . Pero, parece probable que los acreedores bancarios, los clientes, los trabajadores, la directiva y los accionistas, todos ellos se benefician de alguna manera, como señalan Noss y Sowerbutts (2012). Estos autores exponen que esta “garantía implícita” causa 3 tipos de distorsión en el mercado.
En primer lugar, los bancos que se benefician de ese tipo de “subsidio” virtual tienen una ventaja competitiva sobre aquellos que no la tienen. La percepción que tienen los acreedores, los tenedores de deuda, por ejemplo, de que el gobierno siempre intervendrá para protegerlos del riesgo de caída, reduce la compensación que demandarán para asumir el riesgo de estar invertidos en el banco, lo que reducirá los costes de financiación de dicha entidad financiera. De este modo, se permitiría que los “bancos con garantías” se expandieran a costa de los “bancos sin garantías”, Freixas y Rochet (2008) .
En segundo lugar, ese subsidio implícito puede incrementar el incentivo del banco a asumir riesgos, dado que la estrategia de estas entidades es la de maximizar sus beneficios. Así, la garantía implícita reduce la disciplina de mercado porque los inversores no valoran correctamente los riesgos que el banco asume, Alessandri y Haldane (2009) . Por ejemplo, un mayor ratio de apalancamiento se traduciría en una mayor actividad y un incremento de los ingresos que se privatizarían a favor de accionistas (vía dividendos), tenedores de deuda (vía pago de cupones) y equipo directivo (vía bonus). Todo ello a costa de que el banco asumiera un mayor volumen de préstamos con un capital menor con el que hacer frente a una hipotética escalada de la tasa de morosidad. De este modo, en caso de posible quiebra se entiende que el rescate gubernamental se activaría, con lo que las pérdidas se socializarían. Es por ello que se puede desarrollar un círculo nada virtuoso, cuando la existencia de una garantía implícita anima a los bancos a asumir más riesgos, elevando la probabilidad y los costes de resolver una posible quiebra bancaria. Así, el coste resultante para la sociedad de una crisis financiera, incluyendo la reducción en el PIB, podría exceder sobradamente el subsidio implícito.
Tercero, la garantía implícita de los bancos resulta en un aumento del tamaño del sector financiero en su conjunto. Esto detrae recursos de otros sectores, tanto económicos como humanos, conforme más servicios financieros se producen y consumen. Esto puede generar un problema en el largo plazo, ya que al impedir una asignación diferente de recursos otros sectores no alcanzarán una mayor desarrollo, por lo que en el caso de una crisis financiera, el impacto económico y social será mayor.
Por todo ello, y para evitar que los ciudadanos sigan pagando los rescates la única solución que se me antoja viable es una legislación muy clara al respecto y mucha firmeza para aplicarla por parte de los poderes públicos cuando llegue la hora, porque, no lo duden, llegará. Si estas dos condiciones se dan, el mercado y las entidades bancarias deberían de asumir real y completamente que en caso de ser necesario una gran entidad bancaria puede ser dejada caer. Un evento al que seguiría un proceso de resolución ordenada de la empresa. Todo ello, sin imponer costes indebidos a los contribuyentes, porque recuerden que en el caso concreto de España el FROB da por perdidos ya 36.000 millones de euros del rescate a la banca. Es decir, en mi opinión, el rescate debería ser totalmente interno (bail in) y no externo (bail out). Lo cual nos lleva a la conclusión final a la que llegó Alan Greenspan, ex Presidente de la Reserva Federal, los bancos no pueden ser regulados por sí mismos. Lo ha de hacer el sector público.
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