El Consejo de ministros ha aprobado un Real Decreto ley para reformar la Ley de 20 de noviembre de 2012 por la que se implantaban las tasas en la administración de justicia, tras las numerosas protestas planteadas por todos los protagonistas implicados, así como las recomendaciones expresadas por la Defensora del pueblo.
En resumen, se rebaja la cuota variable de la tasa que debe pagar una persona física del 0,5% del total de la cuantía de la demanda al 0,10%. El limite máximo, que antes estaba en 10.000 euros se reduce a 2.000 euros. La rebaja será de aplicación tanto en primera como en segunda instancia y se aplica también al orden social, donde la primera instancia para trabajadores y autónomos ya era gratuita y en la segunda, estos colectivos contaban con una exención del 60%.
En los recursos contencioso-administrativos contra resoluciones sancionadoras la tasa no podrá exceder de la mitad del importe de la multa.
El importe de las tasas en los procedimientos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual quedará fuera de la condena en costas, es decir, no se podrán cobrar al desahuciado o su avalista. Se modificará para ello la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Las reclamaciones por incumplimientos de laudos de consumo estarán exentas de tasa.
Los divorcios de mutuo acuerdo tampoco pagarán la tasa. Igualmente los iniciados por una parte con el consentimiento de la otra. Los procesos matrimoniales no exentos del abono de la tasa se considerarán como procedimientos de cuantía indeterminada a efectos de la determinación de la base imponible, de manera que el importe variable será de 18 euros.
El decreto ley también adelanta la entrada en vigor de algunos aspectos del Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, aumentando el número de beneficiarios, reconociendo como tales, con independencia de sus recursos, a las víctimas de la violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, menores y discapacitados psíquicos victimas de abusos o maltrato, así como a quienes a causa de un accidente sufran graves secuelas permanentes.
En resumen, un paso atrás del Gobierno, en un intento de evitar que el Tribunal Constitucional le “tumbase” su Ley de tasas.
Juan Carlos Burguera www.BurgueraAbogados
