Funcionarios que fichan y se marchan
Medio centenar de funcionarios ficha en la Ciudad de Justicia y se va. El Consell implantó el control mediante huella, pero los trabajadores han encontrado la forma de burlarlo. El engaño está tan extendido que incluso se forman colas de coches.
RAMÓN FERRANDO
VALENCIA Los funcionarios más madrugadores entran por la puerta trasera de la Ciudad de la Justicia de Valencia a las 7.40 horas, pero pocos se quedan. Los empleados públicos paran el coche en la calle peatonal, saludan al vigilante de seguridad, pasan su dedo por el sistema de control de huella y se vuelven a montar en su vehículo. Algunos de los que acceden y salen incluso llevan a sus hijos dormidos y con el uniforme del colegio. Un ejemplo es el propietario de un Audi A4 de color oscuro que paró a las 7.45 horas y se fue un minuto después con varios escolares en los asientos traseros del coche, según pudo observar Levante-EMV. Entre las 7.43 y las 7.58 la situación se repitió diez veces y en algunos turismos —como en un Opel Astra de color plateado— iban dos trabajadores públicos.
El trasiego de funcionarios de paso se incrementa según avanza la hora. La Guardia Civil asume el control de la puerta trasera a las 8.00 horas, pero los trabajadores de la Conselleria de Justicia no tienen reparos en poner el dedo y marcharse. Algunos vuelven tras aparcar el coche unos minutos después, pero a otros no se les ve.
Hay trabajadores que incluso paran con bicicletas de alquiler de Valenbisi a pesar de que la estación de depósito más cercana está a trescientos metros. A las 8.30 horas una funcionaria llegó corriendo para fichar, pero no es porque tuviera prisa por trabajar ya que a los ocho segundos salió en busca de su coche. En ese momento ya había una cola de cinco vehículos en la calle peatonal de funcionarios preocupados por dejar su huella cuanto antes en la máquina de control biométrico. La situación se repite a diario y causa sonrojo a los trabajadores que sí cumplen con su jornada laboral.
La Conselleria de Justicia implantó el control biométrico en noviembre de 2006 para evitar el absentismo. Los jueces valencianos se quejaron de que algunos funcionarios trabajaban una media de veinte horas a la semana y Justicia desveló que el 25% estaba de baja.
El sistema de horarios de la Administración de Justicia está muy reglado. Los funcionarios de la Conselleria de Justicia, según recoge la resolución del calendario laboral, están obligados a trabajar treinta y siete horas y media semanales. La parte principal del horario, que la conselleria denomina tiempo fijo o estable, es de cinco horas y media, a realizar de lunes a viernes entre las 8.30 horas y las 14.30 horas. La parte flexible —que son las otras dos horas diarias que deben trabajar— se la pueden distribuir entre las 7.30 y las 9.00 horas, y entre las 14.00 y las 19.00 horas. La resolución del calendario laboral precisa que el incumplimiento «injustificado de la jornada» dará lugar a una reducción del sueldo.
La implantación del sistema de control generó un gran rechazo entre los funcionarios de la Conselleria de Justicia. José María Tomás y Tío, juez decano en 1995, ya instaló unos relojes con un sistema de verificación de horarios en los antiguos juzgados de Navarro Reverter. Sin embargo, las máquinas aparecieron destrozadas al día siguiente de su instalación y quedaron inutilizadas.
La Generalitat invirtió en el año 2005 un total de 87.208 euros en el sistema de control biométrico de la Ciudad de la Justicia, pero tardó dos años en poder ponerlo en funcionamiento por la resistencia de los funcionarios y los sindicatos. La conselleria instaló 15 terminales en la Ciudad de la Justicia —tres en la puerta trasera— y uno en la sede del Tribunal Superior de Justicia. El entonces secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, aventuró que se iba a poner fin a la «leyenda negra de que, en general, los funcionarios no trabajan o lo hacen menos». De Rosa se equivocó.
Un juez tuvo que avalar el sistema de control
Un juez de lo contencioso administrativo de Valencia avaló en 2007 el sistema de huella digital que implantó la Conselleria de Justicia para controlar a los funcionarios. El magistrado desestimó el recurso que interpusieron tres empleados públicos al considerar que no vulneraba ningún derecho. La Fiscalía también mantuvo que el dispositivo «no lesionaba la intimidad corporal ni la dignidad humana». El magistrado advirtió en el fallo de que el sistema era idóneo «para conseguir el objetivo propuesto, que es el de lograr un mayor nivel de eficacia en la Administración pública» mediante el control de las obligaciones que se «inician en el momento del puntual acceso a sus puestos de trabajo y en una estricta observancia de la jornada laboral.
Descontrol en el resto de sedes judiciales
La Conselleria de Justicia sólo ha podido implantar el sistema de control de horarios en los juzgados de las ciudades de Valencia, Castelló y Elx. En el resto de sedes prima el descontrol,según lamentó ayer un secretario judicial. La Generalitat pretendía verificar el cumplimiento del horario del resto mediante la introducción de una clave que activara el aviso de que el funcionario se encontraba en su puesto de trabajo. Sin embargo, el control mediante el ordenador no se utiliza.
La Conselleria de Justicia apostó por el sistema de escaneado de huella después de que lo utilizaran ayuntamientos como el de Alcoi, Vall d´Uixó, Ontinyent y Teulada. Los funcionarios tienen que detenerse unos segundos ante la máquina para introducir un código personal y, a continuación, colocar el dedo índice en una ranura cuyo sensor electrónico capta la huella digital. Cada trabajador tarda entre 5 y 6 segundos en fichar.
El programa permite controlar hasta 5.000 funcionarios, aunque en la Ciudad de la Justicia de Valencia trabajan 1.419, según confirmó ayer un portavoz de la conselleria. El sistema biométrico permite hasta tres huellas por empleado público para el caso de que alguno tenga heridas en uno de sus dedos, aunque lo normal es que fichen con el índice. Además, los funcionarios pueden consultar en la intranet su situación de cumplimiento de horario.
Hasta hace 7 años, la vigilancia de los horarios dependía del Ministerio de Justicia a través de los secretarios judiciales. La Generalitat asumió estas competencias en 2004 y desde entonces ha intentado con escaso éxito el control de los funcionarios.
