En declaraciones a Antena 3, el economista José María Gay de Liébana, se ha referido a la significativa caída de la actividad económica en Barcelona, que se nota especialmente en los espectáculos y en la hotelería, que ya está sufriendo “un revés importantísimo“ debido no solo a cancelaciones inmediatas sino también a cancelaciones futuras, algunas de ellas de carácter anual. Todo ello tendrá un impacto en el empleo a corto plazo que puede verse agravado a medio plazo.
Ante la pregunta de una trabajadora de la planta de SEAT preocupada por la estabilidad de su empleo, el economista ha indicado que de momento no hay peligro. Pero el futuro dependerá del plan de inversiones de la matriz, el grupo Volkswagen, que podría paralizar las inversiones en Cataluña y desplazarlas a Navarra u otros lugares sin riesgo político.
Gay de Liébana ha afirmado que las empresas que ahora solo están trasladando su domicilio social, luego harán lo mismo con su domicilio fiscal, a lo que seguirá la centralización de sus actividades en otras partes de España. Según el economista, el volumen de activos de las empresas que ya han movido su sede social, entre ellas todas las que generan mayor empleo, alcanza unos 150.000 millones de euros. Esto implica que la mano de obra cualificada tendrá que estar preparada para emigrar a otras comunidades españolas.
El economista ha indicado que las empresas solo regresarían a Cataluña si hubiera una estabilización total y una seguridad absoluta de volver a la situación anterior. Sin embargo, una vez asentadas en comunidades donde hay mejores perspectivas de estabilidad van a sentirse cómodas, por lo que es difícil que hagan de nuevo el camino de vuelta. Estamos ante un daño irreparable, ha dicho.
En cuanto a las pensiones, ha empezado por afirmar que actualmente la comunidad autónoma gasta 23.000 millones de euros anuales en pensiones pero ingresa 18.000 millones de euros por cotizaciones sociales destinadas a la jubilación, un déficit que cubre el Estado en su conjunto. Si Cataluña fuera independiente, en principio estas pensiones deberían ser asumidas por el Estado español ya que están comprometidas. Sin embargo, en tanto que el sistema funciona por base de reparto, el Estado español carecería de los ingresos procedentes de las cotizaciones de los trabajadores residentes en Cataluña, por lo que en la práctica no podría pagarlas.
Las pensiones que se generaran a partir del momento de la independencia deberían ser asumidas por el nuevo Estado catalán pero con los parámetros actuales deberían sufrir una fuerte reducción debido al déficit del sistema.
